Mejorar la formación de mayorías y la calidad de las leyes
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Congreso tiene que aprovechar el reglamento de la bicameralidad que tiene que aprobar en la próxima legislatura para introducir disposiciones que equilibren el poder del Senado en el nuevo congreso bicameral y corrijan tendencias preocupantes tales como el incremento desmedido del gasto público, la aprobación de proyectos desprovistos de análisis técnico y de impacto regulatorio, y el fraccionamiento de las bancadas, entre otras. Es la oportunidad de modernizar la labor parlamentaria.
Como sabemos, la reforma constitucional de la bicameralidad le dio al Senado un poder especial porque, si bien no tiene iniciativa legislativa, recibe los proyectos de ley aprobados por Diputados y puede modificarlos a discreción sin que tengan que regresar a Diputados para conciliar, y los pasa directamente al Ejecutivo para su promulgación u observación.
Pues bien, como hace notar un análisis del Centro Wiñaq, esto se puede corregir en alguna medida estableciendo que cualquier modificación que efectúe el Senado tenga que ser aprobada por la mitad más uno del número legal de miembros o, mejor aún, con los 3/5. Eso es lo que debe introducirse en el Reglamento.
El Centro Wiñaq también hace notar que en el último proyecto de Reglamento (Juárez-Cavero) se ha eliminado un artículo que estaba en el anterior proyecto, el de Martha Moyano, que colocaba un candado a la creación de gasto público, estableciendo que las leyes no pueden contener propuestas de creación y aumento de gasto público. Esa disposición ya no está en el proyecto de Juárez-Cavero. Debería reintroducirse.
El proyecto de reglamento sí establece que la aprobación del presupuesto de la república requiere el voto favorable de las dos cámaras y en el caso de que el congreso no se ponga de acuerdo, se promulga la propuesta del ejecutivo. Eso está bien.
Pero sería importante y necesario para la salud económica del país crear en el reglamento una oficina de análisis económico y de impacto regulatorio a la cual se tenga que enviar todos los proyectos de ley antes de ser aprobados por las comisiones.
El Centro Wiñaq propone un órgano autónomo semejante al Congressional Budget Office[1] (CBO) de los EEUU, que realice la estimación del impacto fiscal y económico de las leyes aprobadas en Diputados. La CBO es una agencia federal de los Estados Unidos que proporciona análisis económicos y presupuestarios al Congreso. Su función principal es evaluar el impacto fiscal de las propuestas legislativas y proyectar las finanzas del gobierno federal.
El Centro Wiñaq propone además establecer un umbral de aprobación de 2/3 del número legal de miembros del Senado para destituir a directores del BCRP y elevar también el umbral de aprobación para las leyes que generen nuevos impuestos.
Lamentablemente en la reforma constitucional se estableció que la insistencia de las cámaras en proyectos de ley observados por el ejecutivo se aprueba solo con la mitad más uno del número legal. Debió ser los dos tercios, para que el presidente tenga realmente poder de veto.
De otro lado, es positiva la propuesta del Reglamento que limita el transfuguismo al establecer que quienes renuncien a una bancada sólo pueden acceder a un grupo mixto, con otros tránsfugas, ya no cambiar de bancada. Esto sirve para contener la mayor fragmentación parlamentaria.
En fin, esperemos que los congresistas tomen nota de estas recomendaciones y las introduzcan en la ley que apruebe el reglamento del Congreso, por el bien de la democracia y del país. Lampadia
[1] Oficina presupuestal del Congreso
