Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Mientras alcaldes, congresistas y políticos proponen alternativas equivocadas para enfrentar la creciente ola delincuencial, el Gobierno, el principal responsable de la seguridad ciudadana, pasa desapercibido y evade sus obligaciones.
Los congresistas tampoco hacen su trabajo.
El delincuente venezolano que asesinó a un sereno en Surco, había sido capturado hace un año por la Policía, según una versión. Una fiscal lo dejó en libertad inmediatamente a pesar de las evidencias en su contra. El criminal siguió haciendo de las suyas. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al crecimiento del delito: el nuevo Código Procesal Penal le quitó a la Policía la investigación preliminar y se la transfirió a los fiscales, que no saben investigar.
En el Congreso duermen desde hace años, dos proyectos de ley para restituir a la Policía la investigación preliminar -el atestado policial-, que fueron preparados por la propia PNP y presentados por Daniel Urresti cuando era congresista. Pero él no se preocupó por impulsarlos ni hizo campaña para que se aprueben.
En lugar de ratificar leyes inconducentes, como la de armar a los serenazgos con “armas no letales”, un paso más hacia la creación de dos mil policías municipales, el Congreso debería ayudar al combate contra la inseguridad convirtiendo en ley un proyecto que restituya la investigación preliminar a la PNP, lo que sí contribuiría a mejorar la seguridad y evitar que los delincuentes sean liberados después de capturados.
Otra de las constantes -y equivocadas- demandas cuando ocurren sucesos impactantes, es que las FFAA salgan a la calle a combatir la delincuencia. Además de distraer a las FFAA de sus funciones esenciales, es un desperdicio de recursos porque no sirve para lo que supuestamente se requiere. ¿Qué puede hacer un soldado con un fusil de asalto cuando un delincuente arrebata un celular y se da a la fuga? ¿Disparar una ráfaga en una calle transitada por civiles?
Como es obvio, las FFAA tampoco están capacitadas para realizar una de las funciones esenciales para el combate a la delincuencia, la investigación criminal, la labor de los detectives, que además de las pesquisas tienen que acumular las pruebas judiciales que permitan condenar a los delincuentes.
Por último, si el Gobierno hace que los militares se comporten como lo hicieron en Desaguadero, donde fueron impedidos de izar la bandera por un puñado de desadaptados, o el Ilave cuando una turba asesinó a seis soldados obligándolos a ingresar al río ¿creen que los delincuentes se van a sentir amedrentados por militares que actúan de esa manera?
Tampoco sirve invocar las lecciones de la exitosa lucha contra las pandillas en El Salvador que encabeza el presidente Nayib Bukele. Un gobierno débil y precario como el actual ni quiere ni puede hacer eso.
La responsabilidad de la lucha contra la delincuencia es del Gobierno, al que casi nadie le exige que haga su trabajo. Hay algunas cosas que se podrían hacer ahora para mejorar la seguridad de los ciudadanos: mejorar las comunicaciones, el patrullaje, el entrenamiento, etc. (Ver “La violencia se descontrola”, Expreso, 17/4/23). Hay que demandarle eso, en lugar de distraer la atención con propuestas que no solo no ayudan, sino que, de concretarse, empeorarían la situación. Lampadia
