Jaime de Althaus
Para Lampadia
La muerte de seis soldados en el río Ilave como consecuencia del acoso de la población, y la acción de impedir que una patrulla del Ejército izara la bandera en Desaguadero, son señales de que algo muy grave está ocurriendo en el sur del país desde el punto de vista de la integridad y la integración nacionales. Es indispensable que el Estado recupere el control territorial y político en una zona que es, por añadidura, fronteriza. Y reintegre a la población aymara y puneña a la nacionalidad.
El asunto, por supuesto, no es fácil. Se requiere castigar los delitos y al mismo tiempo reintegrar.
Tenemos a un sector en abierta rebeldía, y hay dirigencias radicales. Está presente una corriente separatista que apunta no mayoritariamente a integrarse a Bolivia, pero sí a autonomizarse del Estado peruano. No hay voluntad de pertenencia. Ha expulsado a la policía nacional y ha incendiado las fiscalías proclama que no las necesitan porque les basta con sus rondas campesinas para dar seguridad y administrar justicia.
La influencia boliviana, no obstante, es evidente. Y no solo por la presencia directa o indirecta de Evo Morales en la zona y la admiración que concita, sino por acciones efectivas de penetración activista. La cónsul boliviana, Felipa Huanca Llupanqui, fundó en Puno la filial peruana de la organización boliviana vinculada al MAS, Bartolina Sisa[1], que organiza a mujeres aymaras de Puno, que son las que bloquean las carreteras. Cuando su principal dirigente, Edith Calizaya, de Juli, fuera gaseada en la Plaza San Martín, las imágenes se conocieron en su ciudad y al día siguiente la población atacó y quemó la comisaría con los policías adentro. Después estos policías se escaparon de la base militar que fue también atacada, lo que finalmente terminó en el episodio de los soldados ahogados en el río Ilave.
El gobierno no puede permanecer impasible. No debe renunciar a buscar la manera de establecer un diálogo político, pero en este momento parece imposible. Ni el gobernador ni los alcaldes aceptan reunirse con ministros ni con funcionario alguno del gobierno central ni con los jefes militares. Alcalde sorprendido en una reunión es azotado públicamente. Siguen en modo de guerra.
Resulta clave aprovechar la demanda de los mineros de La Rinconada que quieren que el Estado o bancos privados le compren el oro a cambio de formalizarse, para que el gobierno ingrese con una propuesta concreta de formalización e incorporación. Esto ayudaría mucho a establecer un puente y un camino de reintegración con el Estado peruano. Muchos de esos mineros son aymaras.
Ahora bien, lo que no se puede evadir es el imperativo de detener a los cabecillas de los ataques, que estarían ya identificados. Ellos han cometido delitos graves.
Pero el problema es que los fiscales están aterrados. Se requiere, como hemos señalado acá, establecer una jurisdicción fiscal-nacional que denuncie y procese a estas personas, y enviar un equipo de fiscales de Lima o de otras regiones a la zona. La presidenta Boluarte debería convocar a un Consejo de Estado para planificar esta decisión.
Lo segundo, tal como hemos escrito antes, es incrementar sustancialmente el número de efectivos militares en la zona. No para reprimir sino lo contrario, para disuadir, para prevenir actos de violencia y recuperar el control territorial en la zona. Luego de ello se podría entablar un diálogo político para escuchar y entender la naturaleza de las demandas existentes. Algunas tendrán que ver con una mayor autonomía y participación política. Habrá que llegar a acuerdos. Lampadia
[1] Bartolina Sisa fue una heroína nacional aymara, esposa de Tupac Katari, que protagonizó la rebelión con ese nombre en la misma época de la rebelión de Túpac Amaru
