Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de enero de 2024
Para Lampadia
Gracias a la apasionante experiencia que me tocó vivir en el Gobierno Regional de Ica (en la gestión 2015 / 2018) aprendí mucho sobre el combate de la corrupción en el Estado… y con éxito. Más aún – aunque parezca mentira – combatir la corrupción en Ica, resultó mucho más fácil de lo que uno pudiera imaginarse. Todo fue cuestión de voluntad y decisión… nada más.
En efecto, para doblegar a los corruptos se necesita voluntad y decisión, al más alto nivel. Pero de verdad. No de mentira, como fueron los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Susana Villarán, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, y la propia Dina Boluarte, entre otros. Todos moralistas de “manos limpias” y de “rasgarse las vestiduras” … pero de la boca para afuera. Porque de la boca para adentro… todos resultaron recontra coimeros. ¡Tremendos hipócritas!
A ese respecto, hay señales – o indicios – que denotan claramente la presencia de funcionarios corruptos en las diversas instituciones del Estado.
Una señal inequívoca de ello son los títulos académicos y / o certificados de trabajo falsos. Ese ampay es el más fácil de detectar. Pues resulta que el Estado está atiborrado de funcionarios que no son lo que dicen ser. Mejor dicho, son “profesionales” … pero del Jirón Azángaro. O sea, son “profesionales” truchos.
Y lo mismo sucede con los certificados de trabajo falsos. Muchos funcionarios estatales no tienen la experiencia que dicen tener. No han trabajado donde dicen haber trabajado. Repito… son “profesionales” falsos.
En Ica detectamos varios de esos casos, y los cesamos de sus funciones… a todos. Léase, los botamos del trabajo ¡con todas las de la ley! ¡Fuera… por corruptos!
¿Por qué los funcionarios responsables de las áreas de Recursos Humanos de las diversas instituciones del Estado no validan la veracidad de los títulos académicos y / o certificados de trabajo de sus funcionarios? No se oye padre. Ergo, son parte de la pandilla.
Por otro lado, en el Estado tenemos muchos casos de sustentación de gastos de viáticos con facturas falsas. O sea, los típicos “come pollo”. José Anaya es el nombre del Congresista de UPP que allá por el año 2011, fue condenado a 5 años de prisión… por sustentar gastos de viáticos – concretamente, por “comer” pollos a la brasa – con facturas falsas. De allí el mote de “come pollo”. El problema es que el Estado, así como está atiborrado de “profesionales” truchos, está también atiborrado de “come pollos”.
En Ica, el máximo dirigente del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional – entre otros – fue cesado por sustentar gastos de viáticos con facturas falsas. Es decir ¡destituido… por “come pollo”!
¿Por qué los funcionarios responsables de las áreas de Contabilidad y Tesorería de las diversas instituciones del Estado no validan las facturas de hoteles y restaurantes que sustentan los gastos de viáticos de sus funcionarios? No se oye padre. Ergo, son también parte de la pandilla.
El ampay de la corrupción en salud pública es también muy fácil de detectar:
(1) Colas de amanecida frente a los hospitales estatales. Y
(2) Presencia de farmacias, laboratorios y consultorios médicos cercanos.
Las colas de amanecida denotan falta de atención. En Ica, la falta de atención se debía a que varios médicos corruptos, abandonaban los hospitales – mejor dicho, a los pacientes – en horario de trabajo. ¿Qué hicimos al respecto? Los destituimos de sus cargos. ¡Fuera… por corruptos y por indolentes! La crueldad en el sector salud es atroz.
La presencia de farmacias, laboratorios y consultorios médicos frente a los hospitales del Estado denota robo de medicamentos y equipos. A ese respecto, los archi conocidos laboratorios del Dr. Luis Quito – entre otros – son un descaro total. ¡Están por todo el país, pero – eso sí – a tiro de piedra de los hospitales del Estado!
¿Por qué Contraloría, o Defensoría del Pueblo, o el Ministerio Público, o el propio Ministerio de Salud, o la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) no hacen nada al respecto? No se oye padre. Ergo, son parte de la pandilla de la salud pública.
Pero hay más. A los corruptos también se les puede ampayar por las contrataciones de personal en sus respectivas instituciones. Por ejemplo, si el familiar de un juez o fiscal – o periodista mermelero – trabaja en una institución del Estado… ¡ojo al piojo! No es que – sí o sí – se trate de un caso de corrupción. Pero si tal familiar ingresó a trabajar en la institución a poco de asumir el cargo la máxima autoridad de dicha institución, ¡talán talán… suena la campana! ¡Corrupción a la vista!
En Ica, el Gobernador Regional que me sucedió – Javier Gallegos – contrató a cerca de un centenar de periodistas mermeleros y a varios familiares de jueces y fiscales. ¿Alguna objeción al respecto de parte de la contraloría? No se oye padre.
Otra más. ¿En qué universidades enseñan – o enseñaron – los jueces y fiscales? ¿En qué universidades estudian – o estudiaron – los jueces y fiscales y / o sus familiares… con becas de estudio de por medio? Si la respuesta a cualquiera de dichas interrogantes es la Vallejo, la San Juan Bautista, la Alas Peruanas, la Telesup, la Garcilaso de la Vega, u otras por el estilo. ¡talán, talán, talán, talán, talán… ¡ahí hay gato encerrado!
¿Por qué el Poder Judicial y el Ministerio Público se prestaron para suscribir “Convenios de Cooperación Interinstitucional” con universidades de pésima calidad educativa, de propiedad de políticos recontra cuestionados? No se oye padre. Ergo, el Poder Judicial y el Ministerio Público son parte de la pandilla de los políticos “universitarios”. Y lo mismo se aplica en los casos de ciertas ONG´s… tipo el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Gustavo Gorriti.
El hecho es que – hoy por hoy – el Ministerio Público, y el Poder Judicial, y la Procuraduría General del Estado son como la carabina de Ambrosio. Es decir, no sirven para nada. O peor aún, sirven para liberar a delincuentes y / o para condenar a inocentes. ¿Y los Cuellos Blancos del Puerto, y la fiscal pelapapas de la hija de Chivolín, y los jueces y fiscales coimeros?
La rencorosa y abusiva prisión de Keiko Fujimori (por más antipatía que pudiera tener), los maliciosos procesos contra los empresarios José Chlimper y Ricardo Briceño, más ¡cuántos otros casos similares! constituyen la prueba más flagrante del fracaso estrepitoso de la “justicia” en nuestro país. Por ello ¡borrón y cuenta nueva con el sistema de justicia… no queda otra!
Y paro de contar. El hecho es que así estamos. Atiborrados de evidencias de corrupción estatal, pero cero voluntad para combatirla. Y cero decisión – o acción – para enfrentar a los corruptos.
Conclusión: desde la cabeza – hasta los pies – el Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) está dominado por la corrupción. ¡Patético! Lampadia
