Alejandro Deustua
16 de octubre de 2024
Para Lampadia
El Consejo Europeo integrado por los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea acaba de concluir la ratificación del acuerdo de libre comercio con Perú, Colombia y Ecuador. Al margen de que el acuerdo se viniera aplicando parcialmente desde el 2013, el hecho es que, con la ratificación, los miembros de la UE confirman que con los tres países andinos se puede contratar importantes derechos y obligaciones a pesar de que la estabilidad de estos últimos esté en situación crítica. Lo mismo puede decirse sobre Perú en el marco de la APEP cuya reunión cumbre se realizará en noviembre próximo.
Esta buena noticia llega cuando la legitimidad interna de nuestro gobierno es puesta en cuestión por su bajísima aceptación nacional y por la rampante inseguridad que cuestiona las funciones básicas del Estado. Algo similar ocurre en Ecuador, aunque allí se registra mayor apoyo al gobierno y mejor disposición a recuperar su autoridad mientras Colombia no logra apurar negociaciones con el ELN en el marco de la propuesta de “paz total” de un presidente cuya legitimidad es cuestionada por una eventual financiación ilícita de su campaña electoral.
A ese marco de crisis de gobernanza andina no escapa la viabilidad del gobierno boliviano que confronta una crisis económica desastrosa generada por un gobierno de correligionarios confrontados y una oposición que no acaba de definir su identidad. Su mención cabe a propósito del TLC con la UE porque el gobierno de ese país no negocia acuerdos de libre comercio sino de “pueblos” prefiriendo el trueque en disonancia plena con la inserción andina.
De ese disenso es responsable Evo Morales, líder cocalero, promotor principal de una constitución “plurinacional” (que, desconociendo la historia de su país, se adoptó en un cuartel), coautor del ALBA (el bloque chavista) y articulador, con el actual presidente Arce, del modelo económico que hoy derrumba a Bolivia.
Con esos pergaminos Morales pretende regresar al poder recurriendo a marchas, bloqueos carreteros y sustrayéndose a juicios por estupro. Ello luego de violentar un referéndum que le negaba un nuevo gobierno y que, al ejercerlo fraudulentamente, debió renunciar.
A pesar de ello la oposición no ha sido capaz de articular hasta hoy una plataforma común ni un “relato” que mejore la comunicación con un pueblo que parece desconocer la realidad de su mayoritario mestizaje.
A la fuerte inestabilidad política Bolivia agrega hoy una gravísima crisis económica ya despojada de secretos: la interacción destructiva de un fuerte déficit fiscal (-7.3%), pérdida sustancial de reservas (cayendo de alrededor de US$ 14 mil en millones en 2014 a US$ 1900 millones hoy) y un tipo de cambio fijo insostenible que promueve un mercado monetario paralelo y una gran pérdida de poder adquisitivo.
La razón principal de la debacle es la pérdida de ingresos de divisas por la caída del precio de los hidrocarburos que, en época de boom, incrementó extraordinariamente la exportación de gas en el marco de una nacionalización previa del recurso que inhibió la inversión en exploración. El “gran modelo” boliviano consistente en exportar materia prima y redistribuir ingresos mediante subsidios e inversión pública sin acompañamiento de la privada no previó un ciclo contractivo (2014). Ello ha agravado la inestabilidad interna y en las fronteras (vigiladas por drones iraníes) mientras el MAS persiste en la corrosión institucional y en la generación de corrupción (al respecto, Bolivia es el peor caso entre los andinos según Transparencia Internacional) mientras su calificación de riesgo cae a mínimos exuberantes.
La crisis de seguridad y energética de Ecuador no tiene esa abrumadora dimensión. En efecto, aunque la presidencia de Daniel Noboa es producto de una crisis política sui generis (la “muerte cruzada”: disolución parlamentaria y renuncia del expresidente Lasso sometido a juicio político por presunta corrupción), gobernará sólo hasta cumplir el período del expresidente en febrero de 2025. Sin embargo, sus pretensiones electorales están comprometidas por la insuficiencia energética generada por sequías extraordinarias que obstaculizan la producción y el bienestar colectivo y por una crisis de criminalidad heredada a la que se confronta con lentos avances.
La escasísima oferta de energía hidroeléctrica no ha podido ser atenuada por la provisión colombiana (que padece el mismo problema) ni por el Perú. Los apagones masivos proyectados hasta diciembre ya se refleja en la baja proyección de crecimiento (0.9% para este año -Deloitte-) Ello pone en riesgo el triunfo de Noboa en febrero que sigue siendo favorito aunque por márgenes que se estrechan frente al correísmo y a un candidato “halcón” en asuntos de seguridad (AQ).
La confrontación de la crisis de seguridad ecuatoriana se realiza en el marco de la declaración de conflicto armado interno desde enero de este año. Aunque se ha logrado progresos en ciudades principales como Quito y Guayaquil reflejados en una reducción de 18 % de las muertes violentes, el crimen organizado ha avanzado en ciudades secundarias incrementándose las extorsiones y secuestros.
Ello no ha impedido que el FMI haya acordado un crédito por US$ 4 mil millones para reducir los riesgos de estabilidad económica futura sin desistirse del apoyo actual a los esfuerzos de estabilización económica ecuatoriana.
El combate contra del crimen organizado trasnacional requiere de un efectivo esfuerzo andino para asegurar viabilidad y aprovechar mejor las ventajas del libre comercio. Y convencer a Bolivia de que se incorpore al mundo a través de esa obligación comunitaria. Lampadia
