Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Empiezo compartiendo que no soy abogado, ni pretendo serlo, sino un simple ciudadano curioso de nuestra situación política y observador de la aplicación de nuestra legislación. Por eso, quiero plantearle a nuestra comunidad de abogados y jurisconsultos, penalistas y constitucionalistas, un tema de reflexión y análisis, para ver si con su ayuda podemos salir de esta grave crisis.
Nuestra Constitución, en su artículo 128, dice respecto a la responsabilidad de los ministros:
“Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan”
Y continúa diciendo:
“Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.”
Hoy contamos con una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación, que cuenta con información suficiente y debidamente corroborada, respecto a los actos de la Organización Criminal encabezada por el Presidente de la República. Un gran y muy valiente paso dado por la señora Fiscal de la Nación y su equipo, que no puede ni debe quedar “ahí no más”.
Como quiera que la Constitución le franquea inmunidad al presidente, con las excepciones consagradas en el artículo 117 de ésta, la comunidad jurídica se está enfrascando en la discusión político-legal, de si se le podría acusar por alguna otra vía, o si, en todo caso, se le pueda suspender temporalmente. Entre tanto, hay opiniones diversas respecto a si procede o no, una investigación preparatoria para una acusación fiscal en regla.
En mi humilde opinión, si la investigación preliminar ha resultado sólida y bastante documentada, aunque no se pueda acusar al Presidente de la República por las limitaciones antes mencionadas, es obvio que una investigación preparatoria en forma, es absolutamente necesaria, procedente y oportuna. Caso contrario, no quedarían suficientemente claros y demostrados los delitos cometidos por el presidente.
Si no seguimos estos pasos, las responsabilidades solidarias de los ministros por los actos delictivos del presidente, a que se refiere el artículo 128, serían letra muerta. La lectura integral de las normas constitucionales y las leyes a que están sujetos el presidente y los ministros, los obliga de inmediato a asumir las responsabilidades de tales delitos, a menos que renuncien tan pronto toman conocimiento de los delitos cometidos por el presidente.
Encuentro que, esta es la vía que el poder constituyente usó, para evitar hablar directamente de posibles actos delictivos del presidente y de las repercusiones para su investidura. No obstante, sí contemplo la generación del vacío de poder que alcanzaría al presidente, ante tales comportamientos delictivos.
Lo anterior quiere decir que, ante tales actos, el Presidente de la República se tendría que quedar sin ministros, por renuncias o por sentencias judiciales, al asumir las responsabilidades penales inherentes al presidente. Por esta razón, según el artículo 120 de la constitución, no podría actuar, puesto que, sin refrendo ministerial, sus actos son nulos. En esa misma línea, no habría Consejo de Ministros.
Es evidente que, según nuestra Constitución, un presidente sin gabinete, no hace gobierno.
Invito pues a los analistas políticos y a los abogados constitucionalistas y penalistas, a hacer una evaluación y pronunciamiento respecto de este escenario:
- Si efectivamente, ante la compra delictiva de la voluntad de algunos congresistas, tenemos un bloqueo en el parlamento para llegar a la vacancia presidencial.
- Si la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación, respecto de la existencia de una organización criminal dirigida por el presidente, es tan contundente y corroborada.
- Si tal investigación ha dado lugar a una denuncia constitucional.
- Si para llegar al punto de la acusación constitucional, hace falta una investigación preparatoria que no se podrá ejecutar, sino hasta el 2026.
Entonces, con todo el proceso debidamente ejecutado y la evidencia de los actos delictivos del presidente, el Poder Judicial sí debería acusar y sentenciar a toda la organización encaramada en el Consejo de Ministros y traer abajo un régimen que está destruyendo a nuestra Patria.
Creo que debemos salir de la caja, dejar de mirar sólo el árbol y ver todo el bosque. Lampadia
