Jaime de Althaus
Para Lampadia
Se aprobó la ley que extiende el Reinfo hasta el 2026, eliminando del texto los artículos más nocivos como el que suspendía los procesos de exclusión y el que abría un camino para reincorporar a los 50 mil excluidos.
Al Congreso hay que cuestionarlo no por la extensión hasta el 2026, porque ello era inevitable si no se había logrado formalizar a los 31 mil con registro vigente y si menos aún se había aprobado la ley MAPE. Al Congreso hay que cuestionarlo por esto último, por no haber sido capaz de debatir y aprobar la mencionada ley.
Pero ahora la ley de prórroga dice que el proceso de formalización (Reinfo) “tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.
Entonces tiene el Congreso una nueva oportunidad.
Pero este Parlamento solo dura hasta el 27 de julio del 2026, de modo que tiene algo menos de 7 meses para producir un resultado, que debería ir de la mano con la reglamentación a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
Patricia Juárez he expresado el compromiso de su bancada para lograrlo.
¿Las otras bancadas? Se requiere acá un trabajo coordinado y decidido porque la comisión está presidida por el congresista Cutipa, muy vinculado a los informales que quieren el Reinfo eterno.
En esto deberían jugar un papel activo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, el Instituto de Ingenieros de Minas, el Diálogo Minero y otras instituciones en el sentido de preparar un proyecto de ley para llevarlo como insumo a las bancadas y a la comisión de energía y minas. Ya hubo un avance con los 11 “temas clave” que consensuó la comisión que formó la PCM luego de los bloqueos de carreteras contra la exclusión de los 50 mil.
En ese consenso participaron todos los actores. Es un punto de partida para el proyecto de ley.
En realidad, pese a todo, este año ha habido avances, como
la propia exclusión de los 50 mil -lo que debe reducir el flujo ilegal-,
los 11 puntos mencionados,
el comando unificado en Pataz con sus puestos de control que son un modelo para otras zonas,
el desarrollo del sistema interoperable para la trazabilidad -que estaría en sus últimas fases y que juega en pared con los puestos de control,
y un plan de formalización que incluía tres decretos supremos -que aún no salen- para acelerar la formalización.
Lamentablemente el autor de ese plan y de los decretos, Máximo Gallo, fue retirado de la Dirección General de Formalización, y hasta ahora no hay reemplazo. El ministerio parece estar en manos de intereses poco vinculados al interés nacional y menos al avance en este tema.
Mayor razón entonces para formar un equipo central o un estado mayor de la sociedad civil integrado por las entidades arriba mencionadas para avanzar en la ley, presionar al gobierno y ministerio y estimular la voluntad política de resolver este asunto que es quizá el problema nacional más importante, del cual depende la integración al Estado de derecho de muchos peruanos, el control de la minería ilegal y la propia viabilidad de la inversión minera formal en el Perú. Lampadia
