Alejandro Deustua
Contexto.org
11 de agosto de 2026
Para Lampadia
La combativa disposición del presidente Abelardo de la Espriella para restaurar el orden y la autoridad en su país ha variado de escenario. Bajo condiciones de “desastre nacional” luego del terremoto del 10 de agosto ahora deberá priorizar los esfuerzos de búsqueda y rescate de víctimas, evaluación de daños y provisión de auxilio. A esa tarea seguirá la de rehabilitación de servicios básicos primero y de infraestructura complementada después por el esfuerzo de reconstrucción.
Ello puede ser un catalizador de la cohesión nacional requerida para las tareas anunciadas el 7 de agosto sobre consolidación soberana, recuperación institucional y lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Sin embargo, la perversidad que marca la conducta del narcoterrorismo en Colombia puede obstaculizar el empeño.
Ese anuncio no pudo ser más dramático (e histriónico). Desde que, en 2007, la constitución boliviana fue aprobada en un cuartel por razones de seguridad, los países de la subregión andina no habían albergado un cambio de orden o mandato en una sede militar. Ahora ha ocurrido en la sede del cantón militar Pichincha (Cali).
Si ahora esa fuerza deberá ser reorientada a la rehabilitación y reconstrucción física del país, el cambio momentáneo de objetivos no reduce la dimensión del propósito restaurador original ni su plataforma militar. Salvo por Bolivia, esta última disposición se presenta hoy, con diferentes matices e intensidades, en el conjunto de los países andinos involucrados en tareas de restauración soberana.
Si en Colombia ello implica superar la etapa de la “resignación”, el indispensable concurso de la fuerza armada en la recuperación de la autoridad y del control territorial conlleva, por su escala, el riesgo de una mayor erosión democrática.
Al respecto, el presidente de la Espriella ha descartado las opciones de diálogo de la fracasada política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y cuestionado las jurisdicciones especiales y los esfuerzos negociadores con la narcoguerrilla intentados desde 1984 incluyendo los más ambiciosos del presidente Santos.
Ese descarte no implica la cancelación del diálogo con la oposición. Pero ésta parece haberse autoexcluido al anunciar “concentraciones pacíficas” de desobediencia civil. De la Espriella ha calificado esa disposición como desestabilizadora de la democracia que no permitirá. Lamentablemente esa decisión parece ir acompañada tanto de la presunción de que un triunfo electoral por menos de 1% otorga legitimidad suficiente como de la indisposición de Petro de reconocer al gobierno.
El escalamiento del conflicto político agrega aspereza a la decisión de recurrir a la fuerza para establecer el orden amenazado por el narcoterrorismo remanente (el ELN, disidencias de las FARC -Estado Mayor Central-) y por organizaciones de “autodefensa” (el poderoso Clan del Golfo, ente otros). Éstos operan en las fronteras vecinales (o se proyectan sobre ellas) y en el escenario caribeño.
Su confrontación no sólo requiere de algún consenso interno sino la conciencia de que esa acción tendrá implicancias trasnacionales trasladando la violencia a los territorios vecinales dedicados al cultivo ilegal de coca.
Sobre este serio problema el presidente colombiano se ha limitado a anunciar el inminente ingreso de su país al Escudo de las Américas integrado por 13 países del área (al que también se incorporará el Perú). Al respecto de la Espriella no ha realizado ninguna evaluación pública a pesar de que el Departamento de Estado ha anunciado el incremento de la cooperación de seguridad con Colombia en US$ 1 mil millones además de un programa de promoción de inversiones, de asistencia para confrontar El Niño y de cooperación económica para una “nueva era” en esa relación bilateral.
Si nada similar se ha ofrecido al Perú, esa cooperación puede implicar también que el centro de control de las operaciones del Escudo de las Américas se situará en Colombia como se ha sugerido. Además de la prioridad de la relación colombo-norteamericana, esa decisión está vinculada a la disposición del nuevo presidente a erradicar los cultivos ilegales de coca cuyos sembríos de más de 250 mil has en 2025 (ONU) duplican con creces los localizados en el Perú.
Por razones de gestión y de seguridad, esta situación debería conducir al incremento de la cooperación de seguridad entre Colombia y el Perú.
Ésta debiera cimentarse además en el incremento del intercambio comercial peruano-colombiano que, siendo el mayor en el grupo andino, debería reflejarse en una mayor participación de ambos países en el total del comercio (Colombia absorbe apenas el 1.6% de las exportaciones peruanas y el Perú demanda sólo el 4.1% de las colocaciones colombianas -ADEX-).
Para ello se requiere la revitalización de la economía colombiana que registra una inflación de 7% y un déficit fiscal posiblemente superior al -5-3% reportado por el Ministerio de Hacienda.
Lamentablemente la tarea de rehabilitación impuesta por el terremoto inhibirá, de momento, la consolidación económica en Colombia.
Lampadia
