Alejandro Deustua
10 de diciembre de 2024
Contexto.org
Para Lampadia
La interacción entre cambios geopolíticos y geoeconómicos continúa acelerándose. Una evolución sustantiva actual de carácter bélico y otra institucional de interrelación de mercados es prueba de ello.
En Siria la dictadura de 24 años de Bashar al-Assad (heredera del régimen similar de 29 años de su padre, Hafez) ha sido derrumbada con extrema rapidez por una insurrección yihadista.
Y en Uruguay, el Mercosur y la Unión Europea culminaron la negociación ampliada de un acuerdo de libre comercio cuyos primeros intentos datan de casi un cuarto de siglo.
En Siria la falta de apoyo de aliados esenciales (Rusia, Irán y Hezbolá) y la presencia en ese territorio de numerosas y variadas fuerzas beligerantes han contribuido al resultado. De una lado, agrupaciones yihadistas y terroristas como el HTS (derivada de Al Nusra originalmente ligada a Al Qaeda y a ISIS de tendencia sunita apoyada por multifacético Ejército Nacional Sirio), entre otras, han liderado la insurrección final.
Y del otro, fuerzas kurdas, fuerzas rusas (que defienden su única una base naval en el Mediterráneo -Tartus- y la base aérea de Latakia) y fuerzas norteamericanas en otra base dentro de Siria, han tenido un rol posterior.
Hezbolá, críticamente debilitado por Israel, y Rusia, concentrada en Ucrania, no pudieron acudir en defensa de Assad.
Por lo demás, el anticipado apoyo turco a los insurrectos y contra de los kurdos fortaleció la ofensiva que empujó la huida del dictador a Rusia.
Al cabo, Israel ocupó posiciones sirias en el Golán para impedir la traslación del conflicto y fuerzas norteamericanas bombardearon depósitos de armas químicas.
Pero quizás la compleja acción de Estados Unidos e Israel con anterioridad a la guerra desatada por Hamás hayan sido determinantes en un resultado larvado desde las insurrecciones regionales de la Primavera Árabe (2010-2012). Ésta devino en una guerra civil siria cuya dinámica fue transformada por el salvajismo de ISIS (Alepo, en 2017, fue su punto zenital) generando el ambiente para la invasión turca de 2019 orientada a impedir un acuerdo entre los kurdos y Assad.
En este convulso escenario la precariedad del gobierno dictatorial fue equivalente a la perversión de su fuerza armada imposibilitando la defensa del gobierno. Ello generó un gran vacío de poder aprovechado por el yihadismo triunfante. En ese contexto, el faccionalismo de la fuerza vencedora hará muy difícil la formación de un gobierno eficaz. Sin embargo, eso es lo que esa fuerza dice proponerse “respetando” las inexistentes instituciones sirias.
Por tanto, ordenar la anarquía consecuente quizás no dependa de la insurgencia (que, a la luz de la experiencia del Hezbolá, tal vez no sea lo deseable). Esa tarea debiera corresponder más bien a una fuerza ordenadora que pudiera resultar del cese del fuego en el conflicto de Israel con fuerzas terroristas y sus patrocinadores, de la acción colectiva que pudiera impulsar Egipto y países del Golfo y de la iniciativa que puede llegar de Turquía, Europa y Estados Unidos (renuente con Trump).
La urgencia de esta disposición ordenadora se ha incrementado en el marco de la debilidad progresiva del vecino gobierno libanés y de experiencias mediadoras frustradas de países como Qatar y Egipto. Sin embargo, ellos e Israel tendrán interés de actuar si no desean que el vacío de poder consuma ahora a Irak, abarque luego al conjunto del Medio Oriente e instigue una guerra regional asimétrica de mayores proporciones.
De otro lado, en Montevideo una negociación entre representantes de la Comisión Europea y de los países miembros del Mercosur culminó con la actualización de un acuerdo de “asociación estratégica” que ya se había negociado en 2019 pero que fue reabierto en 2023. El conjunto del proceso ha durado casi 25 años desde que, en 2000, se iniciaran las negociaciones que incluyen un acuerdo de libre comercio.
La condición de las partes (bloque a bloque) da cuenta de su carácter institucional y el tiempo transcurrido muestra sus dificultades. Pero estas características no sugieren su actual motivación geoeconómica: consolidar alternativas frente al inminente incremento del proteccionismo norteamericano, minimizar el riesgo de concentración del comercio con China y aprovechar la convergencia puntual en la materia entre los presidentes de Brasil y Argentina (CSIS).
El acuerdo, que debe ser ahora traducido y presentado al Consejo Europeo (integrado por los países miembros de la UE), beneficiaría potencialmente a más de 780 millones de personas, incrementaría la competitividad y la seguridad económica de los socios reduciendo barreras y eliminando aranceles para 91%/92% de las exportaciones recíprocas (gradualmente en algunos casos), respetando normas ambientales, favoreciendo inversiones mutuas y asegurando cadenas de valor. El acuerdo fortalece a Occidente y al marco normativo del libre comercio hoy tan vulnerado.
Sin embargo el acuerdo confronta importante oposición de varios países europeos, de partidos “verdes”, de grandes sindicatos agrarios y de ONG protectoras del medio ambiente (Greenpeace, Amigos de la Tierra, etc.) en torno al sector agropecuario.
A pesar de que la Comisión debió contar con la autorización del Consejo de la UE para negociar con Mercosur, Francia y Polonia no consideran aceptable el acuerdo como está. A esa posición se han sumado Austria, Países Bajos, Bélgica e Italia. Estos países y gremios se oponen al ingreso al mercado europeo (vía cuotas) de alimentos producidos en el Mercosur (especialmente cárnicos) generadores de supuesta competencia desleal reflejada en precios y vulneración de normas ambientales, laborales y sanitarias. En general estos países desean “cláusulas espejo” (equivalentes a las europeas), salvaguardas y compensaciones.
Para estos países la dimensión geoeconómica del acuerdo no compensa su impacto político en un sector sensible de sus economías en momentos en que el activismo político en el sector agropecuario se ha incrementado notablemente. La sensibilidad de este sector ha sido atendida preferencialmente en Europa desde que, en 1962, la Política Agraria Común de las Comunidades Europeas se comprometiera a garantizar la subsistencia y prosperidad de la economía rural, el nivel de vida de los agricultores, la conservación de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.
La aprobación del acuerdo no requiere de la unanimidad de ninguna de las partes suscriptoras.
En la UE aquél sólo puede ser bloqueado por al menos cuatro países que representen el 35% o más de la población europea. Y si algún congreso nacional de los miembros del Mercosur tampoco lo aprueba, el acuerdo rige para los demás.
Para el Perú es deseable que la aprobación del acuerdo involucrase a la totalidad de los implicados. Disponiendo el país de una economía abierta y siendo miembro asociado del Mercosur e integrante de Occidente, nos interesa consolidar vínculos regionales con la Unión Europea (al margen de que ya se disponga de un acuerdo con ella) que ayude a compensar el predominio chino en la relación comercial. Lampadia
