Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hoy es el paro de los transportistas. Lo que ha pasado acá es algo que advertimos: por viajar dos veces por semana a provincias, el presidente Jerí perdió foco en la lucha contra las extorsiones, que son un cáncer. Dejó de liderar, y cuando el presidente no lidera, las cosas no se hacen, aunque uno se pregunta también para qué están los ministros.
Los transportistas se quejan de que la articulación entre policía, fiscales y jueces sigue fallando, se sigue soltando a extorsionadores, y no se ha reglamentado la ley que creó el Grupo Interinstitucional contra las Extorsiones y el Sicariato (GIES), aprobada ya hace tres meses y nada. El propio Jerí admitió que habían fallado al no reglamentarla.
Parece que hay problemas de recursos y de autonomía de los poderes con esa ley, pero si la lucha contra la criminalidad es absolutamente prioritaria, los recursos se extraen de otros sectores y los problemas de autonomías se conversan y resuelven precisamente con liderazgo.
En lugar de eso, el Ejecutivo apostó por pedir facultades delegadas para crear un subsistema judicial especializado con jueces y fiscales a dedicación exclusiva, pero eso tampoco ha salido.
Según la directora general de la Dirección contra el Crimen Organizado (DICO) del Ministerio del Interior, doctora Silvia de la Cruz, la policía especializada trabaja ahora muy bien con las fiscalías especializadas en crimen organizado dirigidas por el Fiscal Jorge Chávez Cotrina, pero donde hay problemas es en la relación con las fiscalías comunes o corporativas. En esa línea, lo que ayudaría a no liberar a los denunciados es una norma que saldrá por decreto legislativo estableciendo que el delito de extorsión se consuma no solo cuando se entrega la suma, como es ahora, sino que basta con la amenaza o la solicitud de dinero.
Una de las promesas de la nueva gestión era que se establecería una comunicación permanente entre la Policía y los gremios de actividades extorsionadas. Y esa comunicación se ha dado, pero al parecer no ha sido suficientemente intensa. Según de la Cruz se han llevado a cabo hasta 25 reuniones, incluidas unas de capacitación ya no solo a dirigentes, sino a choferes. Ahora hay un procedimiento de reserva de identidad del denunciante y hay más confianza para denunciar.
En ese contexto es que saldrá también por decreto legislativo la norma que penaliza al policía que revela una denuncia de extorsión. De eso se quejaban las víctimas: cuando iban a una dependencia policial a denunciar, el extorsionador se enteraba.
También se normará mediante decreto legislativo que es delito vender o comprar datos personales a través de páginas de internet, Telegram o en el mercado informático de Wilson u otro.
Héctor Vargas, presidente de un gremio de transportistas, admite que la policía los convoca para informarles y capacitarlos, pero el problema va más allá: se requiere mucha más inteligencia, lo que supone reformar la policía, y si bien eso es de mediano plazo, se ha pedido en lo inmediato que en las motos se cumpla la norma que solo vayan de a uno y, sobre todo, declarar en emergencia el sector, con la policía apoyada por el Ejercito y que haya control territorial con el serenazgo inclusive para pedir información a quienes circulan.
Esta tarea quedó claramente estipulada en los dos decretos supremos que establecieron el estado de emergencia en Lima, y comenzó a ejecutarse junto con las municipalidades distritales, pero, al parecer, se habría relajado, nuevamente por falta de seguimiento.
El gobierno sí ha avanzado, en cambio, en el control de los penales.
Y la Policía, por su parte, trabajando con la UIF, ha desarticulado a siete u ocho organizaciones criminales extorsionadoras grandes. Pero los remanentes se reproducen y los ladrones se vuelven extorsionadores.
Jerí tiene que volver a concentrarse en la conducción de esta lucha, asegurando que las cosas se hagan y evaluando permanentemente para introducir mejoras. Es lo único importante. Todo lo demás es secundario.
Lampadia
