Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hemos insistido en que es imposible dar una batalla efectiva contra el avance de la criminalidad si las instituciones y personas encargadas de combatirla están enfrentadas entre sí.
En ese sentido, una eventual censura al ministro del Interior, Juan José Santivañez, si llega a producirse, tendría el efecto apaciguador de retirar a uno de los protagonistas más agresivos y controvertidos de este conflicto interinstitucional (ha denunciado por dos vías a la Fiscal de la Nación, por ejemplo), pero de poco serviría si al mismo tiempo la Fiscalía de la Nación no enmienda su conducta moderando actuaciones excesivas contra la presidente y el propio ministro del Interior.
Este último, por ejemplo, ha sufrido el segundo allanamiento de su casa en pocos días en algo que ya parece claramente parte de esta guerra de represalias entre sectores “caviares” y “anticaviares” en la que denuncias al ministro, en este caso, son catapultadas a los medios como acciones de propaganda.
Hay una diferencia entre investigar denuncias al ministro, que debe hacerse, y buscarlas o usarlas como armas arrojadizas. El resultado es que la decisión sobre si censurar o no deja de ser producto de una evaluación de su gestión -sin duda deficitaria pues las extorsiones y homicidios han aumentado, o si a pesar de ello hay otras razones para mantenerlo-, y se convierte en la toma o defensa de un bastión en una guerra de bandos.
Se requiere que la Fiscal de la Nación ponga en pausa o cuando menos en mayor reserva las investigaciones contra la presidente Boluarte, que sufre un acoso fiscal incesante por causas por lo general menores, alimentando igualmente a la prensa mediante filtraciones constantes a las que se les saca todo el escándalo posible.
Hay en eso un componente de utilización de la justicia con fines políticos que debe cesar, así como lo hubo en las causas por donaciones de campaña, que también deben cesar porque son formas de persecución política (en este sentido, la salida del juez Zúñiga del caso “Cocteles” es un avance. Lo que falta ahora es el retiro del Fiscal José Domingo Pérez).
Pero para facilitar que todo ello acabe y se acalle esta guerra, se requiere recomponer la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos formalizando con plazas de titulares lo que hoy existe de manera provisional. O renovar íntegramente la Junta de Fiscales Supremos, como proponía Amprimo.
Con relación a la presidente, lo mínimo que debería hacer la Fiscalía debería tomar nota del espíritu del artículo 117 de la Constitución que prohíbe acusar al presidente de la República durante su mandato, precisamente para dejarlo gobernar.
La presidente, es cierto, acarrea pasivos y carece de capacidad de liderazgo, pero, por ejemplo, no puede convocar al llamado “Consejo de Estado” ni el ministro de Justicia al Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, porque la Fiscal de la Nación no asiste.
Sí asistió, sin embargo, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), porque allí su presencia se diluye entre más de 30 autoridades. Entre los 13 acuerdos de esa reunión hubo un par que tienen que ver con la coordinación para la lucha contra la criminalidad. Uno que establece que la presidencia del Congreso convocará a especialistas del Poder Judicial y del Ministerio Público para su participación y opinión en la elaboración de los proyectos de ley relacionados a su competencia. Y otro que señala que se crearía una entidad de alto nivel con la capacidad de articular con todos los sectores del Estado los acuerdos y acciones que se adopten en el CONASEC.
Pero, por supuesto ni siquiera se planteó lo más elemental: que el Ministerio Público y la Policía (Interior) instalen una mesa para definir protocolos a fin de no soltar a los delincuentes detenidos.
Si no hay una estrecha coordinación entre fiscales y policías, no hay manera de ganar esta guerra. Eso no se acordó ni se podía acordar porque ya la Fiscal de la Nación había roto la mesa en la que se definiría los protocolos para aplicar la ley de devuelve la investigación operativa preliminar a la policía reservando a la fiscalía la conducción jurídica. La Fiscalía ha planteado una demanda constitucional contra esa ley y mientras tanto la desacata abiertamente.
Por supuesto hay problemas aún más profundos como la corrupción y penetración de la criminalidad en segmentos de la Policía que este gobierno difícilmente podrá arreglar.
Pero de allí la importancia, si Santivañez fuera censurado, de nombrar a un ministro de consenso con amplio respaldo político y de la sociedad civil, capaz de coordinar bien con el sistema judicial, siempre y cuando éste, por su parte, modere actuaciones politizadas que destruyen toda capacidad de unidad de acción. Lampadia
