Jaime de Althaus
Para Lampadia
A diferencia de Delia Espinoza, que abiertamente desacató una resolución de la JNJ, Patricia Benavides no podría hacer lo mismo y tendrá que acatar la resolución de un juzgado de suspender su reincorporación, hasta que instancia superior resuelva o no lo contrario, pese a que la JNJ ordenó reponerla y pese al imposible lógico de que un juez suspenda a Patricia Benavides como fiscal de la Nación a solicitud de la fiscal de Nación Delia Espinoza.
La Fiscal de la Nación, encargada de hacer respetar la ley, la violó arteramente atentando directamente contra el estado de derecho y generando una crisis institucional muy grave.
Si discrepaba de la resolución de la JNJ podía haberla denunciado ante el Tribunal Constitucional vía una demanda competencial, o cuestionarla judicialmente, como efectivamente hizo, y con resultados positivos para sus intereses, porque ha logrado que un juzgado suspenda dos años la reincorporación de Benavides, pero mientras tanto debió acatarla.
No es de extrañar que quienes defendieron el desacato a una autoridad constitucional competente sean más o menos los mismos “demócratas” que apoyaron el cierre inconstitucional del Congreso por parte de Vizcarra. La argumentación de sectores de izquierda y antifujimoristas en el sentido de que la JNJ persigue la captura del Ministerio Público por la corrupción o por intereses oscuros, equivale a mirar la paja en el ojo ajeno cuando se tiene una viga en el propio.
Para nadie es secreto que el ministerio público y parte del poder judicial fueron capturados por un sector ideológico que desató la más abusiva e injusta persecución contra líderes políticos por hechos que no constituían delito, como las donaciones de campaña, llevándolos a la cárcel y destruyendo la credibilidad de la clase política con la consecuencia posterior de la elección de alguien como Pedro Castillo. No sería raro que el juez que ha suspendido a Benavides forme parte de ese sector. Aun así, su resolución debe ser acatada.
Luego se ha usado el Eficcop para ir mucho más allá del espíritu del artículo 117 de la Constitución convirtiendo instigaciones en verdaderos operativos mediáticos.
La consecuencia de todo ello fue que el Ministerio Público, convertido en un peligroso instrumento de persecución política, se convirtiera en objeto de una lucha sin cuartel por su control, y que, como reacción, en el presente congreso se formara una mayoría llamada “anticaviar” a la que se sumaron, es cierto, congresistas con procesos interesados en conseguir la impunidad.
Pero acusar a la JNJ de ser agente de la toma del Ministerio público por la corrupción es absolutamente desmedido. Patricia Benavides, acusada de faltas y delitos, fue destituida de manera célere y casi sin derecho a la defensa. Eso es irrefutable. Por eso la JNJ anuló su destitución, lo que no significa que sea inocente sino que va a ser procesada por la Junta con debido proceso.
Delia Espinoza, para aferrarse, apeló a toda clase de ardides. Uno de ellos fue pretender que la resolución de la JNJ no había sido firmada por los seis miembros que estuvieron presentes. Tres veces solicitó a la JNJ que le envíe la resolución juntamente con el acta donde conste la decisión del colegiado. Es decir, las firmas de todos, tratando de implicar que no hubo tal unanimidad de los seis miembros de la Junta.
Pero se trató de un recurso falaz, leguleyo. Porque el artículo 55 del Reglamento del Pleno de la JNJ, aprobado por la anterior Junta y no por la presente, establece que, en decisiones como ésta (que no está entre las 6 previstas en el artículo 154 de la Constitución), la resolución se materializa con la firma del presidente de la JNJ. De hecho, ninguno de los seis miembros de la JNJ que participó en la decisión ha dicho que no votó.
La JNJ incluso trató de gestionar una reunión entre Delia Espinoza y Patricia Benavides para resolver el impasse, a la que la Fiscal se negó a asistir. Ante tal negativa, la Junta tuvo que llegar al extremo lamentable y bochornoso de solicitar a la Policía Nacional el auxilio de la fuerza pública para que se cumpla lo dispuesto en la resolución que dispone la restitución de Patricia Benavides en su cargo. Algo que ya no se ejecutará porque el Poder Judicial llegó antes.
Por lo demás, el periodo de Benavides terminaba el 5 de julio, de modo que su restitución era más simbólica que otra cosa. La vehemencia de Delia Espinoza por aferrarse a un poder que cedería unos pocos días reflejó precisamente la medida en que el Ministerio Publico se ha convertido en un instrumento de poder político, cuyo control un sector, asustado, vió peligrar.
Tal parece que la única forma de poner fin a una justicia politizada será una reestructuración general del Ministerio Público y del Poder Judicial. Lampadia
