Jaime de Althaus
Para Lampadia
Podríamos estar ante un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad si se concretan todas las señales que ha dado el gobierno de José Jerí en los últimos días:
coordinación entre poderes bajo el liderazgo presidencial,
un proyecto de ley para crear un equipo interinstitucional con autonomía y presupuesto,
creación de una división contras las extorsiones con personal poligrafiado,
equipamiento y tecnología,
estado de emergencia en Lima y Callao con la creación de un Comité de Coordinación Operativa Unificada con presencia de representantes de la Policía,
la fiscalía el Poder Judicial, la municipalidad y otras entidades, y otros comités especializados. Ojalá esos comités no sean muy burocráticos o no haya demasiadas personas en ellos.
También se establece el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, lo que indicaría que ellas no se limitarían a procesar a delincuentes sino a atender en tiempo real los pedidos de la policía en los casos de extorsión (allanamientos, prisiones preventivas, información a las operadoras telefónicas). Esto sería un avance enorme.
Pero se necesita más personal, más tecnología, más logística, más laboratorios de criminalística, y no solo en la Policía sino también en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Para comenzar, el ministro del Interior está pidiendo recursos para el “plan celador”, que busca entre otras cosas comprar el franco de 6,500 policías.
De hecho, las tres instituciones vinculadas a la seguridad piden más recursos, pero lo que no dicen es que les sobra la plata, que no son capaces de gastar.
En el siguiente cuadro podemos ver que al 16 de octubre el ministerio del Interior apenas había ejecutado el 19.7% de su presupuesto para inversión, pese a tener graves carencias.
El ministerio de Defensa, por su parte, solo ha ejecutado el 18.8% y
El caso más grave es el del Ministerio Público, clave en la lucha contra la criminalidad: solo había gastado el 10.2%.
No tendría sentido asignar más presupuesto a estas entidades si no saben o no pueden ejecutar. Con frecuencia las inversiones no se ejecutan por corrupción, mientras negocian las coimas. Lo primero que deberían hacer es contratar gerentes públicos preparados por SERVIR para manejar las oficinas de presupuesto, adquisiciones y planeamiento. Las compras deberían ser tercerizadas a una empresa o consultora privada, o a la oficina de compras del Estado. O coordinar un programa de obras por impuestos con el sector privado. Y ante la emergencia se pueden trasladar recursos de la partida de inversiones, que no se gasta, a la de gastos corrientes, para la compra del franco de los policías, por ejemplo, por medio de un Decreto de Urgencia.
Se requiere soluciones fuera de la caja porque no podemos seguir regalándole terreno a la criminalidad. Por lo demás, las brechas son enormes.
La Policía elaboró el 2019 el Plan Mariano Santos con asesoría británica en el que identifica una brecha de 30 mil millones de soles sumando todas las necesidades, que incluyen comisarias, escuelas, bienestar, tecnología, etc.
Hemos reclamado la decisión política de reestructurar el presupuesto nacional para eliminar o postergar gastos de otros sectores a fin de concentrarlos en la lucha contra la criminalidad, antes de que ésta acabe con el Perú.
Pero antes de eso hay que resolver el problema de incapacidad de ejecución de todas las instituciones vinculadas con la seguridad.
Si no, será como echar agua a un barril sin fondo.
Lampadia
