Jaime de Althaus
Para Lampadia
La elección de Gustavo Adrianzén como primer ministro responde al mismo cuadro de criterios con el que fue designado Alberto Otárola. Acaso su principal mérito ante los ojos de la presidente haya sido la defensa del gobierno ante la CIDH que realizó en la audiencia convocada para ver el tema de las muertes ocasionadas durante las movilizaciones insurreccionales de fines del 2022 e inicios del 2023.
Es decir, en última instancia, un abogado defensor, como lo había sido Alberto Otárola. Y como éste, Adrianzén también fue ministro de Ollanta Humala. Y ambos han sido abogados de Ollanta y de Nadine. Hay, entonces, una cierta continuidad. Hace falta comprobar, sin embargo, si posee las mismas cualidades de buen operador político que le permitía al ex premier manejar relaciones con el Congreso y otros actores, como las autoridades subnacionales y los empresarios.
Esto es importante porque la coincidencia de su juramentación con la aprobación de la bicameralidad y la reelección en el Congreso puede ser un buen augurio de que pasamos a una etapa menos centrada en los intereses particulares y en los descabezamientos institucionales y más centrada en la discusión y aprobación de las reformas políticas, judiciales y económicas que necesitamos para salir del pozo en que se encuentra la nación.
Solo en lo político, por ejemplo, hace falta complementar la bicameralidad con la creación de distritos uninominales para elegir diputados y con la posibilidad del financiamiento de las campañas por parte de empresas privadas para no dejar la cancha libre al financiamiento de origen ilegal, fuera de buscar una valla efectiva para reducir el número de candidaturas.
El cambio de presidente del consejo de ministros hay que verlo junto con el cambio de cuatro ministros que se dió hace pocas semanas. En conjunto, sumando al Canciller y a dos o tres ministros más, conforman un equipo renovado mucho más orientado a los cambios, medidas y decisiones que se necesitan para sacar al país del marasmo en que se encuentra y recuperar la confianza que se necesita para disparar nuevamente la inversión privada, indispensable para volver a crecer a tasas altas.
De eso se trata. El nuevo Premier puede aportar particularmente en el tema de seguridad. El defendió a los comandos Chavín de Huántar ante la CIDH y también al gobierno actual por los hechos ya mencionados. Podrá exigir entonces un plan serio de combate a la criminalidad organizada que asola las principales ciudades. Trujillo y Pataz son dos laboratorios en los que debe ponerse en marcha estrategias efectivas. En Trujillo el liderazgo del coronel Víctor Revoredo puede tener un impacto positivo, si recibe recursos y tecnología. Quizá el ministro de Justicia Eduardo Arana haya traído algunas claves de su viaje a El Salvador que sirvan para diseñar una estrategia. En Pataz no se conoce cuáles son los planes del comando militar al que se le ha encargado el control territorial.
Pero aquí se requiere, además de un plan con ideas claras, liderazgo político, que la señora presidente no ha estado hasta ahora en condiciones de proveer, y el ministro del Interior menos aún.
Entonces, o el gobierno busca un buen ministro del Interior, o el presidente del Consejo de ministros asume un rol de liderazgo en este tema. Se avanzó en devolverle algunas funciones de investigación a la policía, pero el Código Procesal Penal necesita más ajustes para flexibilizar el tiempo de la investigación policial y el nivel de pruebas que se requiere para que el juez determine una detención preliminar, sobre todo mientras no existan laboratorios de criminalística.
El Premier tiene que empujar esos cambios. Tampoco olvidemos que el rol de los gobernadores regionales y de los alcaldes es importante en este tema a través de los consejos de seguridad ciudadana. Se requiere una cruzada.
¡Es hora de pasar a una agenda de reformas! Lampadia
