La apresurada denuncia constitucional no contiene pruebas
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ha llamado la atención la celeridad con la que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha investigado y formulado denuncia constitucional contra la presidente Dina Boluarte, imputándole el delito de cohecho pasivo impropio.
En buena cuenta, haber recibido 3 Rolex, un par de aretes, argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, todo a cambio de firmar 5 decretos supremos, un decreto de urgencia y una ley que contenían transferencias presupuestales en favor del gobierno regional de Ayacucho y de muchos otros gobiernos regionales.
Tengo la hipótesis de que la presidente Dina Boluarte ha sido víctima del fuego cruzado entre bandos de esta guerra institucional en marcha, y esta acusación prematura podría ser parte de una campaña para generar un clima de opinión pública que demande la vacancia presidencial. Porque, como sabemos, la presidente no puede ser acusada durante su mandato por ningún delito distinto a los señalados en el artículo 117 de la Constitución.
Y es claro que la denuncia del Fiscal de la Nación no se ha tomado el trabajo ni el tiempo para demostrar la relación de causalidad entre las prendas donadas o prestadas por Oscorima y las transferencias presupuestales dispuestas. Es decir, para probar que la inclusión de esos montos obedece a los regalos recibidos. Porque bien podría no haber relación alguna. En primer lugar, el responsable de las transferencias es el ministro de Economía, no la presidenta. En segundo lugar, entre los siete instrumentos legales hay una ley, que es dada por el Congreso, no por la presidente. En tercer lugar, en esos decretos el gobierno regional de Ayacucho es uno de los tantos gobiernos regionales y hasta locales que reciben transferencias presupuestales para gran cantidad de proyectos, algunos en montos superiores al de Ayacucho. Tranquilamente las transferencias son las que usualmente se dan de los ministerios a los gobiernos regionales. Son transferencias regulares.
Aquí ha habido, entonces, claramente un apresuramiento sospechoso. Quizá incluso quiso adelantarse al resultado de la demanda competencial que el Ejecutivo había anunciado que haría para determinar si la Fiscalía de la Nación puede investigar al primer mandatario considerando el artículo 117, o si puede formular, como ha hecho, denuncia constitucional antes de que el presidente termine su mandato, considerando que en buena cuenta la denuncia constitucional es un eufemismo de acusación.
Planteamos la hipótesis, entonces, de que esta denuncia podría formar parte de una estrategia de origen político dirigida a forzar la vacancia por incapacidad moral permanente. O lo que Aníbal Quiroga llama un “golpe de baja intensidad”. Porque no es la única actuación que apunta en ese sentido.
El allanamiento de la vivienda de la presidente Boluarte puede ser leída como una operación mediática destinada a golpear la imagen de la mandataria.
Lo mismo con la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, que fue tan notoria como claramente excesiva, al punto que el Poder Judicial la revocó.
Para no hablar de los «agentes encubiertos» Harvey Colchado y el exministro Carlos Morán, muy vinculados a la órbita de Gustavo Gorriti. Como se sabe, Morán es incluso colaborador de IDL Reporteros.
No estamos diciendo que no existen indicios de que la presidente haya cometido el delito de cohecho. Pero debe ofrecerse un mínimo de pruebas para lanzar algo tan fuerte y desestabilizador como una denuncia constitucional, que en buena cuenta es una acusación. Vivimos en la precariedad institucional absoluta, en la impredictibilidad suma. Así no es posible avanzar.
Dina Boluarte es lo que heredamos del gobierno fallido de Castillo. Ella tiene limitaciones y sin duda vanidades, pero tiene que cumplir un periodo constitucional y su gabinete es mucho mejor que los de Castillo.
Hay ministros serios que están tratando de llevar adelante una agenda, pero es imposible en medio del ataque desmesurado a la figura presidencial.
Un mínimo de responsabilidad es lo que hay que exigir. Lampadia
