Jaime de Althaus
Para Lampadia
A estas alturas, los problemas de seguridad del Perú son sistémicos y no se pueden resolver sin una respuesta integral y coordinada.
Lo primero es tener la capacidad de identificar y capturar a los extorsionadores y delincuentes.
Para esto es necesario resolver la brecha tecnológica y logística de la policía y del Ministerio Público, lo que supone identificar y cuantificar esa brecha, priorizarla y dejar de lado otros gastos no prioritarios del Estado.
Pero para que esas tecnologías y recursos se puedan usar con eficacia, se requiere además cerrar la brecha legal, a fin de que la policía pueda bloquear e intervenir de manera inmediata celulares y cuentas, dar un código secreto al que denuncia y realizar acciones especiales de inteligencia (agente encubierto, seguimientos), todo ello sin esperar autorización del fiscal o del juez, dándoles cuenta por supuesto.
Además, se requiere aprobar una ley de idoneidad de los policías a fin de que la PNP pueda separar a policías corruptos sin que sean repuestos por el Poder Judicial.
Pero no basta. Para poder identificar y detener a extorsionadores y otros se requiere que la policía trabaje intensamente junto con alcaldes, juntas vecinales y organizaciones de sectores afectados con transportistas, mototaxistas, bodegueros, etc.
Se trata de conformar un ecosistema de autodefensa orgánico que funcione, y que sirva de control a la propia policía.
Algo de esto se estaría organizando en los distritos limeños declarados en emergencia, donde la policía ha juramentado a juntas vecinales, y en algunas regiones, donde se anunció la conformación de mesas técnicas de transportistas con los jefes policiales antes del APEC.
Gobiernos regionales y alcaldes tienen que participar. El Congreso y la prensa deberían fiscalizar que estas coordinaciones funcionen.
Pero una vez detenidos los delincuentes, hay que procesarlos y no liberarlos. Para eso el Ministerio Público debe acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía y establecer buenos protocolos de trabajo coordinado. Se necesita construir laboratorios de distinto nivel en las principales ciudades y en las unidades de flagrancia, para que la policía pueda sustentar las detenciones. Además, debe extenderse a 15 días la detención preliminar policial para delitos como sicariato y otros, a fin de que la policía tenga tiempo para recabar las pruebas. Y debe aplicarse la ley que sanciona a magistrados que liberen delincuentes capturados en flagrancia.
Al respecto, resulta fundamental implementar las unidades de flagrancia en todo el territorio nacional, lo que costaría 1,800 millones de soles, una cantidad fácilmente obtenible considerando que cada año se deja de ejecutar 10 veces más en inversiones.
Cada unidad de flagrancia aloja policías, fiscales, jueces, un laboratorio de criminalística, medicina legal y una carceleta.
Muchos acusados por extorsión, por ejemplo, podrían ser sentenciados en 72 horas en lugar de 21 meses. Pero además se requeriría construir penales distritales o provinciales para delitos menores, donde los jueces puedan sentenciar a semanas o meses de prisión, a fin de que no haya impunidad. En la actualidad solo el 12% de los sentenciados, que a su vez son una proporción muy pequeña de los detenidos, reciben pena privativa de la libertad. La impunidad es alarmante. Por supuesto, hay que construir más cárceles en general, pues están hacinadas.
Pero todo esto requiere de una estrategia única bien dirigida y coordinada por un centro de comando o gabinete de guerra conformado por representantes de los poderes del Estado, de las entidades responsables de la lucha contra la criminalidad, y de la sociedad civil, para alinear las políticas y los esfuerzos y acabar con la corrupción.
Se necesita un liderazgo que mueva a todos en la dirección de producir resultados sin contemplaciones y que vaya extirpando los tumores corruptos del sistema.
El Consejo de Estado reunido hace un par de semanas identificó los problemas, pero carece de un mecanismo ejecutivo de seguimiento y coordinación de las políticas y acciones. Ese es el problema.
Lampadia
