Propuestas de solución
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Fuera de las limitaciones de la policía, lo que está fallando en la lucha contra las extorsiones, la criminalidad y la inseguridad en general, es el sistema judicial-penal, que no funciona. No castiga, libera a los detenidos. Y cuando castiga, solo el 12% reciben cárcel efectiva; el 88% recibe pena privativa de la libertad condicional o multas.[1] Quienes tienen pena menor a 5 o 4 años no van a la cárcel porque no hay penales para delitos menores. Campea la impunidad. Las cárceles en general están sobresaturadas.
La devolución de la investigación preliminar a la policía va a ayudar a recabar mejores pruebas a tiempo, pero se necesita flexibilizar el garantismo del código procesal penal mientras no haya suficientes laboratorios. Y generalizar las unidades de flagrancia.
Pero un problema serio del sistema judicial en general -penal y civil-, que agrava la impunidad, es el tiempo que duran los procesos, lo que significa que la justicia llega tarde, mal y nunca. En buena cuenta, no hay justicia ni estado de derecho, sobre todo para quienes carecen de recursos suficientes.
Un indicador de ello es la carga procesal pendiente acumulada, que a agosto del presente año llegaba a 3,609,842 procesos.[2] Lo sorprendente es que, de esos, un 72% corresponde a procesos en ejecución. Es decir, casos en los que hubo sentencia, pero esta no termina de ejecutarse.
Por ejemplo: pago de una deuda o de una obligación, pagos del Estado, órdenes de protección, etc. El Poder Judicial resuelve procesos en trámite más o menos a la velocidad que ingresan (de todos modos, tiene en este rubro una carga pendiente de más de un millón de casos) pero se demora mucho en ejecutar las sentencias. Y si no se ejecutan, no hay justicia.
Para cerrar la brecha de procesos en trámite y en ejecución el Poder Judicial sostiene que necesita contratar 894 nuevos jueces, un 25% más que los 3,683 que tiene ahora, lo que costaría S/ 932 millones. Llevó a cabo un plan piloto bien hecho para demostrar, pero el MEF no atendió el pedido. El Ministerio Público, que tiene 8,371 fiscales, sostiene que le faltan 1,589 más (19%) y 4,348 administrativos para poder atender la demanda criminal. Ello costaría S/ 480 millones. Tampoco fue atendido.
Pero quizá no se necesitaría tantos jueces y fiscales más si se aplicaran ciertas reformas. Lo primera es la simplificación de los códigos procesales, para tener procesos mucho más céleres y menos manipulables o dilatables. Hay una comisión trabajando en una propuesta para el código procesal civil, y faltaría una para el código procesal penal.
La segunda es avanzar en el expediente judicial electrónico, que ya está en alrededor de un 50% de los órganos jurisdiccionales no penales pero faltan los penales. Allí donde se ha aplicado, redujo los tiempos en 63% en primera instancia y 55% en segunda. Lo mismo con la introducción de la oralidad en un 60% de los órganos civiles, que ha reducido el tiempo en 63%. Algo extraordinario, que permitirá reducir la carga.
La tercera son las unidades de flagrancia, que reducen los tiempos de 21 meses que dura un proceso común, a solo 72 horas. Una ganancia de productividad gigantesca, con la consecuente reducción de la impunidad y de la inseguridad. Hagamos el siguiente cálculo teórico: hay alrededor de 1000 juzgados penales. Si 400 de ellos ven casos de flagrancia, y resuelven en 72 horas en lugar de 21 meses, solo se necesitarían 2 de esos 400. No necesitaríamos más jueces. Pero el MEF no ha atendido el presupuesto de 1,800 millones de soles necesario para instalar estas unidades a nivel nacional, algo absolutamente prioritario.
Por último, habría que pasar a un sistema de incentivos a la productividad. Por ejemplo, el 2018 se otorgó a los jueces una bonificación mensual, que se aplicó solo a los supremos. Los demás niveles se movieron y finalmente el Congreso ordenó que se les de a todos. Son bonos muy altos, que pueden verse en el siguiente cuadro:
Notemos dos hechos: en comparación al promedio del Estado peruano, estas remuneraciones son muy altas. El Poder Judicial está obligado, entonces, a ser eficiente. Y no lo es. Y lo segundo es que esas bonificaciones se dieron a cambio de nada. Fueron gratuitas.
De lo que se trata, entonces, es de pasar a un sistema de bonos por productividad, para que se apure la descarga de los casos en trámite (a mayor descarga, mayor bonificación), y otorgar más presupuesto a las cortes que reduzcan la brecha de carga acumulada.
Después de nueve meses se reunió el Consejo para la Reforma del Sistema Judicial. ¿Están coordinando estos temas? Lampadia
[1] Estadística de la Criminalidad, Poder Judicial
[2] Consultar el aplicativo SIE-PJ Movil (https://siepj.net.pe/)
