Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 30 de setiembre de 2022
Para Lampadia
La situación actual de muchas pequeñas y microempresas es muy delicada… por decir lo menos. Muchas – incluso – han desaparecido del mapa. No existen más en el panorama económico, productivo, social y laboral del país. Producto de ello, la economía informal ha crecido aún más a nivel nacional. ¡Más de lo que estaba!
Efectivamente, millones de peruanos – jóvenes, principalmente – no tienen trabajo formal. Y menos, trabajo digno.
La evasión tributaria se ha generalizado. El 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV), el 30% de Impuesto a la Renta (IR), la obligatoriedad de emitir facturas con Registro Único de Contribuyentes (RUC), los impuestos prediales, los arbitrios municipales, etc. constituyen una larga lista de normas y procedimientos que parecieran estar escritos en papeles mojados. O sea, efectividad… cero. Los requisitos para operar formalmente como empresas – licencias de funcionamiento, registros sanitarios, certificados de defensa civil, etc. – se han vuelto una quimera. La economía peruana es cada vez más ambulante, más ilegal, más precaria, más sucia…
Los paganos de todo este desmadre somos todos… los empresarios – sobre todo, los pequeños y microempresarios – que, obligados por las circunstancias, han tenido que cerrar sus negocios.
Los jóvenes que – como repito – no encuentran empleo formal y digno. Los ciudadanos en general, que vemos limitado nuestro acceso a productos y servicios de calidad y bajo costo. Así las cosas ¡qué difícil resulta invertir y crear nuevas empresas en el país! Grandes, medianas, pequeñas y microempresas… crearlas y operarlas formalmente – y eficientemente – se ha convertido en misión imposible.
La maraña de trámites y permisos burocráticos absurdos para formalizar cualquier emprendimiento, las rigideces y altos costos que impone la legislación laboral, el IGV de 18% (impagable para muchos), las elevadas tasas de interés para los microcréditos, y – en general – la falta de soporte estatal en educación y capacitación en gestión de pequeñas y microempresas, son – todos – impedimentos para la generación de empleos formales de todo tipo y especialidad.
Ahora bien, para corregir todo lo anterior se requiere de voluntad política, al más alto nivel. Es decir, del Número 1.
En segundo lugar, la tarea de formalizar y apoyar a las pequeñas y microempresas requiere también de un cambio de actitud radical de parte de las autoridades ministeriales y municipales. Incluso, de las autoridades policiales y judiciales de todo el país. Y ¡esa es la gran duda!
¿Acaso los inspectores municipales, policiales y judiciales no viven malamente – y abusivamente – del chantaje sistemático y permanente a los pequeños y microempresarios?
¿Acaso los ministros y funcionarios y alcaldes y regidores están dispuestos a simplificar o eliminar papeleos y trámites burocráticos en sus respectivas jurisdicciones?
O más relevante aún ¿acaso están dispuestos a digitalizar toda la tramitología empresarial y laboral en sus respectivas dependencias estatales?
¿Cómo – y a quién – van a chantajear si se simplifican y digitalizan todos los trámites y permisos? ¿De dónde sacarán la marmaja si se eliminan las colas, y los papeleos, y las firmas, y los sellos, y – por ende – las coimas?
Por eso decía… para estos menesteres se requiere de voluntad política al más alto nivel. ¿Está el Presidente de la República dispuesto a comprarse el pleito de la verdadera lucha contra la corrupción en el Estado?
Porque la corrupción en el Estado no sólo está en los peces gordos: presidentes, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores, ministros y viceministros, y directores generales y regionales. La corrupción estatal está – también – ahí abajo… en lo que algunos denominamos “la costra del quinto nivel”. En los inspectores de campo, en el personal de atención en ventanillas, en los secretarios y asistentes, asesores de todo tipo, personal subalterno de la policía y del poder judicial, etc.
Entonces, repito la pregunta: ¿está el Presidente Castillo dispuesto a quitarle las gollerías a las autoridades ministeriales, regionales, municipales, policiales y judiciales? ¡Esa es la gran duda! Además – entre nos – si el Presidente es coimero ¿por qué no habrían de serlo – también – todos los demás funcionarios, de rango inferior? ¡He ahí el problema!
Tienen – pues – razón aquellos que están preocupados por la difícil situación que atraviesan muchas empresas peruanas. Sobre todo, las pequeñas y microempresas.
Por ello, me identifico tanto con el titular de este artículo: Las empresas no le fallaron al Estado. El Estado le falló a las empresas. Incluso agregaría… “y le sigue fallando”. Lampadia
