Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Veo con suma preocupación, cómo un grupo de congresistas impulsados por mineros informales/ilegales, están incentivando una nueva legislación relativa a las concesiones, su tiempo de vigencia y el costo de las mismas.
Repetiré lo que hemos comentado muchas veces, los cerros no son de cristal y, por lo tanto, nadie puede asegurar a priori:
- Si hay mineralización;
- Si los contenidos minerales (leyes) son adecuados;
- Si es un yacimiento de vetas, adonde están estas, qué orientación tienen;
- Cuánto profundizan, con qué inclinación, si tienen continuidad o se interrumpen, desaparecen o cambian de rumbo.
Para poder conocer eso, hay todo un trabajo de exploración y desarrollo del depósito. Es más, los geólogos afirman que los depósitos de vetas no se pueden dimensionar a priori y, por eso, la labor de exploración es permanente, durante la vida de la mina.
Estos procesos de exploración, hasta el descubrimiento de un recurso mineral, son largos y muy costosos, además de muy riesgosos.
Si se encuentra indicadores que generen un interés geológico en el área, no queda más que prepararse para un largo período de labores de estudio, mapeo, muestreo, análisis de laboratorio, pruebas metalúrgicas, sondajes diamantinos y laboreo minero, que permitan acceso a más información. En el proceso, se va verificando las características geomecánicas del yacimiento, para tratar de definir cuál podría ser el método de explotación más adecuado, así como, evaluar el comportamiento metalúrgico del mineral, para determinar la forma de tratarlo y optimizar su recuperación.
Paralelamente y desde el inicio, se debe tener acercamiento y negociación permanente con las comunidades, negociar y comprar los terrenos superficiales o una servidumbre, para poder explorar y posteriormente explotar el subsuelo.
Sólo si realmente se identifican volúmenes y leyes, así como una adecuada respuesta metalúrgica que permita plantear una operación económica, se podrá programar una inversión de otras dimensiones, para iniciar una operación de explotación.
Simultáneamente, se preparan los estudios de impacto ambiental (EIA), el Estado debe de hacer la consulta previa, mientras que la empresa debe hacer talleres informativos a las comunidades y población local. Sólo en el nivel burocrático se requieren cerca de 265 diferentes permisos que, a su vez, demandan muchos años de estudio, documentación, trámites y levantamiento de observaciones que muchas veces son absurdas.
Sólo el trabajo geológico toma normalmente más de una década, pues no se trata de ver afloramientos y meterles dinamita, tal como hacen los mineros a pequeña escala. Tratándose de un recurso que es propiedad de la nación (esto es, de todos los peruanos), el Estado está obligado a impulsar que tales recursos brinden el máximo valor a la sociedad. Esto es, optimizar la escala de producción, maximizar utilidades, pues, vía la recaudación tributaria, todos somos propietarios de cerca del 50% de tales utilidades.
Quienes plantean reducir el plazo de vigencia de las concesiones, dejan claro que no tienen la menor idea de las bajas probabilidades de un hallazgo geológico, del tiempo y costo que el esfuerzo exploratorio toma. Los invito, si no, a revisar los plazos requeridos para sacar adelante los últimos proyectos construidos o en proceso de construcción. Cuando menos dos décadas y en algunos casos mucho más. ¿Cómo se les ocurre plantear plazos límite de cinco años para hacer prescribir una concesión?
El Perú, independientemente de las 52.4 millones ha (hectáreas) declaradas como restringidas y las 18.9 millones ya concesionadas, tiene 57.2 millones ha en estado de libre denunciabilidad.
¿Por qué no inician los “mineros informales” sus exploraciones en esas grandes extensiones?
Fácil, porque ellos quieren su “cerro de cristal”. Esto significa, que no quieren incurrir en los riesgos, ni en los costos de la exploración y, claro, para que eso ocurra, se quieren apropiar del esfuerzo y de toda la inversión en que incurrió el concesionario legal.
No sólo eso, quieren también apropiarse de la información recogida al entrar a las labores mineras construidas y extraer directamente el mineral a la vista, tal como viene ocurriendo en Pataz.
Es lamentable que, congresistas, de buena fe, pero que no conocen de la actividad, estén apoyando a los ilegales.
No me sorprende nada del presidente del congreso, quien asesoró a esos mineros ilegales, ni de muchos congresistas pagados por estos para defender su causa.
Preocupa sí, que el ministerio de energía y minas, esté dando margen al juego de la ilegalidad, como también preocupa que algunos políticos populistas, estén en este juego con la idea de ganar votos en las próximas elecciones.
La legislación minera, desarrollada por técnicos, en base a los cimientos fijados por el código de minería de 1950, se desarrolló con los siguientes criterios:
- Reconocer que el recurso mineral es propiedad de la nación (de todos los peruanos).
- Que el Estado los otorga en concesión a quien pueda maximizar el valor del recurso.
- Que el concesionario debe proteger los derechos humanos y laborales del trabajador.
- Que el concesionario es responsable de proteger el medio ambiente.
- Que la tributación es el medio para redistribuir la riqueza a todos los ciudadanos.
- Que el respeto a la institucionalidad es la base del contrato social Estado-concesionario.
Lamentablemente, se está pretendiendo quebrar las bases de este contrato social, con lo que estaríamos estableciendo “la ley de la selva” y, como los cerros no son de cristal, nadie estará dispuesto a invertir en explorar y desarrollar nuevos yacimientos. Lampadia
