Jaime de Althaus
Para Lampadia
Parece que los milagros ocurren. El lunes nos sorprendió la noticia de que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú habían realizado un megaoperativo, en las ciudades de Abancay y Cusco, contra la organización criminal “Los Chavelos”, integrada por los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo -abogados de la comunidad de Huancuire-, y funcionarios del Poder Judicial de Abancay, quienes declaraban fundados, a cambio de dinero, los recursos legales que aquellos presentaban en contra del Estado y Las Bambas, pese a que se basaban en sustentos fraudulentos y contrarios a ley.
Después meses y años de inacción total de la policía y la fiscalía frente a las acciones de extorsión contra las minas, aparece de pronto un movimiento en la dirección de establecer el orden y la convivencia civilizada en el territorio. Por supuesto, hay reclamos justos y es lógico que las comunidades pugnen por una participación mayor en la renta minera, pero de allí a bloquear o invadir para exigir por la fuerza la aceptación de demandas ilegales o desmesuradas, tal como ha venido ocurriendo impunemente y hasta con el respaldo del ex ministro de energía y Minas Carlos Palacios y de funcionarios de la oficina de Gestión Social de ese ministerio, que eran operadores de Perú Libre, hay un trecho que estaba llevando a la inviabilidad de la actividad minera en el Perú.
Las Bambas necesitaba pasar ya desde el 2019, a explotar su segundo tajo, el de Chalcobamba, para mantener los niveles de producción y productividad.
Para eso le compró el terreno respectivo a la comunidad de Huancuire pagándole dos veces un total de S/ 222.4 millones en total (S/ 1.73 millones por comunero). Mientras tanto la consulta previa se demoró más de dos años porque la comunidad no quiso participar, y cuando finalmente el ministerio otorga la Autorización de Inicio de Actividades (AIA), los comuneros invaden el futuro tajo que habían vendido dos veces reclamando un nuevo pago (que sería el tercero) y la anulación del AIA. Todo esto guiados por los abogados expertos en extorsión.
Los abogados han sido intervenidos, pero los comuneros no abandonan el terreno. La ley no ha terminado de aplicarse.
Es obvio que la minería no es viable en ese tipo de condiciones. Ojalá entonces que esta acción fiscal no sea flor de un día y sea el punto de partida de un proceso que establezca progresivamente el imperio de la ley y una gobernanza que permita el desarrollo integral de las zonas mineras y de una relativa armonía entre la actividad minera y su entorno social.
Porque nada funciona bien en este ámbito.
En teoría la minería produce los recursos para el desarrollo de las zonas rurales y urbanas en las regiones donde ella se encuentra. Para eso están las regalías y el canon. Pero esos recursos, como sabemos, en manos de alcaldes y gobernadores regionales, se pierden en corrupción y en obras inconcusas o mal ejecutadas. Se requiere una reforma del canon de modo que sea ejecutado por una unidad gerencial que aplique un plan integral con participación de las comunidades. Y se necesita una suerte de vicepremier en las zonas mineras que coordine al Estado para asegurar que se ejecuten los proyectos, se brinden los servicios públicos y se atienda los reclamos antes de que estallen.
Por supuesto, las empresas mineras, mientras tanto, deberían involucrarse mucho más en el desarrollo de sus entornos, integrándose a ellos. Dialogar, desarrollar relaciones de confianza, construir conjuntamente el desarrollo.
Y también deberá encontrarse un arreglo que permita la convivencia y eventualmente complementariedad entre la minería artesanal y la gran o mediana minería formal. Este no es un asunto menor. Potencialmente puede ser explosivo, ahora que se ha formado la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas Mineras que, por ejemplo, demanda la anulación de las concesiones dadas en terrenos comunales. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), por su parte, acudió ayer a Palacio demandando la derogación de los decretos legislativos vigentes y la anulación del REINFOI. Se requiere, efectivamente, una nueva ley, facilitadora. La normativa actual informaliza y criminaliza. La violencia que observamos cada vez más en esta actividad es la consecuencia de la ley de la selva. Es necesario encontrar un ordenamiento que permita su formalización dentro del respeto a estándares ambientales.
Parte del problema en Huancuire, arriba citado, son comuneros que hacen minería ilegal en ese tajo. Una solución allí serían contratos de servicios de algún tipo. Pero para eso la mina debe poder explotar el tajo.
En general, se requiere de una autoridad que ponga orden y busque acuerdos para, por ejemplo, fomentar contratos de explotación entre los concesionarios y los artesanales. Contratos con obligación de respetar estándares ambientales. Y, por supuesto, simplificar el proceso de formalización. Es algo que no se ha pensado suficientemente pero que requiere un contrato social en un país de inmensa riqueza minera y con comuneros propietarios de la tierra que quieren participar en su explotación. Lampadia
