Alejandro Deustua
Contexto.org
17 de marzo de 2026
Para Lampadia
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha iniciado su gestión instalando un “gobierno de emergencia”, prometiendo una “nueva era” ligada a la solución de una crisis interna y guardando silencio sobre su política exterior y sobre la compleja situación global que condicionará su gestión.
Sin embargo, una de sus primeras acciones de gobierno consistió en iniciar el cierre de la frontera norte para impedir el tránsito de la migración ilegal y de agentes del crimen organizado.
Esta prioridad corresponde a la percepción chilena de que la crisis de seguridad interna tiene origen externo. La coordinación elemental con el Perú que esa situación requiere será discutida en el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras liderado por las cancillerías con el propósito de promover “una migración segura y ordenada”.
Esa tarea será loable en la medida en que la “vigilancia conjunta de la frontera, el intercambio de información y el uso de más medios electrónicos para detectar cruces irregulares” (RE) se lleve a cabo respetando el interés convergente en un espacio territorial cuya sensibilidad natural se incrementará con la aplicación del plan “Escudo Fronterizo”. Éste requiere de obras de infraestructura en territorio chileno (zanjas profundas, muros de altitud considerable) donde su administración y resguardo estará a cargo de la Fuerza Armada del vecino.
La coordinación con el Perú (que debe también fortalecer el conjunto de sus espacios vecinales) deberá ser aún más intensa si se tiene en cuenta que, a la luz de nuestra historia bilateral, la práctica de los ejércitos de emplazarse a una prudente y acordada distancia de la línea fronteriza deba ser estrictamente respetada.
Si bien la iniciativa chilena fue anunciada por el presidente Kast durante la campaña electoral, hubiera sido deseable que, en su discurso inaugural, hiciera alguna mención a la cooperación vecinal requerida. Especialmente si sus demandas de orden se inspiran en patriarcas geopolíticos del siglo XIX.
En un escenario internacional en el que la problemática de seguridad global se complica, la confianza se debilita y la fricción interestatal se incrementa los requerimientos de cooperación deben socializarse y reforzarse donde sea posible.
Especialmente cuando la periodicidad de conflictos internacionales y de shocks económicos se acorta y hoy, en el Medio Oriente, la escalada de la guerra asimétrica genera otra crisis energética de muy serio impacto en la economía global.
Presumir al respecto que los países suramericanos están protegidos por la distancia de los centros de conflicto o que las variables que lo determinan pueden aislarse, como en los modelos económicos, para atender problemas locales puede ser extraordinariamente imprudente.
En efecto, si en el marco de la crisis energética el FMI estima que el incremento de un 10% del precio del petróleo implica el aumento de 40 puntos básicos de inflación y afecta en 0.1/0.2% el PBI globales, el Perú y Chile, que son importadores de petróleo, ciertamente no pueden aislarse de ese impacto. Menos si el precio del hidrocarburo se ha incrementado cerca de 40%. Esta problemática y sus requerimientos de cooperación ciertamente hubiera requerido mención en un discurso presidencial.
Especialmente si el plan económico chileno, que se propone recortar un alto déficit estructural (3.6%) y de gasto (4.5% de incremento) y promover el crecimiento (hoy de apenas 2%), requiere de cierta estabilidad.
Es más, si el mercado principal de las exportaciones de Perú y Chile (China) es seriamente afectado por la crisis, ¿no era posible plantear en el discurso presidencial la mitigación parcial de ese impacto incrementando la interacción económica intrarregional y, por tanto, la peruano-chilena?
Ello incluiría, por ejemplo, la acción conjunta de los importadores suramericanos de petróleo frente a los exportadores del área (Brasil, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Estados Unidos y Canadá) para la compra de crudo y refinados.
Por lo demás, si los países suramericanos no tienen capacidad de influir en el rumbo del conflicto que genera la crisis, algo pueden hacer al respecto en el escenario multilateral. Teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad ha condenado el ataque iraní a los países del Golfo Pérsico, la coordinación diplomática entre Perú y Chile en ese foro a favor de ese tipo de resoluciones brinda una oportunidad que no debe ser desaprovechada. Especialmente si Chile decide mantener la postulación de Michele Bachelet a la Secretaría General de la ONU y si el Perú tiene con los países del Golfo relaciones importantes (el caso de Emiratos Árabes Unidos, atacado por Irán).
De otro lado, si el Perú y Chile recusan el terrorismo y son suscriptores de los tratados de no proliferación nuclear, no parece razonable que frente a este tipo de amenazas no puedan actuar al respecto. Y, si ambos países desean atajar la migración irregular y combatir el crimen organizado en el marco hemisférico, no existe razón para el silencio discursivo cuando un Jefe de Estado asume el mando.
Lampadia
