Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las indagaciones que he venido haciendo me han permito constatar que por primera vez hay, en el ministerio de Energía y Minas (MINEM), una estrategia inteligente para resolver el problema de la minería informal-ilegal. Algo que no es para nada fácil.
Sin embargo, el ministerio ha sido atacado por la disposición contenida en el reglamento de la ley 322136 que establece que se puede solicitar la modificación de la titularidad de la inscripción del REINFO por sucesión, cuando fallece el minero informal titular de la inscripción.
Se ha interpretado tal disposición como un indicio de que el gobierno quiere perpetuar el REINFO. Pero, como ha explicado el ministerio, esa disposición no es novedad, ya existe desde el 2017, y se requiere para que haya un responsable en caso de afectación ambiental y para la formalización misma de la unidad productiva. De hecho, esa sucesión cesa en el momento en que se extingue el REINFO y quienes tenían inscripción vigente precisamente se formalizan o fueron antes excluidos del registro. Es, entonces, una tormenta en un vaso de agua.
A mi juicio el ministro Jorge Luis Montero y el director general de Formalización, Máximo Gallo, están desarrollando una estrategia bien pensada para depurar el REINFO, formalizar a los que tengan el registro vigente y alcanzar una ley MAPE que permita el desarrollo sostenible y armónico (en lo posible) entre la mediana y gran minería de un lado, y la pequeña minería y la artesanal de otro. Es un desafío muy complejo y difícil. Si se logra, el Perú será otro.
Por eso, es clave que la opinión pública acompañe este proceso y vigile que avance del mejor modo posible. El Reglamento en cuestión plantea, para comenzar, la depuración de REINFO. Da 45 días a quienes están en condición de suspendidos, que son más del 80% (de los 83,931 inscritos), para que regularicen su situación. De lo contrario su inscripción queda automáticamente revocada. Con esto es probable que cerca de la mitad de los “reinfos” queden excluidos. En Pataz quedarán excluidos el 4 de junio 1,425 actualmente suspendidos, de un total de 2,154 que hay en la provincia. Es decir, el 66%. Lo que significaría que en teoría debería reducirse el volumen de oro ilegal que sale de la provincia en un 66%, solo por esa medida. Ello sin duda generará resistencias.
Pues, además, apenas se reanuden las operaciones mineras en la provincia, estarán en funcionamiento los 3 puestos de control reforzados cada uno de los cuales albergará 85 personas entre policías, militares y personal de SUNAT, SUCAMEC Y MINEM, con una balanza, para verificar que el volumen transportado no exceda la producción declarada en el REINFO, para verificar si el material viene de las coordenadas señaladas también en el REINFO, si posee permiso para los explosivos en la cantidad autorizada, etc. Si hay discrepancias, queda excluido del REINFO. Para ello el Reglamento regula el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) como una herramienta precisamente para fiscalizar la trazabilidad de minerales, insumos y explosivos. Los camiones tendrán GPS y habrá un aplicativo llamado Kori también con GPS donde todos los agentes económicos deberán registrar todos los movimientos desde el origen del mineral hasta la planta de tratamiento.
Y en cuanto a las plantas de procesamiento del oro, el Reglamento exige que reporten mensualmente al MINEM la información de sus operaciones de compraventa del oro, identifiquen a sus proveedores y detallen información del valor, ley y precio del producto. Esto es clave.
Aquí la idea es que mucho más efectivo que intervenir las bocaminas es controlar de manera efectiva los eslabones neurálgicos del negocio como la entrada de insumos, la salida del mineral y el destino (las plantas de procesamiento). Sin permisos falsos y sin plantas donde procesar, la minería ilegal se extingue. Pataz es un caso piloto.
Pero paralelamente el MINEM tiene que comenzar el proceso de formalización de los que sí tienen o tendrán registro vigente en el REINFO. Para eso el Reglamento le permite ya asumir todos los trámites relacionados al proceso de formalización que estaban en manos de las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales. Máximo Gallo debe estar enviando equipos a las regiones para recoger todos los expedientes de los mineros formalizables, a fin de destrabarlos. La meta es formalizar a unos 4 mil en dos meses. Muchos más de los 2 mil y pico formalizados en 10 años.
Luego hay cerca de 28 mil reinfos (33%) que están en concesiones extinguidas. Allí se necesita una disposición en la ley MAPE para que el MINEM pueda otorgarles la concesión. Hay solo 12 mil que están en concesiones de mediana y gran minería, lo que debería manejarse caso por caso. La mayor parte, casi 32,000 están concesiones de pequeños mineros, y allí está el mayor problema. Gallo considera que, si la ley MAPE aprueba las disposiciones necesarias, podría tener 30 o 40 mil mineros formalizados a fines de año o comienzos del siguiente.
Pero se requiere que la ley MAPE salga bien, lo que no es fácil porque hay tensión entre los derechos de la concesión para que la inversión minera fluya y la necesidad de contratos de explotación con los pequeños y artesanales. Para ello el MINEM ha consensuado con los distintos actores 15 puntos que debería contener la ley MAPE que ha enviado el lunes a la Comisión de Energía y Minas.
Si el Perú logra encontrar los caminos institucionales para incorporar al sistema legal y formal a los cientos de miles de mineros informales, habrá dado un paso gigantesco hacia la consolidación del Estado de derecho y a la integración social en el país. Lampadia
