Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de junio de 2026
Para Lampadia
Todo el mundo sabe que el Estado es un pésimo comprador. Los procesos de compras y contrataciones estatales están plagados de vicios, sobrevaluaciones, sobornos… y todo lo demás. Todas las instituciones – nacionales e internacionales – que han analizado el tema, llegaron a la misma conclusión. Las políticas, los procedimientos, la proliferación de organismos públicos, los funcionarios involucrados en dichos procesos… todo está mal.
Aparte de estar mal estructurado, el sistema es ineficiente, obsoleto, engorroso, y – consecuentemente – plagado de corrupción. Varios puntos del Producto Bruto Interno (PBI) del país están en cuentas personales de esas pandillas de facinerosos que nos roban – de manera descarada y sistemática – a todos los peruanos.
Pues bien, a pesar de todo lo dicho, el Gobierno (débil) del Presidente Balcázar – frente a las protestas de los agricultores arroceros del país – ha dispuesto la compra de arroz, por hasta US$ 50 millones.
Aparte de las interrogantes:
¿A qué agricultores le comprarán el arroz?
¿A cuánto el kilo? Y
¿Qué hará el Gobierno con el arroz comprado?
Queda claro que, de agricultura, el Gobierno no tiene ni la menor idea.
Veamos.
Nuestro país produce arroz por cerca de 3´700,000 toneladas anualmente.
Importa algo menos de 150,000 toneladas al año.
Ergo, el problema no son las importaciones, las cuales no llegan ni al 5% de la producción nacional de arroz.
Tampoco, el contrabando… como dijo el Presidente Balcázar, sin saber nada del tema.
En cifras redondas, el precio del arroz en chacra es de S/. 1.00 el kilo (digamos US$ 0.30/kilo).
Ergo, los US$ 50 millones que el Gobierno destinará para comprar arroz, alcanzarán para unas 170,000 toneladas.
Repito: los arroceros peruanos producen anualmente cerca de 3´700,000 toneladas. ¿Qué efecto en el precio tendrá que el Estado compre menos del 5% de la producción? Ciertamente, mínimo.
Por otro lado – y siguiendo con la incapacidad compradora del Estado – la proliferación de “Unidades Ejecutoras” ha generado una gran dispersión de precios por el mismo bien o servicio. Algunas veces incluso comprados al mismo proveedor.
En un estudio que hizo el Banco Mundial al respecto, se descubrió que los precios de cemento comprado por diferentes organismos gubernamentales variaban en 350%.
O sea, el cemento que unos compraban – por decir – a 100, otros lo compraban a 350. ¡Tremendos choros!
Peor aún. Los precios de vehículos – categoría sedán, 4 puertas – variaban en 600%. O sea, un vehículo que costaba – digamos – US$ 15,000, unos sinvergüenzas lo compraban a US$ 90,000. Incluso, ¡tres cuartas partes de los procesos de compras y contrataciones del Estado tenían un solo licitador!
¡No hay derecho! El Estado tiene alrededor de tres mil entidades compradoras. ¡3,000! Salvo poquísimas y honrosísimas excepciones, cada una es más corrupta e ineficiente que la otra.
La pregunta es:
¿Por qué no se digitalizan los procesos de compras y contrataciones del Estado?
¿Por qué no se estandarizan las compras más recurrentes: vehículos, combustible, cemento, alimentos, útiles escolares, medicamentos, entre otros?
¿Por qué no se le encarga a Perú Compras la función de compras de TODAS las instituciones del Estado?
Si Perú Compras existe y conoce del tema ¿por qué no se toma al toro por las astas? y solucionado el problema.
Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. El Estado Peruano – Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial – NO está interesado en combatir la corrupción.
Peor aún, el Estado Peruano – nuestro Estado – es parte de la corrupción. Todo el floro anticorrupción es eso… puro floro. No hay la más mínima voluntad política para combatir la corrupción.
A ese respecto, la reciente disposición que propicia la compra de arroz por parte del Estado – aparte de no solucionar nada – sólo acabará en coimas, clientelismos, despilfarros, y demás.
Lampadia
