Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
La relación existente entre las economías ilegales y delictivas, las autoridades regionales, municipales y congresistas en el Perú, representa una amenaza muy grande para la democracia, la gobernanza y el desarrollo sostenible del Perú.
A esto, debemos agregar la recientemente verificada conexión de estos grupos, con miembros del poder judicial y la fiscalía, cuyos vínculos nadie quiere sacar a la luz, puesto que, en el extremo, terminarían constituyendo una gran organización criminal, que ha llegado a tomar el poder político.
Pocos se imaginaron en el pasado, que Fidel Castro, desde Cuba, fuera capaz, por razones de supervivencia, de convocar a dirigentes políticos latinoamericanos, a partir de la caída del Muro de Berlín, a constituir el Foro de Sao Paulo, que luego devino en Grupo de Puebla, para hacer de este, una cofradía político-económica regional del alcance que hoy tiene.
Fidel, un hombre inteligente, capaz de identificar el perfil de personalidad de sus interlocutores y sus debilidades. Capaz de tocar las fibras más sensibles de personalidades ambiciosas y hacerles sentir que pueden encumbrarse y lograr su proyecto político, mientras lo financiaran.
Muchos nos sorprendemos de la forma como Venezuela se llegó a convertir en una narco-dictadura, que ya lleva un cuarto de siglo en el poder. Ciertamente, una personalidad efervescente como la de Hugo Chávez, alimentada y guiada por Fidel, con una dualidad de intereses:
- Aprovechar los altísimos precios del petróleo, que partiendo de US$ 13/barril en 1999, llegó a US$ 143.95 en julio 2008 y
- Financiarse con sus excedentes, mientras que, tras endiosar a Chávez, utilizaba su poder económico para promover el “Socialismo del Siglo XXI”.
Así pues, un gobierno dictatorial, donde la corrupción hizo lo suyo, de la mano de la inestabilidad de los precios de petróleo, llevaron a Venezuela a destruir cualquier viso de institucionalidad.
La ausencia de un punto de apoyo, por la destrucción de su industria petrolera, facilitó la conexión del aparato burocrático, con el narcotráfico, constituyéndose el “Cartel de los Soles”. En él se involucró a toda la fuerza armada venezolana y se formó una mafia cuyas lealtades se forjaron en el delito.
Igualmente, en el Perú se está construyendo una red mafiosa de dirigentes de izquierda, cuya liga es la maraña de actividades delictivas.
Se ha encumbrado a personajes con “plata como cancha”, incapaces de demostrar un origen lícito de sus fortunas.
También se ha colocado en las elecciones, con financiamiento ilegal ciertamente, gobernadores regionales, alcaldes y congresistas, construyendo una red de corrupción, que les permite, sin rubor, pasarse de una bancada parlamentaria a otra (90 congresistas y 11 gobernadores han cambiado de partido o bancada en tres años), puesto que no defienden ideologías, sino intereses mafiosos comunes que, sin importar el partido con el que llegaron, responden a intereses delictivos comunes: minería ilegal, que aprovecha precios de oro superiores a US$ 2,600/oz y narcotráfico, entre otros.
Ahora, desde el congreso se está proponiendo el proyecto de “ley MAPE” (Minería Artesanal y Pequeña Minería), que según el mensaje presidencial “se estaría socializando con los actores del sector”.
Lo curioso, es que la organización de mineros artesanales y pequeña minería, está controlada por mineros ilegales y, no es sorpresa, además, que la legislación propuesta beneficia a tales mineros ilegales, en desmedro de la minería legal y formal.
Bajo la cubierta de esta nueva ley, está el interés principal de ampliar el REINFO hasta diciembre de 2026. Esto es, “patente de corso” hasta un nuevo gobierno.
Lo peligroso, es que, ya las mafias internacionales se han instalado en el Perú. Ahora, la extracción ilegal que se concentraba en Pataz, el norte de Arequipa y Puno, respecto a minería de vetas y Madre de Dios en lavaderos, hoy ya se ha extendido a 16 departamentos, impacta a 5 áreas naturales protegidas y 6 zonas de amortiguamiento. Y el Estado peruano, está inerme frente a este avance.
Si la policía queda desautorizada para actuar, puesto que la exhibición de un REINFO, aunque sea vencido, a los ojos de los fiscales es, en el terreno, un escudo protector para esos delincuentes, la policía acepta corromperse. No sólo eso, sino que, la fiscalía y el poder judicial, están absolutamente infiltradas de corrupción. Veamos si no la información reciente de confiscación de barras de oro y su recupero, a base de coimas.
En este proceso, la producción formal de oro; la que cuida el medio ambiente, cuida de su personal y paga impuestos, se ha reducido.
Mientras la exportación de oro ilegal se ha multiplicado por 8 en los últimos 18 años y, por supuesto, no a los destinos tradicionales, rigurosos con el origen del oro comercializado, sino a países laxos, como India y Emiratos Árabes Unidos. Obviamente, de los US$ 6 mil millones anuales que representa esta actividad ilegal, el fisco no recibe nada, mientras hay un costo ambiental y laboral importante, estimado en US$ 1.2 mil millones por año.
Por supuesto, hay quienes argumentan la imposibilidad de formalizarse, por ser costoso y engorroso. Falso, para mantener vigente la inscripción en REINFO, es suficiente:
- Tener un RUC vigente.
- Haber presentado el IGAFOM (Instrumento de gestión ambiental de formalización minera, aunque sea en blanco) y
- La declaración semestral de producción. Pero, con el inmenso poder político y económico que tienen, ni siquiera eso quieren presentar.
Lo más grave es, que el Estado no muestra ningún interés en controlar esa actividad, ni siquiera a las plantas de procesamiento conocidas.
Siendo la minería ilegal la más importante de las economías ilegales, el presupuesto para combatirla es de sólo US$ 21 millones/año y para formalizarla de US$ 5.5 millones/año.
Como se observa, ya está instalada una mafia que involucra al aparato del Estado y este no quiere combatirla. Lampadia
