Jaime de Althaus
Para Lampadia
La semana pasada la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos proyectos de ley que atentan gravemente contra la meritocracia en el magisterio. Es decir, contra la educación de los niños y jóvenes y contra el futuro del país.
En uno de ellos se dispone el nombramiento extraordinario de los docentes contratados en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicas y Pedagógicas públicas, es decir, un nombramiento automático, sin concurso público de méritos, contraviniendo no solo solo la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, sino la norma para el ingreso a cualquier institución en la administración pública, que requiere concurso público. Una de las consecuencias es que se excluye a miles de profesionales capacitados que podrían postular por una plaza vacante.
Esta fue la votación para ese dictamen:
Roberto Chiabra nos explica que votó a favor del dictamen porque hace muchos años que no se han abierto vacantes en los institutos. Pero si se abren plazas el acceso a ellas debe ser por concurso, no por nombramiento automático. Eso rompe el principio meritocrático que debería ser inviolable si queremos mejorar la educación y el país.
El otro proyecto de ley aprobado en la Comisión es el que establece que los profesores que se desempeñaron como directores o subdirectores en Instituciones Educativas y que fueron retirados por la Resolución de Secretaría General N° 2074-2014-MINEDU, pueden acogerse a un concurso excepcional para poder retornar a sus cargos.
Esto desvirtúa claramente la Carrera Pública Magisterial según la cual los profesores, para acceder a un cargo de director o subdirector, deben pasar por un concurso a nivel nacional en el que solo pueden participar profesores nombrados ubicados como mínimo en la tercera escala magisterial y con trayectoria y experiencia suficientes de modo que terminen ocupando los cargos quienes obtienen mejor puntaje en el concurso. No es posible que se establezca un concurso excepcional para profesores que ya fueron retirados y en el que, por añadidura, tampoco compitan con otros acaso mejor preparados.
Esta fue la votación para este dictamen:
La meritocracia es un principio que debería ser prácticamente sagrado. Violarlo es favorecer a personas eventualmente no calificadas en perjuicio de la calidad de los servicios públicos y del aprendizaje de los estudiantes en este caso. La meritocracia es la única garantía que los recursos del Estado, que son de todos los peruanos, se gastarán con un resultado positivo para la sociedad en su conjunto. No se puede hacer concesiones en este terreno. Esos proyectos no pueden ser aprobados. Lampadia
