Financiamiento privado y eliminar movimientos regionales
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La lucha contra la minería ilegal es, junto al combate a las extorsiones, el principal problema nacional. Requiere de una estrategia compleja en la que todos los actores tienen que asumir su papel.
Uno de ellos, clave, es el Congreso, que hasta ahora ha jugado, en ese tema, un papel entreguista, blindando y facilitando la continuidad del REINFO que, como sabemos, es aprovechado por los ilegales para sacar el oro que roban o producen en zonas prohibidas haciendo uso del permiso de algún minero informal inscrito en ese registro.
El Congreso tiene que reivindicarse apoyando las propuestas legislativas necesarias para depurar el REINFO, y avanzar en le ley MAPE. Pero, mientras tanto, hay dos iniciativas legislativas fundamentales que debe aprobar en esta legislatura como parte de esta lucha.
Una es la que permite el financiamiento privado, por parte de empresas formales, de los partidos políticos y de las campañas electorales, para reducir el espacio de la financiación de fuentes ilegales. El proyecto de ley respectivo regresó a comisiones, pero tiene que verse ahora si queremos que tenga efecto para las elecciones del 2026. Y debe considerar que las empresas que aporten demuestren tener existencia de cuatro años cuando menos.
Y la segunda es la reforma constitucional para restablecer la reelección de gobernadores regionales y alcaldes y eliminar los movimientos regionales. A estas alturas ya sabemos que muchos movimientos regionales son organizados o financiados precisamente por mafias vinculadas a la minería ilegal u otras economías ilícitas para favorecer sus intereses desde los gobiernos subnacionales. No es casualidad que algunos gobiernos regionales no solo no formalicen sino que se resistan a llevar a cabo acciones de fiscalización para determinar, por ejemplo, si el dueño de un REINFO opera en las coordenadas que declaró, o no, a fin de excluirlo si no coinciden.
Los movimientos regionales son un caballo de Troya que no podemos permitir. Tampoco es casualidad que la bancada que le ha quitado su apoyo a esta reforma sea Podemos, vinculada claramente a intereses de mineros ilegales e informales. La opinión pública tiene que exigir que se apruebe en esta legislatura.
Es hora de tomar conciencia de que estamos en una guerra por la viabilidad del Estado legal, en la que no se puede seguir entregando terreno.
Una reciente denuncia de COMEX revela que una entidad técnica como INGEMMET estaría siendo tomada por asesores vinculados a la minería no legal que han hecho aprobar un cambio en el clasificador de cargos para que puestos ocupados por personal técnico de carrera sean ahora de confianza.
De hecho, se aprovechó la vacación en octubre de María Angélica Remuzgo, directora de Concesiones -puesto clave-, para retirarla del cargo poniendo en su reemplazo a una persona que no reuniría las calificaciones, y lo mismo habría ocurrido con las direcciones de administración de derechos de vigencia.
El nuevo ministro Jorge Luis Montero tiene que tomar el control y restablecer la meritocracia en esta institución.
Algo interesante es que el alto comisionado de la lucha contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, ha anunciado que se ha realizado más de 600 operativos contra la minería ilegal, se ha incautado o destruido activos por más de 2 mil millones de soles en los últimos 8 meses, y se está preparando una estrategia integral que saldrá prontamente por decreto supremo. Esa estrategia, según nos explica, consiste no solo en seguir destruyendo dragas o bocaminas ilegales, sino en controlar las plantas de procesamiento por medio de la Sunat, y el abastecimiento de explosivos y combustibles. A las plantas entra menos de lo que se exporta. Entra lo que el titular del REINFO declara haber producido, pero en las estadísticas nacionales resulta que se exporta un 75% más de los que se produce. Esa diferencia viene de los ilegales, a través del REINFO.
De otro lado, ocurre, por ejemplo, que el informal con REINFO compra explosivos por 300, usa 100 y el resto lo vende a ilegales. Se exigiría que su almacén de explosivos esté cerca de su operación y el movimiento se seguiría por medio de un aplicativo.
En fin, si empiezan a haber estrategias serias de combate a la minería ilegal, el Congreso tiene que sumarse y ponerse a tono. Tiene que aprobar las leyes y reformas arriba reseñadas. Lampadia
