Tulio Silgado Consiglieri
Gerente General de Aceros Arequipa
Para Lampadia
Vivimos en una época en la que la palabra «competencia» se ha convertido en casi un mantra.
Se invoca para justificar la apertura de mercados, la llegada de nuevas inversiones y la reducción de barreras al comercio. Y está bien que así sea.
La competencia es el motor de la innovación, de la productividad y del crecimiento económico.
Pero hay una condición que con demasiada frecuencia se olvida: solo produce esos beneficios cuando todos los competidores juegan con las mismas reglas.
La libre competencia no significa ausencia de normas. Significa igualdad ante la ley.
Quienes apostamos por la empresa formal sabemos que cumplir la legislación tiene un costo y vaya que costo……
Se invierte en tecnologías limpias, en seguridad para los trabajadores, en el pago de impuestos, en permisos ambientales, en programas de cumplimiento, en buen ambiente de trabajo, en estándares internacionales de calidad y en lograr la satisfacción de todos los stakeholders.
Son inversiones que no siempre se reflejan en el precio final del producto, pero sí en la sostenibilidad de la empresa y en el desarrollo del país.
El problema surge cuando algunos actores deciden competir ignorando esas obligaciones.
El resultado es una competencia artificialmente distorsionada, donde el incumplimiento se convierte en una ventaja económica. Esa no es libre competencia; es competencia desleal.
La experiencia de Corporación Aceros Arequipa demuestra que es perfectamente posible crecer respetando las reglas.
La empresa ha construido una plataforma industrial que integra operaciones en Perú, Estados Unidos y otros países de la región, recicla más de 1.5 millones de toneladas de chatarra ferrosa al año, opera con energía eléctrica 100% renovable y ha logrado emisiones de carbono significativamente inferiores a las de otros grandes productores mundiales de acero y en especialmente a la mayoría de los productores chinos.
Estos resultados no son fruto de excepciones regulatorias ni de privilegios; son consecuencia de décadas de trabajo, inversión, innovación y cumplimiento.
Precisamente por ello, quienes cumplen las normas tienen el legítimo derecho de exigir que estas se apliquen por igual a todos.
El Perú necesita más inversión privada, más industria y más empleo formal. Pero también necesita instituciones capaces de hacer cumplir las reglas sin excepciones. Porque cuando el Estado permite que algunos compitan con ventajas obtenidas mediante el incumplimiento, termina castigando precisamente a quienes invierten responsablemente y generan valor para el país.
La discusión, entonces, no es entre apertura o proteccionismo, entre inversión nacional o extranjera, ni entre empresa grande o pequeña.
La verdadera discusión es mucho más simple: ¿queremos una economía basada en el mérito o una basada en privilegios?
Por último, ¿debe el Estado otorgar algún tipo de perdón o excepción a las empresas que no han cumplido con los requisitos legales para su constitución o construcción, o debe actuar con firmeza y hacer cumplir la ley, preservando así la credibilidad y el respeto por las instituciones de nuestro país?
Las respuestas deberían de ser evidentes.
Lampadia
