Jaime de Althaus
Para Lampadia
El tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia (OCV), patrocinado por el BCP, trae algunas cifras preocupantes. Llama la atención el altísimo porcentaje de personas que conoce negocios que han tenido que cerrar o restringir sus actividades por la inseguridad. En el caso de Lima esa proporción llega al 50%, según encuesta de IPSOS contratada por el Observatorio.
Evidentemente esto está ligado a las extorsiones. Pero no es solo la alta tasa de cierre de negocios. Los extorsionadores también matan.
En los últimos dos años han asesinado a 15 choferes de transporte urbano y a 5 dirigentes de construcción civil, según un recuento de ChatGTP. Y según el OCV, han matado a 100 microbuseros solo el último año.
Pero lo más grave es que el Observatorio vuelve a confirmar que la policía no está deteniendo a los extorsionadores.
En el siguiente cuadro se puede observar que el número de denuncias por extorsión se ha casi triplicado entre marzo del 2018 y marzo del 2025, y sin embargo hay menos detenidos por extorsión en la cárcel este año que el 2018.
¿Por qué la policía no detiene a los extorsionadores? El Observatorio no lo explica, pero nosotros lo hemos señalado varias veces.
El problema es que las operadoras de telefonía exigen a la policía autorización del juez para dar la información del IP de los celulares denunciados, con el argumento de que esa información constituye secreto de las comunicaciones cuando en realidad no lo es: lo que se solicita no es el contenido de los mensajes sino el nombre del titular del celular, la ubicación y el historial de llamadas. Y los jueces se demoran semanas, con lo que se pierde al delincuente.
Frente a eso hay tres alternativas:
- El gobierno conmina a las operadoras a dar la información.
- En su defecto, la Secretaría de Gobierno Digital instala una plataforma digital interoperable entre la policía, fiscales y uno o dos jueces para que, en el término de la distancia, apenas exista el requerimiento, el juez autorice. O se forma una mesa presencial las 24 horas con esos mismos actores.
- En su defecto, a su vez, el Congreso aprueba una ley precisando que no se requiere autorización del juez para ello.
Es la tercera vez que escribimos sobre esto y no se hace nada. La indolencia es mortal.
Otra información preocupante que brinda el OCV es la tasa de homicidios por 100 mil según provincias. Destacan, por supuesto, las zonas de minería ilegal, como la Rinconada en Puno y Pataz. Y otras como Tumbes, Zarumilla y Chepén, más vinculadas al narcotráfico y quizá al ingreso de los Tiguerones del Ecuador. Lo de Pataz va, en principio, camino a solucionarse. Hace falta entrar a formalizar en La Rinconada, donde no hay problemas de concesiones de terceros, y contener la salida de la droga colombiana por los puertos del norte peruano.
Suponemos que la policía nacional posee un mapa actualizado con estos y otros números, que sirva de guía para diseñar una estrategia orientada a combatir la criminalidad. Pero hay que actuar. Porque, como estamos viendo, la incapacidad de tomar decisiones en el acaso de las extorsiones, es alarmante.
Lampadia
