Jaime de Althaus
Para Lampadia
La encuesta del IEP publicada ayer confirma el ascenso de Yonhy Lescano y coloca a Verónika Mendoza en segundo lugar, aunque prácticamente empatada con los tres que le siguen:
Si estas tendencias se confirman en la encuesta de Ipsos que debe salir el 14, es posible que una parte de quienes pensaban votar por Hernando de Soto u otros candidatos se inclinen al final por Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga (que ha tenido un crecimiento muy veloz) para evitar que la segunda vuelta quede copada por candidatos de izquierda.
Pero hay acá un error de percepción, porque lo que pasa es que muchos no ven a Lescano como un candidato de izquierda. Según esta encuesta, la intención de voto por el candidato de Acción Popular está igualmente distribuida entre quienes se identifican a sí mismos como de izquierda, centro y derecha. Más claro aún, resulta que Lescano recibe una intención de voto proporcionalmente más alta en el sector AB que en C y D/E.
La marca de Acción Popular, asociada al centro político, disfraza el izquierdismo de Lescano. En el sector AB Lescano es conocido como defensor de los consumidores, pero es probable que aún no se conozca la verdadera naturaleza de sus propuestas. Cuando ello ocurra, podría perder votos en el AB (y también en los demás niveles) y entre los que en esta encuesta se auto califican como de derecha. Esos votos podrían ir a López Aliaga –que, además, tiene techo para crecer en sectores populares, aunque su extracción social no le ayude- o a Keiko Fujimori.
De hecho, las contradicciones entre el discurso del candidato presidencial (y el propio plan de gobierno) y el discurso de algunos candidatos al Congreso ya ha aparecido.
- Lescano propone nueva Constitución cambiando el capítulo económico, por ejemplo, para que los recursos mineros extraídos no sean de las empresas mineras sino del Estado. Es decir, la nacionalización a la boliviana de los recursos naturales, el modelo Evo Morales[1] (lo que, por supuesto, alejará toda inversión minera, como ha ocurrido con el gas en Bolivia).
- Y también que el BCR ponga controles o topes a las tasas de interés de los bancos.
- El plan de gobierno, por su parte, propone “desglobalizar la economía”, una suerte de retorno al proteccionismo de los 70, entre otras medidas.
Pero la candidata al congreso María del Carmen Alva, sobrina de Javier Alva Orlandini, aclaró el sábado en El Comercio[2] que probablemente no haya consenso en la bancada para una nueva constitución y que si bien se requiere modificar la parte política, el capítulo económico no se va a modificar. Agrega, “nosotros estamos de acuerdo con la economía social de mercado, esto no se va a modificar… Y el rol subsidiario del Estado, tampoco”.
El candidato Pedro Morales también ha remarcado que AP cree en el rol subsidiario del Estado y en una economía social de mercado, de modo que no debe cambiarse el capítulo económico de la Constitución.
En cuanto a la nacionalización a la boliviana de la minería, Alva señaló claramente que “esta es una idea debatible, y se verá en el próximo Congreso si tiene consenso. Acción Popular está a favor de la inversión minera, … Nosotros queremos una minería responsable, … Acción Popular no va a presentar ninguna norma que desaliente la inversión privada, de ninguna manera… Acción Popular es un partido de centro, que cree en la inversión privada y extranjera, …”.
Precisó también que “Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera…, sino que así como existe Osinergmin y Osiptel, que son reguladores, ver la posibilidad de crear un regulador autónomo del Minsa…, que vea la calidad de las medicinas que se compran y que los precios no se disparen”.
Aquí hay una confusión que sí es común tanto a Lescano como a muchos de sus candidatos. Morales, por ejemplo, sostiene que “la educación, vivienda, salud, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada”. Pero hacer empresa en educación, vivienda y salud es bueno, no es malo. Ayuda a ampliar y mejorar los servicios. Y no puede haber empresa sin utilidades. Las utilidades no son malas. Son el motor de la inversión. No se puede creer en la economía de mercado y en el principio de subsidiariedad, y proscribir la inversión privada de esos sectores. Es una contradicción. Y la manera de asegurar que no haya precios excesivos, es la competencia.
Más bien quien es muy malo dando esos servicios, es el Estado. Allí está el problema, no en el sector privado. Lo que debe plantearse es una reforma profunda de los servicios públicos, introduciéndoles precisamente elementos de gestión empresarial, meritocracia y gestión por resultados, lo que implicará enfrentarse a grupos de interés enquistados. Lampadia
