Alejandro Deustua
6 de enero de 2026
Para Lampadia
Si el presidente Trump hubiera dispuesto el uso de la fuerza para deponer a la dictadura venezolana la tarea habría sido compleja, costosa y criticada pero quizás habría logrado matizada aceptación entre la mayoría de los países democráticos de América Latina.
Al fin y al cabo el dictador ha reprimido y expulsado sistemáticamente a sus ciudadanos, destruido la economía de su país, desestabilizado y fragmentado a la región y establecido, con potencias extra-regionales, una cabeza de playa disruptora en el norte suramericano.
La realidad jurídica de la agresión habría sido mejor confrontada a la luz del agotamiento de los mecanismos diplomáticos y políticos para lograr una transición pacífica hacia la democracia.
Y si el 3 de enero ese presidente se hubiera limitado a la “extracción” del dictador imputado por Estados Unidos de agente del narcotráfico y del crimen organizado, la reacción global sustentada en la vulneración de la soberanía venezolana quizás habría menguado por las mismas razones (como ocurrió con Noriega).
Pero el presidente decidió añadir a la deposición de Maduro la descalificación de la oposición local y el anuncio del “control” del gobierno en Venezuela (cooperando con la remanente estructura dictatorial) y de la industria petrolera a través de grandes corporaciones. Exigencias de orden en Venezuela demandaban ambas decisiones, se dijo.
Ello estimuló la protesta de socios y aliados en la ONU a las que se sumó la más radical de sus adversarios. Es que la lucha contra el crimen organizado y la confrontación con un dictador en el área había devenido en disposición imperial.
Tal demostración de poder fue acompañada por amenazas directas al gobierno colombiano, advertencias circunstanciales a México y la reiteración de la disposición a anexar a Groenlandia, un territorio europeo. De golpe lo que queda del sistema hemisférico fue adicionalmente debilitado, la unidad de la OTAN fue nuevamente cuestionada y la conducta ofensiva de Rusia y China en Ucrania y Taiwán pareció legitimarse.
La opción expansionista de Trump se manifestó desde el día de su inauguración.
En esa ocasión anunció su voluntad de renombrar el Golfo de México y hacerse con el Canal de Panamá recurriendo al ejemplo de William MacKinley de finales del siglo XIX.
En el ámbito global la vocación hegemónica se expresó en políticas de predominio comercial.
Y, en relación al narcotráfico se procedió a denominar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras con especial referencia a los venezolanos Tren de Aragua y Cartel de los Soles sobre los que se aplicaría principalmente la ley norteamericana.
En agosto la versión geopolítica de ese objetivo hegemónico se arraigó en el Caribe con el mayor despliegue militar en el Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba (1962). Y en noviembre el propósito se clarificó con la publicación de la nueva Doctrina de Seguridad que relanzó la Doctrina Monroe destacando la primacía estadounidense en América, la necesidad de retraer la influencia extra-regional en el área y el comando norteamericano de la lucha contra crimen organizado en tanto principal amenaza regional.
Esta gran cambio estratégico en América obligaba a su discusión en el ámbito hemisférico como sostuvo contexto.org. Sin embargo, ni una reunión de consulta de cancilleres de la OEA fue convocada (el tema recién se discute hoy) ni la programada Cumbre de las Américas pudo realizarse en República Dominicana debido a “profundas divergencias” en las Américas.
En ese marco, el presidente Trump notificó a su Congreso la intención de designar al Perú como “aliado principal no miembro de la OTAN” (status que compartiría con Argentina, Brasil, Colombia y México). Pero, en apariencia, esa oportunidad tampoco fue aprovechada para esclarecer el escalamiento en el Caribe cuando su dimensión superaba de lejos su focalización en la destrucción de lanchas de narcotraficantes sugiriendo, más bien, otros objetivos: un cambio de régimen en Venezuela, atención prioritaria en Cuba, Nicaragua y Haití complementados por las amenazas ya referidas.
Dada las implicancias de la operación en Caracas es indispensable que los países democráticos del área planteen su preocupación por la ausencia de límites en la predisposición hegemónica norteamericana y, de manera más concreta, la necesidad de procurar el tránsito democrático en Venezuela con la participación de la oposición. Adicionalmente estos países deben establecer que la disposición de los recursos naturales de Venezuela no debe realizarse al margen de la voluntad de los venezolanos.
Una negativa norteamericana al respecto confirmaría la transformación de su capacidad hegemónica en baluarte imperial disociado funcionalmente de la organización occidental. Lampadia
