Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es muy importante para el país que el proceso de formalización minera avance de manera sustancial antes del 31 de diciembre. Ese ha sido quizá el único tema en el que el gobierno tenía convicción e ideas claras. Es importante entonces que el nuevo gobierno que se forme luego de la salida de Boluarte le de continuidad a este proceso, que no es fácil pero es clave.
La ley 32213 que extendió el REINFO 6 meses prorrogables una vez, le encargó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) culminar el proceso de formalización, que lleva más de una década casi sin avances, antes de esa fecha.
Para ello los gobiernos regionales (GORES) tenían que entregar los expedientes de formalización de los 31 mil inscritos en el REINFO formalizables. La mayor parte de dichos gobiernos regionales ha desacatado ley o no encuentra los expedientes por desorden. El hecho es que no los entregan.
Ante ello, el MINEM ha establecido relación directa con los inscritos en ese registro. Son dos los requisitos fundamentales que tienen que cumplir.
El primero es el instrumento ambiental o IGAFON. Para ello, el MINEM ha prepublicado un decreto supremo que permitiría otorgar dicho instrumento ambiental de manera colectiva, por cuencas, sujeto a revisión posterior por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El segundo es la titularidad del derecho o, en su defecto, un contrato de explotación con el dueño de la concesión. De los 31 mil (que son en realidad menos porque hay algunas duplicaciones) alrededor de la mitad está en concesiones de terceros y de ellos la mayoría está en concesiones de pequeños mineros.
Para ello, el MINEM ha programado reuniones con alrededor de 150 titulares de concesiones pequeñas para incentivarlos (con facilidades administrativas y de pagos) a que suscriban contratos de explotación con cerca de 12,000 personas naturales o jurídicas con REINFO.
El Congreso y la opinión pública deben estar vigilantes para que este proceso avance a la velocidad necesaria. Es probable, sin embargo, que no se pueda culminar con todo el universo formalizable el 31 de diciembre. Quedará un número menor de mineros que deberán culminar su proceso en los primeros meses del 2016, para lo cual la ley MAPE deberá establecer las pautas e incluso los requisitos para el inicio de operaciones de nuevos mineros.
Lo que nos lleva al complejo tema de la ley MAPE. Conocemos las presiones de sectores ilegales o informales que quieren prorrogar el REINFO varios años, establecer una servidumbre obligatoria e incluso revertir concesiones, lo que sería el fin del desarrollo minero moderno en el Perú. CONFEMIN anuncia justamente una movilización indefinida a partir del 14 para eso.
Es clave que voceros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) por ejemplo, y la academia, y el propio MINEM, trabajen con los congresistas de la comisión de Energía y Minas para elaborar un proyecto de ley que encamine una solución efectiva e inteligente para todos. Allí están los 11 puntos consensuados en la mesa de diálogo que se formó hace un par de meses.
Por eso mismo es necesario que el MINEM concentre recursos en acelerar el proceso de formalización, para crear un grupo de presión de mineros formalizados que influyan en la comisión congresal. Este es un tema que requiere manejo político.
Y tiene que avanzar rápidamente, además, porque la estrategia contra la minería ilegal, por su lado, está dando pasos concretos.
Los tres puestos de control multisectoriales y reforzados en Pataz están a un 80%. Solo les falta la balanza. En cada puesto hay personal de las Fuerzas Armadas, la Policía, SUNAT, SUCAMEC, MINEM Y SUTRAN, que operan bajo un protocolo de actuación conjunta (DS 002-2025-IN).
Y el sistema interoperable para la trazabilidad, que tiene siete fases, ya ha completado dos (control del lugar de la operación minera y del acopio) y está por completar la tercera (control del transporte). Estará terminado en febrero. Mientras tanto se aplica progresivamente.
La SUNAT, por su parte, está realizando intervenciones en las plantas de procesamiento de Trujillo, Nazca y Chala, controlando guías de remisión e insumos químicos como el cianuro. Necesita que se complete el sistema interoperable para facilitar la trazabilidad del mineral que ingresa a las plantas, y no ha podido establecer laboratorios porque -alega- carece de recursos.
El hecho es que el modelo Pataz va a ser replicado, con adaptaciones, próximamente en Amazonas, Loreto y Apurímac (proyecto los Chancas). La idea general es invertir cada vez más en control y menos en interdicción: control de los eslabones neurálgicos de la cadena de valor: explosivos, combustible, plantas procesadoras.
Por eso, la formalización tiene que avanzar rápido porque el esquema de control se va a ir generalizando el próximo año, de modo que quien no es formal, no pasa.
Si la minería informal se formaliza, habremos dado un paso gigante hacia la consolidación del Estado de derecho y la integración nacional.
De la ley de la selva a la ley de la República.
Lampadia
