Jaime de Althaus
Para Lampadia
La hipótesis más verosímil acerca de los autores del atentado contra Rafael Belaunde, que felizmente no tuvo consecuencias fatales, es que se trate de sicarios vinculados al tráfico de terrenos. Belaunde tenía allí un negocio inmobiliario formal, que obviamente competía con los urbanizadores -invasores- informales.
El atentado debería servir para terminar de tomar conciencia acerca de necesidad de definir y aplicar una política nacional que desincentive la expansión informal de las ciudades y fomente la urbanización formal.
El problema es que, como bien han explicado Ricardo Fort y Álvaro Espinoza[1] de Grade, hay aquí un círculo vicioso: las inversiones que el Estado hace para ponerle agua potable, luz e infraestructura vial a las urbanizaciones informales producto de invasiones alientan a los traficantes de terrenos a organizar más invasiones para desarrollar urbanizaciones informales porque saben que el Estado les pondrá agua, luz y pistas, y hasta les dará títulos de propiedad legalizando así la usurpación de tierras y reforzando el modelo informal-ilegal de crecimiento urbano.
Es el Estado, entonces, el principal promotor de la expansión informal-ilegal de las ciudades. El problema de esto no es solo la alta inseguridad de una autoconstrucción sin estándares de seguridad antisísmica, y el costo 50% más alto para el Estado -para todos los peruanos- de instalar infraestructura y servicios en terrenos que ya están ocupados, sino la estafa que significa para las propias familias que adquieren un terreno en esas urbanizaciones: se demoran en promedio 18 años en terminar de construir, viven por los menos 8 años en estado precario, sin agua y con los problemas de salud consiguientes, y al final terminan pagando más que si hubiesen tomando un crédito formal para comprar una casa en una urbanización formal popular, como lo demuestra un estudio de Grade y ADI Perú.[2]
En otras palabras, si el crecimiento urbano del país se desarrollara de manera formal, por medio de urbanizadoras formales y con crédito formal, las familias pagarían menos y podrían habitar desde el día uno en una vivienda terminada, sin tener que pasar por la penuria de 18 años de autoconstrucción y largos años sin servicios y con problemas de salud. Sería una revolución social.
Entonces se necesita una decisión firme del Estado -y una conciencia de los partidos políticos- para diseñar y aplicar un plan que vaya paulatinamente reorientando los recursos hacia proyectos de expansión urbana formal, dejando de invertir en urbanizaciones informales. Por lo demás, hay acá un mercado enorme para el sector financiero privado: según ese estudio, el valor del mercado de autoconstrucción (que representa el 71% de la construcción de viviendas) es del orden de los US$ 10,000 millones al año, más del 4% del PBI nacional, y la capacidad real de pago promedio de las familias que autoconstruyen es de S/. 1,550 mensuales. Entonces pasar a un modelo formal de expansión urbana es perfectamente posible y mejor para todos.
Deberíamos buscar un acuerdo nacional para eso.
Lampadia
[1] https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/arranca-el-circulo-vicioso-por-ricardo-fort-y-alvaro-espinoza-informalidad-bonos-de-vivienda-arranca-peru-noticia/
Hacia una nueva política de vivienda en el Perú: problemas y posibilidades | GRADE
[2] Cuantificación y Caracterización de la Autoconstrucción en el Perú, PPT
