Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Tras 23 años de iniciado el proceso de formalización minera, con cambios de denominación e incorporación del REINFO, con “plazos perentorios”, hemos llegado a una ampliación más de su plazo de vigencia.
Era evidente, hasta para un niño (no del descartado partido AP), que cuando en diciembre 2024 el congreso amplió por ley su vigencia por 6 meses, con posibilidad de prorrogarse por Decreto Supremo por 6 meses más (hasta diciembre 2025); que ningún político iba a tener la entereza, ni la seriedad, de dar por culminado el proceso, en medio de una campaña electoral.
Excepción hecha de la congresista Diana Gonzales, la única que se enfrentó a todos, enseñándole a muchos “hombres”, lo que es ser consecuentes con sus votos y argumentos.
Es innegable que estamos frente a un problema complejo. Pero no es posible que hayamos llegado al punto de tener a una banda de delincuentes, acompañados de corruptos, capaces de legislar en contra de los principios de legalidad universales, a cambio de algunas monedas o de la posibilidad de ser reelegidos en el proceso 2026.
Cuando tratamos de encontrar explicaciones de, cómo es que llegamos a este punto, podemos observar varias cosas:
- El precio de los metales, especialmente oro, cobre y plata, está rompiendo récords históricos, lo que impulsa la explotación furtiva y sin responsabilidades penales ni comerciales de quienes la ejecutan, con desmedro del medio ambiente y la seguridad.
- Hemos hecho una pésima regionalización, además de multiplicar el número de municipalidades; sin ser conscientes de que, carecemos de gente suficiente, con calidades morales y profesionales, como para cubrir tanto cargo público.
- Hemos minimizado las exigencias de legalidad y moralidad, para ser candidato a algún cargo político por elección.
- Hemos transferido recursos económicos y responsabilidades políticas y administrativas, a gente sin principios ni capacidad profesional.
- Hemos impulsado la dispersión de la autoridad, facilitando así la actividad política corrupta; al punto que se puede verificar que la autoridad regional encubre el quebrantamiento de la ley, a espaldas de OEFA, OSINERGMIN y Direcciones de Formalización y de Asuntos Ambientales del MINEM.
- La autoridad no hace respetar la propiedad minera, otorgada vía concesiones.
Por las razones mencionadas, en la práctica y más allá de enunciados:
- Al sector minero formal no lo ampara la autoridad, a pesar de la ley, frente a invasiones y extracción de los minerales producto de su esfuerzo exploratorio; veamos no más, los casos de Tambo Grande, Las Bambas y recientemente Conga.
- Los informales/ilegales con REINFO, gozan de una impunidad y una protección ante la policía, la fiscalía y el poder judicial, que ninguna persona natural o jurídica formal podría lograr.
- Muchos congresistas y autoridades regionales y municipales, fomentan y respaldan, con su silencio, el delito y las economías delictivas.
Ante este crecimiento de la minería ilegal, sólo queda:
- Adecuar la legislación, para que se pueda emprender actividad minera en tiempos y con costos razonables, sin la amenaza de caducidad de las concesiones.
- Promulgar prontamente una ley para la Minería a Pequeña Escala (MAPE).
- Que el Estado exija el cumplimiento irrestricto de la ley, mientras brinda el apoyo para que puedan legalizar su propiedad minera.
- Incentivar la prospección minera en los más de 56 millones de hectáreas de libre denunciabilidad.
- Brindar a las MAPE apoyo legal y técnico, para el adecuado cumplimiento de sus actividades, dentro del nuevo marco legal.
- Fomentar que las universidades que reciben canon minero, apoyen a sus graduandos y egresados, en el desarrollo de trabajos de geología regional.
- Impulsar también la prospección en áreas de interés, con miras al desarrollo de nuevas minas, para su desarrollo o venta.
- Convertir a profesionales jóvenes de geología y minería, en orientadores de las MAPE, supervisores de sus tareas y fiscalizadores del cumplimiento de la ley, en cuanto a: (i) Geolocalización de los depósitos; (ii) Cumplimiento de una actividad segura; (iii) Verificación de cumplimiento ambiental; para finalmente, informar a las entidades responsables de la supervisión. Incluyendo a la Defensoría del Pueblo, en los casos de esclavitud y al Comisionado contra la Minería Ilegal.
Debemos dotar de mayores facultades ejecutivas y presupuesto al Comisionado contra la Minería Ilegal, con capacidad de activar operativos policiales y militares en zonas que requieran interdicción.
Finalmente, se debe hacer una modificación constitucional para que los congresistas que promuevan legislación que favorezca actividades delictivas, queden inhabilitados para la función pública, con aplicación inmediata y desafuero.
Es imposible combatir las actividades económicas delictivas sin autoridad, fuerza política, ni presupuesto adecuados. Lampadia
