Jaime de Althaus
Para Lampadia
Jueces del Poder Judicial están destruyendo el orden constitucional.
Dicho orden consiste en una pirámide en cuya cúspide está la Constitución y por lo tanto el Tribunal Constitucional.
Los jueces no pueden dictaminar contra mandatos explícitos del Tribunal Constitucional.
Tampoco pueden anular una decisión de un órgano constitucional como la Junta Nacional de Justicia, que precisamente es la encargada de designar, evaluar y destituir a los magistrados.
No puede entonces un juez ordenarle a la Junta de cambie una decisión de reposición o destitución que haya tomado, que es función propia y exclusiva de esa Junta.
Lo que está ocurriendo, entonces, es el mundo al revés.
Un tribunal hace caso omiso de una sentencia competencial del Tribunal Constitucional que resuelve en favor del Jurado Nacional de Elecciones anulando una resolución judicial que ordenaba inscribir el partido Unidad Popular del ex presidente de la Corte Suprema -nada menos- Duberlí Rodríguez.
Pues bien, el colectivo judicial desacata abiertamente esa sentencia y ordena nuevamente inscribir dicho partido.
Se trata de un acto subversivo, de rebeldía constitucional, abiertamente atentatorio contra el estado de derecho. Y esto por parte de autoridades encargadas justamente de defender el estado de derecho.
Al mismo tiempo, el juez constitucional Torres Tasso insiste por segunda vez en una medida cautelar ordenando a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación.
El antecedente es otro desacato, esta vez el de la propia Delia Espinoza a la resolución de la JNJ que dispuso la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación.
Por eso mismo, y con justa razón, la JNJ abrió proceso a Espinoza suspendiéndola temporalmente por seis meses.
Pues bien, el mencionado juez emitió una medida cautelar contra esa decisión de la JNJ, algo inaudito considerando que es la Junta la encargada de evaluar y sancionar a fiscales y jueces.
Y lo ha vuelto a hacer variando irregularmente, por lo demás, los fundamentos de la medida cautelar.
El mundo al revés nuevamente. El orden funcional de la constitución aparece invertido: los evaluados ordenan a los evaluadores como evaluar.
Lo que ocurre es que hay sectores importantes ideologizados en el Poder Judicial y en Ministerio Público que son capaces de romper el orden constitucional con tal de defender sus posiciones de poder.
Es muy probable que ante la versión de que el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez iba a disolver los equipos especiales, como el Lava Jato, donde Vela y Pérez han cometido toda clase de abusos antidemocráticos, la red de magistrados vinculada a ese sector se movió rápidamente para que el juez Torres Tasso emita una segunda medida cautelar con plazo perentorio.
Para mayor abundamiento, allí tenemos también la demanda del IDL contra la conformación de la propia Junta Nacional de Justicia.
Esa es la mejor prueba.
Es la lucha por el poder, que arrasa sin contemplaciones con el estado de derecho.
Lampadia
