Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
El gobierno de los EEUU ha prohibido la venta de armas y municiones de uso civil al Perú. El motivo -según se ha informado- es que han encontrado una carabina calibre .223 vendida legalmente en el Perú y contrabandeada luego al Ecuador, en manos de los sicarios que asesinaron al candidato Fernando Villavicencio. La responsabilidad es del Ministerio del Interior del Perú y la Sucamec, y los perjudicados son los ciudadanos honestos que respetan la ley.
Desde hace tiempo las autoridades saben que hay un tráfico ilegal de armas y municiones del Perú a Ecuador. Y no hacen nada para detenerlo.
También es conocido que, por ejemplo, los mineros ilegales de la serranía de La Libertad, adquieren armas y municiones del mercado legal para usarlas armando bandas de delincuentes que los protejan y/o ataquen a otros grupos.
Por supuesto, eso también hacen narcotraficantes y mineros ilegales de otros lugares del país. Y todo ocurre ante las narices del Ministerio del Interior y de su organismo encargado del control de armas, la Sucamec.
Es precisamente la Sucamec la que informó, la semana pasada, a un grupo de representantes de armerías locales, algunos hechos escandalosos.
Por ejemplo, que un individuo que responde al nombre de Aljemiro Sobrado Meza, adquirió treintaicuatro carabinas calibre .223 y 24 pistolas de 9 milímetros. (La carabina .223 denominada AR 15, es la versión civil del fusil de asalto M16, arma de reglamento del ejército norteamericano hasta hace algunos años).
El asunto es ¿cómo pudo comprar ese sujeto treintaicuatro carabinas calibre .223 y 24 pistolas de 9 milímetros? Muy sencillo. La Sucamec del Ministerio del Interior lo autorizaron.
Nadie le preguntó cuando adquirió la segunda carabina para que la necesitaba, si ya tenía una. Ni cuando compró la tercera y la cuarta… Sospechosamente lo permitieron. Esas carabinas las usan los deportistas o los cazadores, pero obviamente nadie adquiere tantas. Lo mismo con las pistolas.
Cualquier ciudadano honesto que ha comprado un arma conoce las dificultades que hay que afrontar en la Sucamec, la demora en los trámites, los requisitos a veces no contemplados en las normas vigentes que exigen para obtener o renovar una licencia.
Pero Aljemiro Sobrado no tuvo problemas para obtener expeditivamente autorización de Sucamec para más de medio centenar de armas. U otro individuo que responde al nombre de Rudy Fernández Delgado, que compró treintaisiete carabinas .223 y treintaiuna pistolas de 9 mm, sesentaiocho armas.
¿Incompetencia? ¿Corrupción? ¿Ambas?
En municiones ocurre algo similar.
Un sujeto compró ciento cuatro mil municiones, otro individuo cien mil quinientas. Y así. Una de las armerías que venden sin obstáculos esta cantidad descomunal de municiones es Hunting Glick, según Sucamec, ubicada en Tumbes, donde florece el contrabando hacia Ecuador.
Todas las armerías están obligadas a reportar a Sucamec la venta de municiones: a quién se la venden, cuantas, el número de licencia y el DNI de la persona, etc. Si un individuo compra miles de municiones y no es un campeón olímpico que practica todos los días, si no se sabe dónde las dispara (solo se puede practicar en lugares autorizados por Sucamec, un club de tiro, una armería con galería de tiro), es obvio que las está traficando.
Si el Ministerio del Interior y la Sucamec hicieran correctamente su trabajo, sería imposible que delincuentes adquieran impunemente decenas de armas y miles de municiones para traficarlas. Pero no lo hacen.
Esos individuos no deberían haber obtenido la autorización de Sucamec para esas compras evidentemente delictivas, y hoy deberían estar presos, al igual que las armerías que, evidentemente, a sabiendas, les proporcionaron armas y municiones. Ya deberían estar clausuradas y los responsables procesados.
Pero la genial “solución” que se les ha ocurrido a los responsables de ese desastre, a los funcionarios de Sucamec, Ministerio del Interior y Gobierno, es tratar de prohibir las armas y municiones a los ciudadanos honestos. Para eso han pedido facultades delegadas al Congreso, de tal manera que ellos podrán modificar la ley vigente a su antojo. Es decir, los culpables serán los que redacten las nuevas normas.
Como es obvio, el problema no reside en modificar la ley sino sencillamente aplicarla. Si eso se hubiera hecho, los delincuentes no hubieran podido traficar armas y municiones. Pero como suele ocurrir en el Perú, el Estado carga la culpa y las consecuencias a los ciudadanos honestos que, si prospera el desatino del Gobierno, no podrán adquirir armas o municiones para defensa, caza, deporte o colección. De hecho, por la prohibición de los EEUU, ya están seriamente perjudicados.
En síntesis, el Gobierno, el Mininter y la Sucamec tienen que explicar lo que ha sucedido y asumir su responsabilidad. Y el Congreso negarle las facultades delegadas (si quiere el Gobierno modificaciones que las presente como proyecto para que se discuta) y fiscalizar lo ocurrido, que está teniendo tan graves consecuencias. Lampadia
