Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Una de las razones del aumento de la criminalidad en el Perú es la llegada masiva de delincuentes extranjeros, sobre todo venezolanos, que son muy violentos.
Si bien la mayoría de migrantes que han tenido que huir de su país por el absoluto fracaso del socialismo del siglo XXI –que ha provocado el mayor éxodo en la historia de Sud América-, es gente trabajadora que quiere sobrevivir, un porcentaje son delincuentes.
En este momento se calcula que hay, aproximadamente, un millón y medio de venezolanos en el Perú.
Si el 5% son delincuentes, serían 75,000. (En la Policía Nacional algunos oficiales calculan que son el doble de esa cifra).
Si solo el 2% se dedican a actividades delictivas, serían 30,000. En cualquier caso, son cifras muy altas para el país.
Pero el problema más que cuantitativo es cualitativo. La violencia de la delincuencia en Venezuela es brutal, otra de las consecuencias del comunismo del siglo XXI que se instauró en ese desgraciado país.
En 2017, cuando empezó la huida masiva de venezolanos, el índice de homicidios en Venezuela alcanzó un pico de 89 por cien mil habitantes, uno de los más altos del mundo. (Bard, IA de Google).
Y desde esa fecha precisamente ha ido disminuyendo cada año:
2018, 81.4;
2019, 60.3;
2020, 45.6;
2021, 42.2;
2022, 40.4.
No es coincidencia. No es que haya habido una política anti delincuencia exitosa bajo la dictadura chavista. La disminución a menos de la mitad de la tasa de homicidios en cinco años se explica principalmente porque han exportado una enorme cantidad de criminales violentos. Y muchos de ellos están en el Perú.
Delitos como el secuestro, que había sido reducido a su mínima expresión, están volviendo a proliferar. Las extorsiones se han expandido exponencialmente.
La llegada de malhechores extranjeros no es lo único que explica el incremento de la delincuencia. El otro factor relevante es el desastre ocasionado por los últimos gobiernos en materia de seguridad, relacionado con la casi permanente crisis política.
El gobierno de Francisco Sagasti maltrató ignominiosamente a la Policía Nacional responsabilizándola falsa y arteramente de la muerte de dos delincuentes juveniles en los disturbios que le permitieron asaltar el poder. Y luego despidió ilegalmente a los primeros 17 generales del escalafón para poner como jefe a un inútil, cuyo único mérito era ser el engreído de la mafia caviar.
Con Pedro Castillo las cosas fueron peor. No tenían la menor idea de cómo enfrentar la inseguridad –ni les importaba-y el Ministerio del Interior se convirtió en botín de la caterva de delincuentes que se apoderó del gobierno, con compra de ascensos y toda clase de pillerías. Siete ministros y cinco comandos policiales fueron el legado del peor gobierno del siglo.
Con Dina Boluarte las cosas no han mejorado mucho. Tres ministros del Interior hasta ahora, maltrato a la PNP y ninguna política de seguridad ciudadana.
Uno de los problemas que dificulta –o a veces impide- combatir la delincuencia son las algaradas provocadas por los secuaces de Castillo. En esos momentos, la mayoría de policías disponibles se dedican al control de disturbios y muchos otros están en reserva en previsión de nuevos desmanes.
Y a veces frecuentes operativos que son exhibidos con orgullo: más de mil policías para desalojar ambulantes que permanecerán ahí para mantenerlos a raya; cientos de policías para incautar locales de Alas Peruanas; etc. etc. ¿De dónde creen que salen esos policías? ¿Qué tareas dejan de cumplir para efectuar esas otras?
En síntesis, el aumento de la delincuencia se explica, en parte, por la llegada de miles de criminales venezolanos, muchos de ellos muy violentos; y también por el fracaso y absoluto desinterés de los últimos gobiernos para aplicar una política eficaz de seguridad.
Lampadia
