Jaime de Althaus
Para Lampadia
Álvaro Vargas Llosa ha explicado en la República cuál sería la mejor garantía de que un gobierno de Keiko Fujimori no pretenda avasallar otros poderes del Estado: “¿Usted se imagina, con el nivel de resistencia contra el fujimorismo que hay en el Perú, lo que pasaría si se percibiera que ella está manipulando el Poder Judicial a su favor? Las calles se llenarían de manifestantes. Es una de las garantías. En los últimos 20 años, cada vez que la población ha percibido en el fujimorismo cualquier cosa que le disgustaba, protestaba y lo derrotaba. El nivel de vigilancia sobre una eventual administración de Keiko será enorme”.
Eso, en el supuesto de que Keiko Fujimori tuviera las mismas inclinaciones autoritarias que su padre, lo que, hemos argumentado, no es cierto. Ella formó un partido político, lo que su padre nunca hizo. La conducta de su bancada en el congreso disuelto fue repudiable, pero expresó hubris de poder, no designio autoritario. Por lo demás, su agrupación ha empezado a desarrollar los temas institucionales. En su Plan de Gobierno, Fuerza Popular incluye un capítulo sobre reforma judicial, relativamente bueno, aunque mejorable, y otro sobre reforma política, a nuestro juicio aun insuficiente. Tiene pendiente una propuesta completa de una democracia gobernable a partir de una revisión de la experiencia de los 90.
Se critica además que en esta campaña electoral la candidata haga propuestas redistributivas, como bonos y otras, en lugar de proponer reformas de fondo para tener buenos servicios. Este es un buen punto. Es cierto que la campaña enfatiza los programas redistributivos, porque se trata de captar votos precisamente. Algunas soluciones de fondo, sin embargo, se pueden encontrar en el plan de gobierno.
¿Son suficientes? Juzguémoslas a partir de lo que en realidad se requiere, que es repotenciar el modelo, lo que supone un cambio profundo del Estado para:
- aligerar el peso regulatorio sobre la actividad productiva –para volver a crecer a tasas altas y formalizar-,
- e introducir la meritocracia y modelos de gestión por metas y resultados, que permitan brindar servicios públicos eficientes.
En suma, una formalidad y un Estado inclusivos. ¿El plan de gobierno de Fuerza Popular está a la altura de ese desafío? En cuanto a lo primero, el plan contiene propuestas para podar la maraña normativa que asfixia la actividad, digitalizar el Estado, y realizar una reforma tributaria simplificadora que facilite la formalización y el crecimiento de las mypes, junto a un fuerte énfasis en programas de crédito y apoyo tecnológico para que incrementen su productividad y por esa vía también se formalicen. Pero no hay nada respecto a la urgencia de una paralela reforma laboral.
En cuanto a lo segundo, el Plan de Gobierno plantea la necesidad de implantar la meritocracia aunque sin señalar una hoja de ruta para esto, algo que se va a requerir luego de las leyes contrarias a ese objetivo aprobadas por el Congreso presente. También plantea una reforma del sistema de salud –que requeriría más detalle- y de la inversión pública, y políticas educativas.
No hay, sin embargo, una reflexión acerca de la necesidad de mejorar la gobernanza minera. La distribución directa a la población del 40% del canon minero va en esa dirección, pero esa propuesta debe ser complementada con una reformulación de la ejecución del restante 60% por medio de entidades ejecutoras eficaces, y con esquemas de autoridad estatal en las zonas mineras que coordinen las entidades públicas para el desarrollo y prevengan conflictos.
En resumen, el plan de gobierno de Fuerza Popular está bien orientado en general en lo que se refiere a la solución de los problemas de fondo del modelo de desarrollo y del Estado, pero le hace falta incorporar algunos temas y profundizar otros. Para eso un eventual gobierno de Keiko Fujimori deberá convocar a los mejores. Lampadia
