Alianza con la población contra las extorsiones
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las noticias de pobladores, comerciantes, mototaxistas que se organizan para expulsar a extorsionadores venezolanos o lanzarles ultimátum (siempre y cuando no se trate de cobradores de cupos peruanos desplazados por los extranjeros), plantea la posibilidad de una estrategia de lucha contra esas bandas criminales basada en una estrecha coordinación de la Policía con esas organizaciones de pobladores, comerciantes o mototaxistas.
Recordemos que una de las claves decisivas de la derrota de Sendero Luminoso en los 90 estuvo en la alianza entre el Estado y las rondas campesinas o comités de autodefensa, que logró que los propios campesinos empezaran a señalar a los senderistas infiltrados, los enfrentaran y los expulsaran. Pero aquí fue clave el liderazgo presidencial.
El entonces presidente Fujimori recorría las comunidades y les llevada armas y apoyo cívico para el desarrollo. Empezaron a sentirse protegidas, ya no amenazadas por las propias fuerzas del orden.
Algo así necesitaríamos hacer ahora. Pero lo que está faltando es precisamente liderazgo político para comprometer y galvanizar a la población ayudándola a perder el miedo y a consolidar sus organizaciones.
Más necesario aun considerando que ahora el fenómeno es, en cierto sentido, más resiliente y menos visible, pero muy difundido. Según el ex dirigente Juan Infante, “el problema central está en los alrededores de La Parada, San Cosme y el Porvenir, donde hay disputas por el control del territorio. Pero en todo el distrito de La Victoria hay anomia, descontrol, mucha delincuencia. Funcionarios del municipio tienen amenazas. A lo que se suma el contrabando chino que entra por Puno y Tumbes, y que se está confeccionando más en provincias”.
La dirigente de Gamarra Susana Saldaña nos refiere que “los extorsionadores cobran a los ambulantes, a los colectiveros informales, e incluso a los camiones que llevan carga.
Algunos empresarios de Gamarra pagan cupo. A las galerías o tiendas formales con puerta a la calle, les cobran por no poner ambulantes en su entrada; si no pagan les ponen ambulantes y les cierran las entradas. O sea, ellos recaudan de cada metro de la vereda y de la pista sí o sí”.
La presidenta Boluarte o el Premier Otárola cuentan para ello con una base de apoyo en el terreno que son los alcaldes, que en teoría deberían haber activado los Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana, donde participan los comisarios, los dirigentes de las organizaciones vecinales y de comerciantes, y otras instituciones del distrito. Deberían impulsar esos Comités asistiendo a sus reuniones. Se trata de generar una movilización social eficaz acompañada de inteligencia profunda.
Pero nada de eso está ocurriendo. La presidenta está ausente y no tenemos un ministro del Interior con liderazgo social capaz de establecer relación con las organizaciones de vecinos, de comerciantes, etc. Susana Saldaña nos confirma que no hay coordinación con las organizaciones de empresarios, comerciantes y vecinos. “Los comisarios y el jefe de la DFTER se reúnen con algunas personas que les dicen lo que quieren oír, pero si exiges algo o reclamas, ya no existes. Están preocupados por su imagen, no por resolver los problemas. Cuando vienen el ministro o el viceministro, vienen a la zona que está bonita, pero no a Aviación ni al damero C, completamente invadido por el comercio informal.
La PNP tiene experiencia en formar y trabajar con juntas vecinales. Debe profundizar, perfeccionar y tecnificar ese trabajo. Las Juntas y organizaciones de comerciantes y mototaxistas pueden ser un sistema de inteligencia social, que debe alimentar a una inteligencia operativa de la PNP reforzada. Pero se requiere liderazgo.
Desarticular bandas como los Gallegos, cuyas cabezas se multiplican como la hidra, trabajando con la población, tampoco puede hacerse sin fortalecer de manera significativa la investigación e inteligencia operativa de la PNP. Pero, en lugar de reforzar unidades existentes, el ministro anuncia la creación de nuevas como el Grupo contra el Crimen Organizado (Greco), desmembrando la Dirincri y otras unidades. “Descuartizan y duplican unidades, crean nuevas con gente que jalan de otras. Pura peliculina que entorpece y desordena”, señala a Lampadia Fernando Rospigliosi. “Sin presupuesto esos grupos no tienen sentido. Lo único que se hace es seguir atomizando y debilitando las Direcciones de Inteligencia que ya existen”, añade el especialista en inteligencia Alberto Pinto.
Definitivamente necesitamos un manejo mucho más serio, fino e intenso para enfrentar con éxito un problema que se está volviendo incontrolable y que puede arrastrar al Perú al caos social profundo.
La presidenta tiene que asumir su rol de liderazgo o, en su defecto, debe designar a un ministro del Interior capaz de liderar una estrategia eficaz. Lampadia
