Jaime de Althaus
Para Lampadia
Transparencia ha invitado la semana pasada a un acuerdo nacional. Semanas atrás Juan de la Puente había señalado la necesidad de un acuerdo nacional en un artículo en La República. Luego el propio Presidente Vizcarra anunció que durante lo que llamó “la segunda fase”, entre mayo y diciembre, tendría que haber un diálogo nacional para buscar consensos en temas fundamentales, que luego se plasmaría, en una “tercera fase”, a partir de enero del próximo año, en cambios o reformas estructurales.
Tanto Transparencia como de la Puente sugieren que se trataría un nuevo Acuerdo Nacional, luego de que el anterior, de inicios de los 2000, ya se habría agotado. Y apuntan, como vehículo, a la misma institucionalidad y estructura del anterior.
Discrepo de esa aproximación. El Acuerdo Nacional vigente fue un esfuerzo loable e interesante de diálogo y precisión de políticas y metas, pero consistió en esencia un acuerdo en aquello en lo que todos estábamos de acuerdo. Su expresión máxima fue el objetivo de que el gasto público en educación alcanzara un 6% del PBI. Era imposible no estar de acuerdo con eso, de la misma manera como ha sido imposible alcanzar la meta. En ese sentido, terminó siendo un esfuerzo valioso, pero inútil, aunque algunas de sus políticas hayan servido de referencia sectorial.
A mi juicio, es un error ingresar por temas y más aún por gran cantidad de temas. Debemos ingresar por problemas. Y pocos. Identificar dos o tres grandes problemas y llegar a un acuerdo acerca de cómo resolverlos. Esta crisis, como lo señala el comunicado de Transparencia, los ha puesto claramente de manifiesto: la informalidad, que impide distribuir eficazmente bonos y acatar la cuarentena, y la precariedad de los servicios de salud, y de los servicios públicos en general, que impide responder a la pandemia.
En realidad, se trata de dos dimensiones de un solo gran problema, y lo mencionó Rolando Ames en la conferencia de prensa de Transparencia: la incorporación de todos los peruanos: incorporación a la ley, al Estado legal (formalización), y a servicios públicos de calidad (universalización).
¿Qué hacer para lograr esa incorporación? Esa debe ser la agenda de Acuerdo nacional. Mucho más transcendental que diseñar 30 o más políticas sectoriales o nacionales. Si nos ponemos de acuerdo en cómo resolver ese gran problema, que es el problema histórico de la nación, todo lo demás cae por su propio peso.
Y más difícil, por supuesto, porque es allí donde las posiciones e intereses difieren, y donde, por lo tanto, se requiere precisamente llegar a un acuerdo. No es fácil, porque con frecuencia las posiciones, revestidas de ideología, reflejan intereses económicos o de poder inmediatos, egoístas y circunscritos al muy corto plazo, que nublan una reflexión que ponga esas relaciones en un marco mayor que a la larga resulte más beneficioso para todos.
Es la eterna pugna entre lo inmediato y el futuro. Ese es el acuerdo nacional que necesitamos, si queremos resolver las fallas estructurales de nuestra sociedad y nuestro Estado. Lampadia
