Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es claro que las organizaciones criminales en Pataz están sembrando el terror para provocar el retiro de las empresas formales, comenzando por la minera Poderosa, y apoderarse del territorio. En ese sentido, no se entiende la medida de obligar a las empresas mineras a parar, justo lo que quieren los criminales. Salvo que sea para facilitar una acción contundente de las fuerzas del orden. Aun así.
Estamos ante una estrategia criminal similar a la usada por el senderismo en los ochenta. Por lo tanto, la respuesta del Estado debe inspirarse en la estrategia exitosa de los 90.
Lo primero es una conducción política clara. En los 90 el propio presidente asumió el liderazgo de la lucha contra el terrorismo en el terreno. Ahora parece difícil pedirle eso a la presidente, pero entonces el Premier tiene que asumir ese rol. Pero si Adrianzén llega a ser censurado, debería nombrarse un primer ministro de consenso, conversado, con esas características.
Y debe conformarse un comando unificado integrado por los ministros y los jefes policiales y militares responsables que trabaje en estrecha relación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, poniendo fin al conflicto entre poderes a fin de nombrar equipos de fiscales y jueces comprometidos -o trayendo esos casos a Lima- y definir protocolos de interacción.
La claves de la estrategia de los 90 fueron la alianza de las fuerzas armadas con las comunidades campesinas, la inteligencia policial y los jueces sin rostro.
En la sierra de La Libertad debe establecerse un comando unificado con mando único militar, con inteligencia policial reforzada, y con equipos, armamento y tecnología suficientes para ingresar a las bocaminas y terminar con las organizaciones criminales en la zona.
El presupuesto nacional debe ser reestructurado para concentrar recursos en esta batalla, incluyendo lo necesario de acabar con las extorsiones en las principales ciudades. El país está en guerra.
Pero es fundamental que ese comando establezca una alianza con la población, con los mineros informales y las comunidades y rondas campesinas. Cierto es que no será tan fácil, porque muchos ronderos son a su vez parqueros o pequeños mineros informales o ilegales. Pero sin duda rechazan la criminalidad. Recordemos que la razón de ser de las rondas es brindar seguridad. Hace pocos días rondas campesinas ayudaron al personal de la Policía Nacional en la captura de dos sujetos que participaron en el secuestro de 50 personas en la minera Caravelí. El comando militar tiene que recordar lo que funcionó en los 90.
En el caso de Pataz, las fuerzas del orden contarán con una base militar-policial para 200 efectivos construida por la minera Poderosa, y con tres puestos de control reforzados para 100 personas cada uno donde puede estar, además, personal de la SUNAT y SUCAMEC para controlar el ingreso de insumos y la salida de oro ilegal. El sistema interoperable y la aplicación Kori para registrar todas las etapas de la operación en un celular, a fin de que haya trazabilidad, recién estarán listos en un mes. Allí será fácil detectar quien opera en una zona que no corresponde con las coordenadas que dio cuando se inscribió, lo que conllevará la pérdida del REINFO. Mientras tanto se cotejará la cantidad de mineral que trae el titular del REINFO con la producción que declaró al registrarse. Si el camión trae más mineral que el que la capacidad de producción que declaró, pierde el REINFO y se incauta el oro. Al mismo tiempo, se excluirá del REINFO a todos los que estén en calidad de suspendidos en el distrito de Pataz.
Por supuesto, esto debe hacerse de una manera gradual e inteligente para no afectar la producción de todos los mineros informales y artesanales y no generar una reacción. Por eso, acaso lo más importante sea la intervención sistemática por parte de la SUNAT de las plantas de procesamiento en Trujillo y otras ciudades de la costa con la finalidad de incautar el mineral cuya procedencia legal no pueda ser demostrada, a fin de ahogar la minería ilegal dejándola sin mercado.
Al mismo tiempo, el MINEM debe acelerar el proceso de formalización de los mineros informales, cuya competencia ha pasado temporalmente de los gobiernos regionales al Ministerio. Pero esto depende de que se apruebe el reglamento de la ley, lo que ocurriría en dos semanas. Allí se daría 30 días a los suspendidos del resto del país para que regularicen. Si no lo hacen salen del REINFO. De otro lado, en la medida en que más de la tercera parte de los 80 mil reinfos están en concesiones extinguidas, se requiere una ley del Congreso para que el MINEM pueda adjudicarles dichas concesiones. Esto es urgente, a fin de empezar a mostrar resultados e inclinar la balanza hacia la formalización, que se consolidaría con el Fondo Minero que estaría listo en junio.
El Congreso, por su parte, debe trabajar y aprobar una ley MAPE que favorezca la integración al sistema de los pequeños y el desarrollo armónico, formal y tecnificado de los distritos tipos y niveles de minería, aislando de paso a la minería ilegal. Ese es un gran desafío, porque supone encontrar soluciones institucionales y simplificar procesos que permitan precisamente ese desarrollo armónico.
La gran y mediana minería debería ponerse en los zapatos de la pequeña minería y proponer salidas, permisos y procedimientos simplificados y soluciones tecnológicas. El peligroso avance de la criminalidad es un acicate para llegar a acuerdos. Lampadia
