Vidal Pino Zambrano
Desde Cusco
Para Lampadia
En el Perú, el debate sobre la inversión pública suele quedarse en la superficie. Discutimos si el presupuesto es suficiente, si los impuestos son altos o bajos, si el problema es recaudar más o en su defecto, gastar más. Pero rara vez abordamos la pregunta esencial: ¿para qué está diseñado el gasto público y a quién sirve realmente?
El Estado peruano no es pequeño ni irrelevante.
En los últimos años, el gasto público ha representado alrededor del 22 % del PBI y los presupuestos se ejecutan en promedio por encima del 90 %[1].
Se trata de un aparato con recursos, capacidad normativa y presencia territorial.
Sin embargo, los resultados sociales no guardan proporción con ese esfuerzo fiscal.
A pesar de destinar cerca del 4 % del PBI a educación y una cifra similar a salud, el país mantiene bajos niveles de aprendizaje, hospitales saturados y profundas brechas en el acceso a servicios básicos y casi tres de cada diez peruanos siguen en situación de pobreza.
El Estado gasta, pero transforma poco.
Este problema ya ha sido identificado, por lo que, desde hace más de una década, el Perú introdujo el enfoque de Presupuesto por Resultados, precisamente para vincular el gasto público con metas, productos e impactos verificables. En términos técnicos, esto supuso avances relevantes y reflejó una preocupación real por mejorar la calidad del gasto y orientar las políticas públicas hacia resultados concretos para la ciudadanía.
No obstante, este enfoque, no logró consolidarse como un eje vertebrador de la política del Estado. La profunda inestabilidad institucional de los últimos años —gobiernos de corta duración, alta rotación ministerial y un congreso más volcado a la confrontación que a la reforma— terminó vaciando de contenido un enfoque que requería liderazgo y continuidad. Hoy no existe prácticamente ningún ministerio, ni el ejecutivo en su conjunto, menos el legislativo, que haya asumido el Presupuesto por Resultados como una prioridad política efectiva.
Lo más preocupante es que esta omisión se reproduce en la actual campaña electoral.
A pocas semanas de los comicios, el debate sobre cómo vincular el presupuesto con resultados es escaso o inexistente, cuando debería ser el centro de cualquier propuesta seria de gobierno.
En lugar de discutir cómo mejorar el desempeño del Estado, los candidatos repiten fórmulas conocidas: más gasto, más bonos, más programas y más promesas.
El enfoque sigue siendo populista: se anuncian beneficios, pero no se explica cómo se hará para que el Estado funcione mejor y entregue resultados.
En la práctica, el accionar estatal sigue orientado a proteger su propia estructura antes que a asegurar impactos concretos en la vida de la población. El problema no radica únicamente en malas gestiones o en la falta de buenas intenciones de autoridades y funcionarios; tiene una raíz estructural. El sistema premia la ejecución presupuestal y la continuidad administrativa, no el impacto social.
Un programa que fracasa rara vez se cierra; por el contrario, suele ampliarse. Un ministerio no pierde recursos por no cumplir objetivos; con frecuencia, los solicita con mayor urgencia.
Así, el éxito del Estado se mide por cuánto se gastó y no por cuánto mejoró la vida de las personas. Las evaluaciones sobre si los estudiantes aprenden más, si los hospitales atienden con mayor calidad o si la inseguridad disminuye continúan siendo secundarias. El énfasis permanece en administrar presupuestos y preservar estructuras, antes que en transformar realidades.
Este patrón refleja una lógica de autoprotección institucional. El Estado, en lugar de organizarse para maximizar resultados, tiende a organizarse para asegurar su propia continuidad. Las políticas públicas se evalúan por sus intenciones y por la magnitud de los recursos asignados, no por sus impactos y consecuencias. Sin embargo, el gasto solo se justifica cuando se traduce en bienestar tangible. Cada sol que se diluye en capas administrativas es un sol que no llega a una posta médica, a un aula o a una comisaría.
Por eso resulta especialmente grave que, en pleno proceso electoral, no se esté discutiendo cómo revitalizar el enfoque de resultados ni cómo alinear incentivos para que el Estado rinda cuentas por lo que logra y no solo por lo que ejecuta. El debate no debería centrarse en quién promete más, sino en quién propone mecanismos concretos para corregir fallas, cerrar programas ineficaces y reasignar recursos hacia intervenciones que demuestren impacto.
Un Estado puede sobrevivir indefinidamente administrando presupuestos y estructuras.
Pero solo un Estado que se somete a la evaluación constante, que corrige cuando falla y que coloca el impacto social por encima de su comodidad institucional puede estar verdaderamente al servicio de la población.
El desafío no es gastar más, sino gobernar mejor.
Y eso empieza por decidir que el presupuesto no es un fin en sí mismo, sino un medio para estar al servicio de la población.
Lampadia
[1] El presupuesto total del sector público del Perú para el año fiscal 2026 es de S/ 257 562 millones (supera los 70 mil millones de dólares). Esta cifra representa un crecimiento del 2,3 % respecto al año anterior.
