Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
El frágil gobierno de Dina a Boluarte ha quedado más debilitado en los últimos días a consecuencia de sus infelices declaraciones y sus constantes errores.
Como respuesta al infame informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sostiene falsamente que en el Perú hubo “ejecuciones extrajudiciales” y “masacre” contra los “manifestantes pacíficos”, Boluarte reiteró lo que han hecho ella y el PCM Alberto Otárola en otras oportunidades: eludir su responsabilidad y poner en la picota a los militares y policías que enfrentaron a las turbas violentas, recuperaron el orden y salvaron a Boluarte y Otárola del derrocamiento y la cárcel, que era lo que pretendían los partidarios de Pedro Castillo.
Con ese comportamiento cobarde, dejan a los militares y policías a merced de comunistas y caviares, que tienen una enorme influencia no solo en organismos internacionales, sino en el sistema judicial y los medios de comunicación peruanos. Ellos no van a cejar en su campaña persecutoria porque, como es obvio, les interesa debilitar y someter a las fuerzas del orden que son un obstáculo decisivo para su propósito de hacerse del poder.
Esto último se acaba de demostrar en el fracaso del golpe de Estado que intentó el delincuente recluido en la Diroes.
Si las fuerzas del orden lo hubieran apoyado de nada habría servido el rechazo del Congreso, el Tribunal Constitucional, etc.- y la derrota de las asonadas que promovieron los socialistas del siglo XXI desde el 7 de diciembre.
Después de esa nueva felonía de Boluarte en sus declaraciones a “El Comercio” el domingo 7, es lógico que entre militares y policías se propague el desánimo. Los envían a enfrentar las turbas violentas, muchas veces sin el equipamiento y la preparación adecuada, con órdenes contradictorias –por decir lo menos-, y luego les atribuyen la responsabilidad de lo que, evidentemente, iba a ocurrir.
Porque los comunistas siempre buscan esas consecuencias: enfrentamientos sangrientos, muertos y heridos, destrucción de instalaciones, para luego victimizarse y acusar al Gobierno –a este y a cualquier otro que no sea de ellos- de represivo y asesino, para alentar nuevos disturbios e instigar el odio y el resentimiento.
La ridícula excusa de Boluarte, ella no tiene comando, ha sido refutada, por ejemplo, por los altos mandos del Ejército en retiro en un pronunciamiento. Pero esa necedad queda desmentida por hechos tan evidentes como que ella ordenó, públicamente, a los policías no usar escopetas con perdigones de goma, una de las pocas armas que tiene la PNP para enfrentar a turbas violentas, sin necesidad de recurrir a fusiles o pistolas.
Es decir, Boluarte públicamente intervino hasta en asuntos específicamente operativos (para empeorar las cosas, por cierto) que no son de su competencia. No puede, pues, pretender evadir su evidente responsabilidad. Y en lugar de asumirla, con coraje y dignidad, como corresponde, trata de escabullirse deslealmente.
De nada le sirve, por supuesto, porque comunistas y caviares la van a perseguir hasta el último día de su vida. Y si se hacen otra vez del Gobierno, su suerte está echada.
Es poco probable que la reunión que tuvo el lunes 8 en Palacio con los altos mandos militares haya disipado los justificados recelos. Peor aún, ante los anuncios de nuevas algaradas.
Por último, Boluarte sigue empeorando la mediocre calidad de su Gobierno, con ministros de la catadura de Daniel Maurate y otros funcionarios similares que, sin duda, desmejoran la gestión y van reforzando la imagen de una camarilla de sinvergüenzas aupados en el poder.
De esta manera, van reduciéndose las probabilidades de que Boluarte dure los más de tres años que faltan para completar el período. Lampadia
