Jaime de Althaus
Para Lampadia
El gobierno ha aprovechado muy bien el lamentable audio en el que se escucha a Cesar Acuña dando instrucciones a su bancada y a la propia presidenta del Congreso, Lady Camones, para que se apruebe una ley que debe beneficiarlo en su campaña electoral a la gobernación regional de La Libertad. Es como si hubiese ordenado espiar la reunión para difundirla.
Se ha cuestionado la continuidad de Lady Camones en la presidencia del Congreso luego del audio, pero lo que causa gracia son los argumentos que han desplegado el Premier y los ministros para denunciar y atacar las conversaciones internas de la bancada de APP.
Pretender que la fuente de la incertidumbre política que ahuyenta o inhibe la inversión privada son los planes presuntamente ilegales de esa bancada para aprobar una ley, o la permanencia de Lady Camones en la presidencia del Congreso es, por decir lo menos, cómico. Todo el mundo sabe cuál es la fuente de la inestabilidad política e institucional que está dañando cualquier posibilidad de inversión y futuro en el Perú.
Parece que el gobierno se ha olvidado que la principal ofensa al país es colocar como ministros a personajes que no saben nada de la cartera que les toca y cuya única misión es favorecer en puestos y obras a los amigos y familiares del presidente, para devolverles acaso con creces los aportes de campaña. Y que los constantes cambios de ministros y otros funcionarios, que arruinan cualquier continuidad en las políticas y los programas y frenan los proyectos y las decisiones de inversión públicas y privadas, son consecuencia de las denuncias de esos actos de latrocinio y favorecimiento que se descubren con aterradora frecuencia.
Es muy cínico llenarse la boca de un discurso moralizador contra el Congreso enrostrándole estar guiado por intereses particulares en lugar del interés común, cuando lo único que se advierte en varios ministerios es el despliegue descarado de los intereses particulares de los allegados al gobierno para favorecerse con obras y otros beneficios, en perjuicio de cualquier atisbo de política pública.
La destitución arbitraria y dictatorial de mandos de la Policía Nacional solo para colocar a oficiales adictos que frenen las investigaciones de los presuntos delitos cometidos por personas del entorno presidencial, y que eventualmente pudieran espiar, como podría haber ocurrido en este caso, a la oposición, supera todos los límites posibles.
El país no puede continuar así. Tenemos que apresurar la vacancia, y avanzar en la aprobación de la bicameralidad y otras reformas. Lampadia
