Profesionales honestos y competentes no querrán entrar al servicio público
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La justicia no consiste solo en castigar al culpable. Consiste, con mayor razón aun, en no castigar al inocente. Y más aún cuando los inocentes son personas íntegras y probas. Es el caso de los economistas Alberto-Pascó Font y Sergio Bravo, quienes eran miembros del comité de Proinversión que otorgó la buena pro al proyecto de la interoceánica en el que Alejando Toledo cobró una coima de más de 30 millones de dólares.
Ha causado suma preocupación y alarma que estos señores hayan sido condenados a nueve años de cárcel por el colegiado del segundo juzgado penal. No solo por la injusticia cometida, sino porque revela lo peligroso que puede ser un Poder Judicial que es capaz de adjudicar conductas delictivas a personas reconocidamente intachables que han operado absolutamente dentro de la ley, y por el impacto que esto tendrá en la vocación de servicio público de muchos ciudadanos y, por lo tanto, en la calidad de los servicios públicos del Estado peruano.
Se les acusa y sentencia por haberse coludido con Odebrecht y con cuatro empresas nacionales para que se les adjudique a esas empresas los proyectos Interoceánica Sur Tramo 2 e Interoceánica Sur Tramo 3, defraudando patrimonialmente al Estado.
Pero resulta que ni el fiscal ni el colegiado consignan prueba alguna de tal colusión con el comité de adjudicación. No solo eso, como ha explicado el abogado Iván Meini, los pactos colusorios y perjuicios no se dieron ni con las bases ni con la firma del contrato de adjudicación, sino después, en la ejecución del contrato, con las adendas y con los arbitrajes. Es decir, cuando ya el comité había terminado su labor y dejado de existir.
Además, el propio Jorge Barata, representante de Odebrecht, reconoció, en tanto colaborador eficaz, que la actuación de los miembros del comité, Pascó-Font y Bravo Orellana fue escrupulosa, que fue más bien un estorbo para sus intereses y que no tuvo ningún pacto colusorio con los miembros del comité. Barata refiere claramente en su testimonio que se coludió con Toledo para las adendas y la ejecución, no con los miembros del Comité.
Con esta clase de sentencias, será cada vez más difícil que personas competentes y honestas ingresen al sector público, con lo que el Estado y los servicios públicos acentuarán su tendencia a la degradación y a ser penetrados cada vez más por incompetentes dedicados a la rapiña. Es muy grave.
No es casualidad que el mismo fiscal que acusó a estos profesionales sea quien inventó delitos a políticos y al ex presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño. Destruir la clase política y el aporte de la clase empresarial y profesional a la política y al Estado parecen estar en su agenda.
La reforma del Estado tiene que comenzar por la reforma del sistema judicial, que es la esencia del Estado de derecho. No se puede tener magistrados capaces de cometer esta clase de atropellos. El Perú no es viable sin justicia y sin seguridad jurídica. Lampadia
