Jaime de Althaus
Para Lampadia
El equipo especial contra la corrupción de la fiscalía se ha convertido en un centro de violación de derechos humanos.
Un reciente artículo de Ricardo Uceda en El Comercio reseña con mucha precisión los abusos cometidos contra Pedro Pablo Kuczynski. “Las investigaciones están por cumplir seis años. No es posible saber cuándo se producirá un juicio oral, por defectos atribuibles al Ministerio Público. Lo que va quedando claro es que el imputado fue víctima de abusos inaceptables en un Estado de derecho. El pasado 22 de mayo, el juez Jorge Chávez Tamariz anuló la acusación penal que pedía 35 años de cárcel. Encontró violación del debido proceso”, “afectación del derecho a la defensa”.
Pese a sus enfermedades y su edad, PPK fue, primero, enviado a una cárcel común. Luego se le impuso detención domiciliaria por 36 meses, sin poder declarar a la prensa ni tener reuniones en su casa, ni comunicarse con su chofer y su secretaria, con quienes ¡conformaba una “organización criminal”! Tuvieron que pasar 3 años para que la Corte Suprema anulara este abuso por un caso que delataba conflicto de intereses y en el peor de los casos tráfico de influencias, pero de ninguna manera lavado de activos. No solo eso. También sufrió el embargo de sus dos casas, una de las cuales terminó siendo saqueada y destruida. Para no hablar de los abusos cometidos contra su chofer y su secretaria, absolutamente inocentes.
Los casos de violaciones de los derechos humanos de los imputados se multiplican. Recientemente la Fiscalía solicitó al Poder Judicial ampliar por 3 años más investigación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Esas investigaciones están por cumplir 6 años, y no tienen cuando terminar. Ellos también fueron objeto de prisión preventiva durante casi un año por algo que en ese momento no era delito: donaciones de campaña. Por supuesto, el partido nacionalista ya no existe.
Que es el mismo caso de Keiko Fujimori, con el agravante de que ella ni siquiera ha sido funcionaria pública. Fue imputada también por algo que no era delito, detenida en dos ocasiones por casi dos años hasta que el Tribunal Constitucional ordenara el cese del abuso.
Pero quedó para siempre estigmatizada como corrupta pese a que nunca ha manejado dineros del Estado. El daño a su imagen y a su partido ha sido irreparable.
En el caso “Cocteles” José Domingo Pérez (JDP) ha acusado a más de 50 personas, en muchos casos -como el de Ricardo Briceño que ya hemos reseñado en otro artículo-, cometiendo arbitrariedades y abusos inauditos, alterando por completo la realidad y anulando el derecho a la defensa.
Por supuesto, el juez que admite estas irregularidades también tiene responsabilidad.
El delito de “lavado de activos” se ha convertido en el potro de tortura. En el arma preferida de la persecución política y de la alucinada conversión de los partidos políticos en “organizaciones criminales”.
En una nueva ola de entusiasmo persecutorio, el inefable JDP ha ampliado la investigación contra Keiko Fujimori y otros dirigentes acusándolos ahora de lavado de activos con los dineros captados de empresarios para “la campaña del fraude”. “Todo ello demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad, pues… se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo…”.
Es, como vemos, una acusación puramente política, plagada de juicios de valor sobre las acciones políticas de estos actores. Se les atribuye intenciones perversas. Pero más alucinante aun es el argumento usado por JDP para sustentar que donaciones de empresarios para esta supuesta campaña configuran lavado de activos pese a que no tienen origen ilícito:
“El dinero se ensucia o se macula por la conducta, no por su origen. El dinero de fuente prohibida una vez que llega al partido político, se convierte en ilícita, de modo que, su posterior movimiento puede configurarse el delito de lavado de activos…”. (Peru21)
Esto es ya teología del lavado de activos. Por lo demás, no tiene nada que ver con Odebrecht, que es para lo cual tiene mandato el equipo especial. Otro exceso.
En su euforia flamígera, también ha abierto investigación contra Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Hernán Garrido Lecca, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén, Cesar Zumaeta, Franklin Santiago Chávez y Luis Antonio Gasco, por los 300 mil dólares que supuestamente Luis Alva Castro recibió de Odebrecht para su campaña al Congreso el 2006. Algo que, nuevamente, no era delito.
Este señor no va a parar hasta destruir lo poco que queda de la clase política peruana, violando no solo los derechos políticos sino los derechos humanos fundamentales de las personas como la libertad, la propiedad, el honor y el debido proceso. Es un peligro público. El Ministerio Público tiene que retirarlo. Lampadia
