Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
El día 17 de agosto de 2022, se publicó en El Peruano la Ley 31564, pomposamente titulada, “Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público”. Todo hace pensar que esa ley pasó inadvertida, pero es importante poner los reflectores sobre ella, pues no hará más que contribuir a la destrucción de las capacidades técnicas del aparato público.
Básicamente los sectores de la producción e infraestructura, tales como: industria, pesca, agricultura, ganadería, minería, electricidad, hidrocarburos, transportes, comunicaciones, vivienda e infraestructura sanitaria (agua potable y saneamiento) y muchos más, entre los que acompañan a los temas transversales, como medio ambiente, salud y educación, son actividades que requieren experiencia técnica de campo y “horas de vuelo” para estar en condiciones de normarlas, supervisarlas y regularlas.
La ley aprobada parte de un profundo error, el cual es que, quienes han trabajado en el sector privado, pasan al sector público para beneficiar a las empresas donde trabajaron anteriormente y, a contramano, quienes salen del sector público, contratados en el sector privado, lo hacen para llevarse “secretos de Estado” e información privilegiada, en beneficio de sus nuevos contratantes, orientados a perjudicar al Estado peruano.
Es razonable que un profesional que trabaja en una empresa privada, no se incorpore a una entidad del sector público que la viene supervisando, regulando o tenga algún litigio pendiente, para intervenir en el mismo caso, pero ahora participando desde el lado sector público. Obviamente esos casos deben ser restringidos, pero lo que no se puede pretender es restringir, a rajatabla, la movilidad de personal altamente calificado, del sector privado al sector público.
El mercado de buenos profesionales en los sectores antes mencionados, ya es, de por sí, bastante reducido y el sector público tiene necesidad de nutrirse de profesionales jóvenes, altamente calificados, pero con experiencia de campo. No se puede pretender que profesionales jóvenes, hagan sólo una carrera pública, sin mayores experiencias en el ámbito de su profesión, entiéndase: fábricas, plantas pesqueras, minas, constructoras de infraestructura y edificaciones, plantas de generación eléctrica, líneas de transmisión y subestaciones, por mencionar sólo algunos casos, para que puedan convertirse en reguladores, supervisores u otro cargo de autoridad, sin tener ninguna experiencia. Recordemos si no cómo en el 2014, cuando se encargó a OSINERGMIN la supervisión de los inicios de la construcción de la Nueva Refinería de Talara, esta entidad no contaba con un ingeniero petroquímico con conocimientos y experiencia suficiente para ese trabajo. ¿Cómo puede el Estado, en esa situación, cerrarse el acceso a profesionales del sector privado experimentados?
Ya hemos tenido, especialmente en este gobierno, ministros, viceministros, directores generales o directores de ministerio y de entidades supervisoras y reguladoras, que no han pasado por la experiencia previa de cierto nivel ejecutivo, de responsabilidad y con capacidad de decisión. Lamentablemente, esta gente se convierte en obstáculos de una gestión que requiere, ahora más que nunca: conocimiento especializado, calidad de análisis, criterio profesional y experiencia en contacto con el mundo real, técnico y profesional modernos.
Ciertamente, se ha convertido en una costumbre entre estudiantes y profesionales jóvenes que acceden a un cargo en el sector público, nutrir su CV con un cúmulo de certificados por asistencia a charlas o cursillos de un par de días, que si bien ayudan a los jóvenes, no son el tipo de calificaciones que la entidad más grande de nuestro país, el Estado peruano, requiere para conducir sus destinos y las entidades públicas, empresas u organismos reguladores y supervisores y, mucho menos si pretendemos que desde estas entidades, se elabore e impulse normas legales que afectarán a toda la actividad económica existente y por crearse.
Salvo algunos núcleos de excelencia conocidos, tales como: BCRP, SBS y la Cancillería, muy pocas instituciones podrían arrogarse el derecho de proclamarse como tales. Profesionales de las mejores universidades del mundo y que hayan desarrollado experiencia profesional en organizaciones que actúan con tecnología de punta y que puedan desplegarla en el aparato del Estado, no podrían ser reclutados, ni sus experiencias podrían ser aprovechadas en nuestro beneficio.
Entiendo perfectamente las buenas intenciones del legislador, pero me parece que ha equivocado completamente el esquema regulatorio. No se puede, ni se debe, partir de una duda generalizada respecto a la idoneidad de los profesionales. No es correcto pretender que los profesionales del sector público o del sector privado, pasan de un lado a otro con intereses y actitud delictiva. Quién sabe, las experiencias recientes nos están llevando a estos extremos.
Ya es suficientemente reducida la oferta de profesionales de alta calidad, como para poner unas barreras de acceso generalizadas, en lugar de manejar estos temas imponiendo las restricciones, caso por caso. De lo contrario, nos va a salir más cara la lavada que la camisa.
Estamos pues, como el cangrejo. Lampadia
