Jaime de Althaus
Para Lampadia
Como si no tuviéramos suficiente con las luchas encarnizadas en el Ministerio Público y entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, ahora se han sumado con gran entusiasmo disputas dentro del Ejecutivo en los sectores Economía y Vivienda y Construcción.
En este último caso ha ocurrido que, al organismo regulador del agua y saneamiento, SUNASS, no se le ha ocurrido mejor idea que salir a denunciar una supuesta afectación de su autonomía por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción (MCVS) en un proyecto de decreto legislativo que se daría próximamente al amparo de las facultades delegadas.
Según la SUNASS, el mencionado proyecto “traslada al MVCS la facultad para determinar componentes críticos utilizados en la estimación de tarifas de los servicios de agua y saneamiento (costos reconocibles, como el margen de ganancia, costos laborales, costos de operación e inversiones)”, lo que vulnera la autonomía del regulador.
A primera vista, lo que tenemos acá es un desconocimiento por parte de la SUNASS del rol rector que el corresponde al Ministerio en lo relativo a fijar las reglas generales que luego el órgano regulador debe aplicar. Algo que, dicho sea de paso, es urgente, considerando que el esquema regulatorio actual ha fracasado en asegurar tarifas suficientes para financiar como mínimo la operación y el mantenimiento de las redes, y la continuidad del servicio, para no hablar de la inversión, y ha fracasado para obtener una gestión mínimamente eficiente en las empresas de saneamiento (EPS).
Todos sabemos que el Estado transfiere cada año miles de millones de soles para cubrir huecos de esas empresas, que no son capaces de facturar el 40% del agua que producen y menos aún de ofrecer agua las 24 horas ni mantener las redes que operan. Por supuesto, la responsabilidad en este desastre no está solo en la SUNASS, sino también en la OTASS, que se supone debe intervenir las EPS que no funcionan para ponerlas a punto, en lo que ha fracasado rotundamente entre otras cosas porque no ha firmado contratos de gestión con empresas privadas para que administren esas entidades, ni menos aún ha concesionado una sola. Tampoco se permite la inversión privada en generación de agua. Absurdo.
Las empresas municipales no funcionan. En algunos casos se usan como botines laborales. Hay funcionarios que venden el agua por su cuenta. Muchas de ellas son muy pequeñas y para ser eficientes deberían fusionarse con otras. No debería haber más de una EPS por región, por ejemplo. Lo mejor incluso sería una autoridad autónoma nacional modelo BCR, tal como propone Fernando Cillóniz.
Todo el sector requiere una reforma profunda, no solo el esquema regulatorio de las tarifas. Pero sin duda este también. El Ministerio explica que en el caso de los demás sectores regulados (telefonía, luz, hidrocarburos, transportes) los principios y criterios básicos del modelo regulatorio están fijados en la ley, algo que no ocurre para el caso del agua. Se trata de establecer esos principios básicos y luego desarrollarlos en el reglamento a partir de una discusión técnica con la academia, con expertos internacionales, etc.
Es lo que hay que hacer. Increíblemente a la SUNASS le preocupa que las tarifas vayan a subir si realmente se reflejan los costos. Ese es el problema precisamente. Las tarifas no son reales, y están determinadas políticamente. Lo señalan el Banco Mundial y la OCDE. Incluso, en Lima, una proporción importante de quienes más consumen pagan una tarifa que está por debajo de los costos. Pero la verdad es que, si introdujéramos gestión privada en las EPS, las tarifas podrían incluso bajar si las EPS no perdieran más del 30% del agua que generan (por falta de mantenimiento) y facturaran el 40% que no facturan. Y si, además, funcionaran bien los subsidios cruzados, que hoy tienen muy poca incidencia.
La SUNASS, en lugar de colaborar en discusión racional sobre las reformas indispensables, se atrinchera en el statu quo. El Ministerio no debe arredrarse. Eso sí, su propuesta debe ser técnica y ajustada a los más altos estándares internacionales. Se trata de modernizar la regulación y la gestión de algo tan importante como el agua y el saneamiento, de lo que depende la vida y la salud de los peruanos.
Enhorabuena que el MVCS esté tomando el toro por las astas. Pero el decreto legislativo en cuestión debería abordar todos los temas que hemos mencionado en este artículo para enfrentar integralmente un problema vital para la mayoría de los peruanos. No podemos mantener un statu quo absolutamente ineficiente y corrupto. Lampadia
