Alejandro Deustua
Contexto.org
26 de mayo de 2029
Para Lampadia
Medio año después de que el presidente Rodrigo Paz asumiera el gobierno de Bolivia con el propósito de recuperar a un país manipulado y en quiebra, el gestor del desastre, el inhabilitado Evo Morales, ha dado un ultimátum: o el presidente convoca a nuevas elecciones en 90 días o el gobierno será responsable de un baño de sangre.
Al respecto, Morales impulsa también un par de arietes medievales:
El bloqueo general de caminos que fractura la economía y el cerco de La Paz y de El Alto por turbas “masistas” que impiden el suministro de alimentos y medicinas a la capital administrativa de Bolivia.
Puede que ese hecho criminal no se enmarque en el delito de genocidio como sugiere el ex -candidato Jorge Quiroga, pero la pretensión de someter a la población de un principal centro urbano para coactar al gobierno legítimo puede ser un delito de lesa humanidad.
La gravedad de las circunstancias ha impulsado al Perú, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos han enviar a La Paz asistencia humanitaria o facilitar transporte aéreo para trasladarla.
Al cabo, el presidente Paz ha recibido también respaldo político en el seno de la OEA y de los países que integran el denominado “Escudo de las Américas” (además de los mencionados: Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Paraguay). Éstos han expresado preocupación colectiva por la situación humanitaria en Bolivia y han rechazado “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad” del gobierno elegido en 2025.
Pero la hostilidad “masista” es sólo parte del movimiento contra Paz. La otra está integrada por la Central Obrera Boliviana, uno de los más tradicionales sindicatos bolivianos y por sectores de la población con reclamos legítimos desnaturalizados por los conductores de la protesta. Tal parece que el MAS (3.8% en la última elección) y la COB (debilitada por pugnas sindicales durante el gobierno de Morales) han descubierto la oportunidad regresiva que devuelva a Bolivia a su reciente pasado nativista y confrontacional a costa de profundizar la insolvencia económica e institucional bolivianas.
Ésta se asienta en un escenario recesivo (el FMI pronosticó una contracción de -3.3% para este año que sigue al retroceso de -2.5% del 2025) con una inflación anual de 20.7%. Antes que el “capitalismo para todos” de Paz la estanflación parece ser el panorama boliviano que el MAS desea profundizar.
Como lo haría con la deuda total boliviana que equivale al 95% del PBI (con intenso sesgo interno indicando el dispendio distributivo de Morales) mientras la deuda externa bordea el 25% del PBI.
En un marco de insuficiencia de divisas (a fines del 2025 las reservas sumaban apenas US$ 3.7 mil millones reducidas hoy en -4.6%) de las cuales 93% están en oro restringiendo la liquidez.
De otro lado, Bolivia no ha logrado aún un crédito de US$ 3,300 millones del FMI (las negociaciones de estabilización financiera fueron originalmente negadas) aunque sí se ha logrado con la CAF uno equivalente con propósitos de desarrollo.
A esta inestable situación financiera se agregó el desabastecimiento de combustibles que el gobierno del MAS produjo sacrificando la inversión y favoreciendo la subvención. La YPFB y el contrabando agravaron el problema luego de que una parte de las importaciones de emergencia fuera adulterada exacerbando el ánimo de los transportistas. A ello se sumaron protestas por el intento de incrementar la escala de la producción agrícola eliminando una disposición que favorecía el minifundio. La movilización del campesinado fue la respuesta.
Por lo demás, la inversión extranjera no concurre a Bolivia pese a la eliminación de trabas y de facilitación del retorno de capitales liberados de impuestos. Las protestas por la eliminación del impuesto a las grandes fortunas (finalmente no aprobadas por el Congreso) y el incremento el riesgo país por la inseguridad local han inhibido la inversión privada nacional.
Y a pesar de que el gasto se ha reducido en 20% y se ha eliminado cuatro ministerios, el déficit fiscal ha caído sólo de 12% a 9% del PBI. Quizás la inhibición de privatizar 67 empresas públicas deficitarias (sólo se procedería con 14) ha influido en la lenta gradualidad descendiente de ese desequilibrio. Por lo demás, el gobierno ha incrementado en 20% el salario mínimo y ha programado pequeños subsidios a familias y estudiantes para compensar el moderado ajuste.
Todo ello se ha realizado en un marco de “emergencia económica y social” que se ha prolongado. La prudencia del presidente Paz, que no ha recurrido a la represión e impulsa el diálogo, contrasta extraordinariamente con la virulencia de la dirigencia sediciosa.
La solidaridad del Perú con el gobierno democrático de Paz debe incrementarse. Una forma de hacerlo es impidiendo que los movimientos trasnacionales que trasiegan el Altiplano alteren nuestro proceso electoral.
Lampadia
