El Club de la OCDE

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hace unos días se ha publicitado el hecho que, el 7 de junio, el Presidente del Consejo de Ministros, acompañado por la Canciller y el Ministro de Economía y Finanzas, habían presentado a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el memorándum del Perú, con la información relevante para iniciar el proceso de revisión de los diferentes aspectos que, como país debemos cumplir, para ser invitados a nuestra incorporación como miembros de la OCDE.

Es importante indicar que la OCDE es un organismo creado, fundamentalmente, para coordinar políticas económicas y sociales, intercambiar información y armonizar políticas, con el objetivo de maximizar nuestro crecimiento económico y colaborar en nuestro desarrollo. A la fecha, cuenta con 38 países miembros, que representan el 42.8% del PBI global, y todos comprometidos con los principios de liberalización y no discriminación. El requisito principal es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.

Dentro de las características de los países miembros se considera, ser países democráticos y con economías de mercado abiertas. Además, deben tener medidas, instrumentos e instituciones normativos. Igualmente, deben tener como preceptos fundamentales la transparencia, la lucha contra la corrupción, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad, metas y medios de una política normativa. De facto, cuatro quintos de los países miembros tienen una política normativa explícita.

Por otro lado, 50% de los miembros aplica el Análisis de Impacto de su Legislación (AIL). Tienen como norma fundamental, que “el diseño de una regulación de alta calidad no podrá mejorar el bienestar de la población, si no se garantiza a la vez la eficacia de su aplicación”. Igualmente, contempla que “la naturaleza y las funciones de los organismos de supervisión de la regulación, son elementos institucionales esenciales para determinar los resultados de una política normativa”. Y finalmente, se considera que “para instaurar una política normativa y mantenerla, es necesario contar con una amplia base en favor de la reforma”. Ciertamente, son básicos: (i) la preservación de la libertad individual. (ii) la preservación de los valores democráticos. (iii) el Estado de derecho y los DDHH. Y (iv) una economía de mercado abierta y transparente.

El proceso contempla las revisiones técnicas que permitan asegurar:

Voluntad y capacidad del Perú para implementar instrumentos jurídicos.
Que el Perú cumpla con las mejores políticas y prácticas de la OCDE.
Que cumplamos completamente con los requisitos de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales y marco jurídico para combatirlo a nivel nacional.
Marco jurídico de protección a los denunciantes.
En cuanto a gobernanza, garantizar la separación efectiva del gobierno como propietario de empresas, respecto a otras funciones del Estado, a fin de que no influya.
Garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten empresas estatales con privadas, evitando distorsiones.
Garantizar que los regímenes de pensiones de capitalización y privados estén bien diseñados, sean inclusivos y con una regulación sólida.
Eliminar doble tributación internacional, luchar contra los delitos fiscales y mantener una clara aplicación de la regulación tributaria.

Con lo descrito hasta aquí, ya tenemos material más que suficiente para demostrar que el Perú no tiene vocación de cumplir con algunos lineamientos básicos, así:

En estos momentos el congreso está dando pasos firmes para nacionalizar los lotes petroleros cuyos contratos están venciendo y entregárselos a Petroperu, sin atender a las reglas de mercado establecidas. Aquí el Estado está mezclando claramente su rol de propietario de empresas, con sus funciones de Estado.
En estos momentos y desde hace varios años, el Estado está debilitando y poniendo en riesgo la estructura, la normativa y los propios fondos de capitalización y fondos privados de pensiones.
Ni el ejecutivo, ni el congreso, están actuando para controlar la minería ilegal y el daño ambiental producido por los lavaderos de oro.
Además de nuestra dramática historia en la construcción de infraestructura de las dos últimas décadas, en estos dos últimos años hemos llegado al clímax de la corrupción.

Durante los últimos veinte años, y cada vez con mayor desparpajo, el Estado está cambiando, de manera inopinada, los criterios y forma de aplicación de las normas tributarias, con el claro objetivo de aumentar la carga tributaria a las empresas formales. Esto claramente genera una inestabilidad para las inversiones, y afecta el clima de una economía de mercado abierta.

Hay ciertos estándares económicos y sociales mínimos que cumplir para ser miembros de OCDE, donde se encuentran las principales economías del mundo.

En esta línea, baste apreciar algunos:

36% de peruanos no tiene conexión de agua potable (12 millones de habitantes).
45% no tiene conexión de desagüe (16.5 millones de peruanos).
Nuestro PIB per cápita es de US$13,700 (15% menor que el más pequeño en OCDE).
El Índice de desigualdad está entre los 7 peores, antes de la pandemia.
Al 2019, nos encontrábamos entre los 5 países con índices de Estados Frágiles, antes del golpe de Castillo y el cambio de 6 presidentes en 5 años. Debemos actualizar ese dato.
Nuestro Índice de Estado de Derecho se coloca al 2020, entre los 3 peores.
Nuestra percepción de corrupción al 2019 (ahora es peor), sólo se comparaba a la de México, el peor de OCDE.
Felizmente al 2019, la percepción de libertad del Perú, nos colocaría en el puesto 28 de los 38.
El indicador de Paz, sin tomar en cuenta los actos de violencia producidos durante los últimos dos años, nos compara con los 5 peores, y lo mismo nos ocurre con el índice de libertad de prensa y el de democracia.

Me parece, que lo primero que deberíamos identificar es, si hay consenso entre los actores políticos para incorporarnos a la OCDE. Si ese es el caso y realmente tenemos convicción, debemos plantearnos las líneas matrices para alcanzar el objetivo, pues no se trata de hacer que la burocracia llene papeles y que algunos funcionarios de la burocracia dorada se la pasen viajando y residiendo en París, para hacer tareas inconducentes. El ejecutivo y el congreso deberían actuar para cumplir los objetivos.

Cabe pues la pregunta reiterativa. ¿Es en serio o me están jodiendo? Lampadia