Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ya hemos señalado que algunas de las medidas contra las extorsiones anunciadas por el gobierno, como los estados de emergencia en 14 distritos y la creación del delito de terrorismo urbano, son populistas e inútiles. No sirven para lo que se requiere, que es poder identificar y capturar a las bandas de extorsionadores y luego procesarlos sin liberarlos -lo que implica reordenar el sistema judicial-, y finalmente ampliar cárceles para recluirlos.
Para identificar a los autores y las bandas se ha decidido crear el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (GOREX), integrado por 100 efectivos. Según me explica el jefe de estado mayor de la Policía, general Oscar Arriola, este grupo se dedicará solo a las extorsiones a transportistas y trabajará los casos que se presenten de ahora en adelante, no los que vienen de atrás.
Puede ser que esto funcione, pero lo que se requiere es contener las extorsiones en general, no solo a los transportistas, y hacer retroceder a la criminalidad organizada en todos los órdenes.
Y esto supone una decisión política mayor: concentrar presupuesto en la Policía y en el sistema judicial, eliminando programas y gastos inútiles en todo el Estado. Y fortalecer lo que ya existe, como la DIRINCRI, dentro de la cual funciona la Dirección de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Todo esto dentro de un plan claro, por supuesto.
En el caso del combate a las extorsiones, es clave, según el general Arriola, modificar la ley para permitir que, apenas haya una denuncia, se pueda georreferenciar y bloquear de manera inmediata el celular y acceder al historial de llamadas, sin esperar la orden del juez. Lo mismo para la identificación de los titulares de las cuentas vinculadas al Yape, para saber dónde depositan el dinero que se colecta en esas cuentas, por ejemplo.
Según el general Arriola, el decreto legislativo 1605 avanzó estableciendo que en los casos en que se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima, el Fiscal requiere la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones al Juez Penal, dentro de las 24 horas, bajo responsabilidad funcional. Lo mismo con el levantamiento del secreto bancario. De lo que se trata -añade Arriola- es que la policía pueda demandar dicho levantamiento a la empresa operadora o al banco directamente de manera inmediata. Aquí juega el sentido de la flagrancia. El Congreso debería aprobar una ley en este sentido a la brevedad.
Pero para eso las denuncias tienen que producirse. Según el general Arriola no es verdad que la policía filtre denuncias a los extorsionadores.
En todo caso, para facilitarlas se abre a partir de mañana jueves la línea 111, a dedicación exclusiva, con 20 entradas y 8 módulos.
En esta línea al denunciante se le da un código de modo que su identidad queda en reserva. Si los ciudadanos denuncian las extorsiones, se irán apagando incluso los celulares que llaman desde las cárceles, donde los delincuentes han encontrado la forma de burlar los bloqueadores instalando antenas en viviendas vecinas al penal que funcionan con otra frecuencia, no detectada por los bloqueadores.
Lo siguiente es que los extorsionadores detenidos no sean liberados. Según el general Arriola, la ley que devuelve la investigación criminal a la policía, que el Ejecutivo debe promulgar, ayudará porque le permitirá a la policía actuar sin demoras y con más efectividad, acopiando mayores pruebas. Esa ley, según él, solo regulariza lo que ya ocurre en la práctica: es la policía la que investiga.
El problema es que fiscales o jueces liberan en ocasiones simplemente por corrupción o por temor. Y no hay sanción.
Los casos escandalosos de los últimos tiempos en que se ha liberado a bandas enteras capturadas con armas y una serie de evidencias, no terminan en destitución de los magistrados sino eventualmente en cambio de fiscalía o de corte. Aquí se requiere mucho más compromiso y rigor. Se anunció una Mesa de Trabajo con Ministerios de Transportes; Trabajo; Justicia; Defensa; Interior; Ministerio Público y el Poder Judicial. Veremos si se concreta. El lunes se reunió después nueve meses el Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, pero no se vio el tema en profundidad. Quizá se vea este viernes en que la sesión continúa.
Allí debería plantearse revisar el código procesal penal para flexibilizar el nivel de pruebas por lo menos mientras no haya laboratorios de criminalística o no estén instalados y operando las unidades de flagrancia, que deberían poder resolver de manera inmediata casos de extorsión.
El Congreso debería aprobar el proyecto de ley del sistema de flagrancia enviado por el Poder Judicial, y debe darse el presupuesto para instalar esas unidades en todo el país. Ya es hora de priorizar el gasto en seguridad, principal razón de ser del Estado. Lampadia
